LA PATRIA | MANIZALES

La acción popular que promovió el año pasado la Personería de Supía por la emergencia por lluvias registrada en el 2022 en ese municipio arrojó resultados beneficiosos para la comunidad.

El Tribunal Administrativo de Caldas les ordenó, en un plazo de 18 meses, a Corpocaldas, Gobernación de Caldas, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres realizar obras de mitigación a lo largo del río Supía para evitar una afectación similar en la localidad, teniendo en cuenta que se acerca un nuevo periodo de lluvias en el país.

Julián Ricardo Betancur Castañeda, personero de Supía, manifestó que ese mecanismo procesal lo instauraron a mitad del 2023 con el fin de proteger los derechos colectivos de los habitantes a la salubridad y seguridad pública y a la previsión del riesgo de desastres, derechos que están contemplados en la Ley 472 de 1998.

"Lo que pretendíamos es que se diera una orden para realizar obras de mitigación del riesgo de desastres por inundación a lo largo del río Supía y construir jarillones, pantallas, muros de contención y diques. Asimismo, quieren establecer un plan de dragado para que el río termine siendo tratado para que cuando se presenten lluvias, al bajar el agua al río desde la parte alta de la montaña, no llegue a nuestro municipio, que es llano, plano, y se expanda generando inundaciones similares a las presentadas en 2022", expresó el personero.

Agregó que en esa acción popular también se anexaron otros antecedentes relacionados con las lluvias. Asimismo, dijo que están satisfechos con los tiempos ordenados por el Tribunal. "Quedamos muy contentos con la sentencia. Desde la Personería no se presentó ningún recurso. No obstante, desde otras entidades se hicieron apelaciones por lo que estaremos a la espera y deseando que el Consejo de Estado nos dé la razón. Creemos que la decisión difícilmente podrá revocarse".

A favor

Marco Antonio Londoño, mandatario de Supía durante el periodo 2020-2023, realizó varios llamados a los gobiernos departamental y nacional para que extendieran apoyo al municipio, pero nunca obtuvo respuesta para solventar la emergencia. Por ello, al conocer el fallo expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal.

"Celebro que un juez de la República haya dado una medida judicial que implica a diferentes instituciones porque desde el momento de la emergencia en el 2022 insistimos a las instituciones porque, debido a la magnitud de la emergencia, el municipio no es capaz de responder o de atender las situaciones solo".

Sin embargo, lamenta que se tenga que recurrir a este tipo de mecanismos para que las entidades responsables le ayuden al municipio.

"Me parece importante que se hayan establecido términos. Es probable que las instituciones vinculadas digan que los tiempos son cortos, pero estoy de acuerdo con la medida porque entre más cortos mucho mejores. Eso va a obligar a las instituciones a que ahora sí le pongan cuidado al tema. Se sabe que ya cobró la vida de una persona y que afectó a más de mil familias. Es tan crítica la situación que hoy, un poco más de 20 meses, tenemos todavía dos puentes colapsados y se suponía que el Invías los iba a arreglar, pero esta es la hora en que no hay un metro lineal de puente construido".

Contexto

El 3 de septiembre del 2022 un fuerte aguacero provocó que el río Supía se desbordara afectando a 1.200 familias (3 mil personas afectadas) por el daño de viviendas, enseres y electrodomésticos. Asimismo, hubo tres puentes colapsados y una persona fallecida.