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El concejal de Chinchiná por el Nuevo Liberalismo, Jonathan Marín; Julián García, concejal de Manizales por la Alianza Verde; Camilo Muñoz, concejal de Manizales por el Nuevo Liberalismo, y Luis Alberto Giraldo, diputado de Caldas por el Nuevo Liberalismo.
El concejal de Chinchiná por el Nuevo Liberalismo, Jonathan Marín (JM); Julián García (JG), concejal de Manizales por la Alianza Verde; Camilo Muñoz (CM), concejal de Manizales por el Nuevo Liberalismo y Luis Alberto Giraldo (LG), diputado de Caldas por el Nuevo Liberalismo, hablaron con LA PATRIA Radio sobre la eliminación de los peajes de Autopistas del Café. Esto dijeron:
¿Qué es lo que está pasando con Autopistas del Café e IP Conexión Centro? ¿Por qué fueron al Congreso a pedir la eliminación de los peajes?
JG: Antes de explicar, es bueno que la ciudadanía sepa que si hoy nosotros no damos el debate y esta concesión llegara a darse, no hay posibilidad de ningún cambio en los próximos 30 años. Entonces, por eso la discusión tiene que ser en este momento. Por eso nosotros nos hemos movilizado hasta Bogotá y a diferentes lugares.
Hay que concientizar mucho a todos los ciudadanos de Chinchiná, de Caldas, del Eje Cafetero.
JM: Es bueno dar como un contexto histórico de lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar.
Hace 27 años se firmó el contrato 113 de Autopistas del Café. Ahí se contemplaba unir a Manizales con Armenia a través de una autopista que se llamaría la Autopista del Café.
A partir de ese momento se instalaron unas casetas de peajes y en Chinchiná se dio la revuelta de 1998 donde incluso se cobraron vidas humanas porque no estábamos de acuerdo con que la vía vieja a Chinchiná y la vía nueva tuvieran peaje.
Después de esa revuelta se quitó el peaje de la vía vieja y quedó solo el de la nueva, pero quedamos con otra gran cantidad de peajes en Caldas que van hasta Quindío.
Ya vamos para 27 años de ese contrato 113, que se ha ido modificando. Lo que han hecho es desagregar algunas inversiones y agregar inversiones, pero a otros departamentos.
Entonces lo que venimos diciendo es que nos presentan una iniciativa privada que viene desde el 2020 más o menos, en un estudio de prefactibilidad y ya factibilidad, en donde nos dicen: “Ustedes terminan en el 2027 la Autopista del Café como concesión y con respecto a los peajes hay una iniciativa privada para 30 años más, no les vamos a subir los peajes, pero continuamos con los mismos y a cambio les vamos a hacer unas obras”.
Pero cuando miramos bien, resulta ser que gran parte de las obras no van a tener un impacto importante en Caldas, sino que la gran inversión que se va a realizar es para un trayecto que yo le he llamado el trayecto de la discordia:
Que es Calarcá - La Paila. Un trayecto muy importante para la vida nacional porque es el medio logístico de Buenaventura - Bogotá, pero nosotros los caldenses no podemos estar en estos momentos financiando a través del recaudo de nuestros peajes ese trayecto.
Entonces por eso alzamos la voz. No puede ser bueno que Caldas continúe con 30 años más de los mismos 4 o 5 peajes que nos están rodeando, que nos han impedido ese desarrollo competitivo y logístico tanto para la ciudad como para los municipios del Centrosur.
Eso de ninguna manera lo podemos aceptar. Por eso nos hemos ido agrupando con la sociedad civil, con gremios, con los consejos y llegamos hasta el Congreso.
Allí hablamos con quien tenemos que hablar, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que es en quien hoy se tiene la pelota en la cancha, porque la iniciativa privada hoy podrá tener toda su capacidad para instaurar una nueva propuesta, pero es la ANI la que tiene la posibilidad de decirles, acepto y les exijo, escuchen a la comunidad.
¿Hay respuesta de la ANI?¿Qué se viene entonces?
JG: Lo que dijo el presidente de la ANI en la sesión de la semana pasada fue que el lunes pasado presentaron unos cambios.
Nosotros le solicitamos que nos entregaran el documento para poder estudiarlo y tenerlo.
No sé qué le hicimos al Gobierno nacional, pero hay un irrespeto también con esta región, con este municipio. Todavía a nosotros no nos han entregado esa respuesta.
Lo que sí está claro es que hubo modificaciones. Nosotros esperamos que bajen para Caldas los tres peajes.
Entre Risaralda y Quindío, entre Quindío y el Valle hay un solo peaje. Lo que nosotros estamos diciendo es que entre Caldas y Risaralda solamente exista uno también.
Manizales y Chinchiná están secuestrados. Salir de Manizales y salir de Chinchiná termina costándole mucho a la ciudadanía que todos los días viaja.
Hay veredas en los dos municipios que están secuestradas porque para poder salir ya sea para Chinchiná o para Manizales a una cita médica o a estudiar tienen que pagar un peaje.
No estamos en contra de los peajes, pero sí del abuso de ellos.
Con la plata de los manizaleños, de los caldenses y de los quindianos no se deberían hacer obras del nivel nacional. Yo no entiendo por qué en un presupuesto como el que hoy existe en Colombia nosotros tenemos que pagar la vía Buenaventura - Bogotá.
Intentaron subirle el diesel a los transportadores, ahora imagínese poner un peaje más. ¡Ah!, pero como es que los caldenses no dicen nada, como en el 98 los caldenses se quedaban callados.
Esto es un mensaje no solamente para los manizaleños, para el Gobierno nacional, sino también para los del municipio de Chinchiná.
Hoy no nos aguantamos que vengan con injusticias. Esto es una lucha entre todos y nosotros vamos a salir a respaldar a Chinchiná.
Pero no solamente porque sea Chinchiná, sino porque a nosotros nos conviene. Es decir, el tema de la competitividad, de la productividad en términos municipales, hoy lo vemos diezmado porque no están las condiciones necesarias para que eso se genere.
Ojalá nos escuchen, si no nos escuchan usaremos otras vías. Hoy estamos usando las vías de derecho con todo el respeto, pero si no, pues también saldremos a marchar a decir los inconvenientes que hay, si la ANI no nos escucha.
¿Qué han hablado con representantes del Quindío donde es precisamente la obra de Calarcá - La Paila? Ellos han sacado comunicados defendiendo esa obra que beneficia a su corredor, mientras que a Risaralda y Caldas no les agrada financiar esa obra, ¿cómo podrían generar un bloque unidos con Quindío y también respetar esa obra que para los quindianos es importante?
JM: Nosotros vemos que lo que es Conexión Centro está resultando en desconectar al Eje Cafetero. No en vano nosotros vimos como un representante del Quindío sale de la comisión de representantes porque no está de acuerdo con que desde Caldas y Risaralda pidamos equidad y justicia para los peajes.
Me sigo sosteniendo y creo que es el mensaje de todos desde Caldas y es que tiene que haber equidad y justicia en la redistribución de las casetas para que el recaudo y la inversión que vamos a tener sea proporcional.
Y no puedo estar de acuerdo con el representante de la Cámara del Quindío cuando dice que nosotros los estamos excluyendo.
Calarcá - La Paila es un trayecto fundamental. Pero nosotros: Chinchiná y Manizales, si tuviéramos que ir, a Buenaventura nos vamos por Cartago, no vamos hasta Armenia y nos devolvemos por Calarcá - La Paila.
Entonces por qué tenemos que entrar a financiar esa obra.
Ellos deberían, para ese trayecto, solicitar a la Nación invertir recursos.
¿Qué va a pasar entonces?
LG: Quiero dejar claro que a mí me parece que lo que está pasando es una discusión oportuna, pertinente. Estamos justo en el momento en que se está debatiendo a nivel institucional en la ANI la propuesta.
Como ingeniero, como exsecretario de Infraestructura y desde lo profesional, defiendo el modelo de las concesiones.
Pero debemos mejorar en la transparencia, en cómo se estructuran financieramente estos proyectos, porque muchos de los recursos económicos que se ejecutan a través de una concesión no se sabe a dónde van a parar. Y ese es uno de los reclamos que estamos haciendo.
También defiendo que las regiones podamos hacer este tipo de conversaciones porque hay inequidades.
Entre Manizales y Pereira tenemos el 48%, casi la mitad, del recaudo del todo el corredor. Es decir, unos $250 mil millones al año. Y la propuestas plantea invertir la mayoría de ese recaudo, en los próximos 30 años, en el corredor Calarcá- La Paila.
No queremos discutir con los amigos del Quindío ni con los amigos de Risaralda, queremos es unirnos para que hagamos equidad territorial.
¿Qué es equidad territorial? Repartamos el mismo número de peajes. Si entre Armenia y La Paila hay un peaje; si entre Pereira y Armenia hay un peaje; entre Pereira y Caldas debería haber un peaje.
O la reducción por lo menos de cinco peajes a máximo dos, y quitar los peajes que le están quitando competitividad a la Área Metropolitana.
También, los recursos que se recaudan en cada región se tienen que invertir en cada región. No es justo que se recaude aquí en la parte alta del Eje Cafetero y se ejecute solo en el sur.
Si no hay respuesta de la ANI, ¿qué planean hacer?
CM: Tenemos mucha expectativa, tenemos esperanza de que el Gobierno nacional no acepte la nueva propuesta que está sobre la mesa.
Sin embargo, aquí en el departamento, con las organizaciones gremiales, los gremios económicos, el sector rural, la asociación de volqueteros, asociación de ingenieros, entre otras personas, lo que hemos manifestado es que nuestro interés es que el Gobierno no avale esta propuesta, porque evidentemente aquí más que un debate con Odinsa, es un debate con el Gobierno nacional, ellos toman la decisión.
Creo que la movilización pacífica es un derecho constitucional y que tendremos derecho a ejercerlo en el momento en que no nos sintamos escuchados.
Sin embargo, algo adicional es que esto se ha querido centralizar entre Manizales, Chinchiná y Palestina. La propuesta que nosotros le estamos trayendo al Gobierno nacional nos permite aumentar la conectividad también con el occidente caldense, nos permite disminuir los peajes para ir a municipios como Viterbo, Risaralda, Supía o Riosucio. Pero además de esto nos permite avanzar en competitividad.
Las comunidades hoy no encuentran accesibilidad para poder llegar acá a Manizales. Que uno diga que una persona en la vereda de La China tiene que pagar, si tiene vehículo, casi $30 mil todos los días para salir de su casa al trabajo y volver o ir a una cita médica o ir a estudiar es algo que no es aceptable.
El Gobierno debe tomar una decisión y esperamos consulte las necesidades del territorio, los intereses de las comunidades y no simplemente un buen negocio para un privado.
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