EFE | LA PATRIA | Bogotá

Un tribunal ratificó ayer una multa equivalente a unos 3,2 millones de dólares impuesta en 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la reventa de entradas para partidos de las eliminatorias del Mundial de Rusia.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de "nulidad y restablecimiento del derecho" presentada por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el vicepresidente Álvaro González, y al asesor jurídico Andrés Tamayo.

"Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho formulada por los demandantes Ramón de Jesús Jesurún Franco, Álvaro González Álzate y Andrés Tamayo Lanini contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)", reza el fallo en su parte resolutiva.

En junio de 2020 la SIC anunció una multa de 18.000 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares) a la FCF por la reventa de entradas para los partidos de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

La SIC también sancionó en esa ocasión a 17 personas, a la empresa TicketYa y a Comercializadora de Franquicias SA por idear y ejecutar "un sistema que limitó la libre competencia para favorecer a Ticketshop en la adjudicación del contrato de boletería para las eliminatorias al Mundial Rusia 2018".

Las investigaciones de este caso se iniciaron después de que Ticketshop anunció que vendería 6.000 entradas el 6 de agosto de 2017 para el partido Colombia-Brasil, disputado en septiembre de ese año, y dijo que estas se comercializaron en 42 minutos, pero la SIC halló evidencias, "digitales y documentales" que prueban que no se pusieron a disposición del público ese día.

La SIC consideró que los sancionados crearon un "cartel para el desvío de boletas con el fin de revenderlas" y se aplicaron "precios excesivamente altos respecto de las mismas" con sobrecostos de "hasta un 350% más del valor del mercado".

Por colaborar con la entidad de control, Ticketshop y sus funcionarios fueron absueltos del proceso pues aportaron documentos y pruebas con los que la SIC descubrió el sistema empleado por los involucrados.