El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, tendría la posibilidad de aprobar vigencias futuras excepcionales para incluirle más recursos a proyectos como la Línea 3 del cable aéreo, el Sistema Integrado de Transporte y hasta para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Cámbulos.

Por lo menos así quedó establecido ayer, luego de que el Concejo de Manizales aprobó ayer por unanimidad y en primera debate el proyecto de acuerdo 098 de modificación del estatuto orgánico del Presupuesto de Manizales, máxima norma que determina cómo se destinan los recursos del Presupuesto de ingresos y gastos del municipio.

Allí se especificó: "cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de asociación público privada del municipio y/o de sus entidades descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de Gobierno y hasta por el plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previa de riesgos y pasivos contingentes ante la Secretaría de Hacienda".

Solo las juntas

Es decir, que entidades como People Contact y Cable Aéreo, por ejemplo, podrían basarse en las autorizaciones solamente de sus juntas directivas para aprobar este tipo de proyectos y no tendría que volver al Concejo de Manizales.

Para el exsecretario de TIC y Competitividad, Juan Felipe Jaramillo, el problema es que esto podría influir en el presupuesto del próximo alcalde, afectando su capacidad financiera, justo en medio de una situación compleja para las regiones y el país.

Las críticas aumentan, más cuando en el mismo Concejo se aprobó al principio de este mes un proyecto de acuerdo en el que adicionaron $50 mil 583 millones al presupuesto de la Administración municipal, de los cuales $14 mil 790 millones, de ese presupuesto serán destinado para financiar el proyecto bandera del alcaldía Carlos Mario Marín.

El concejal Héctor Fabio Delgado, del Partido Liberal, confió que no será así, pues sostuvo que cuando preguntó si esa era la intención, le dijeron que no y que el interés simplemente era ajustar el estatuto a la normatividad vigente.

LA PATRIA llamó a la Secretaria de Hacienda, Claudia Patricia Echeverri, pero al cierre de esta edición no respondió.