LA PATRIA | MANIZALES

El contrato para el mantenimiento vial entre Supía (Caldas) y Caramanta (Antioquia) apenas se adjudicó el pasado 18 de abril, no ha empezado y ya hay peticiones claras de revocatoria. Incluso hay dudas de que se firme.

Aunque la Secretaría de Infraestructura anunció con bombos y platillos desde principios de esta semana la entrega de este convenio al Consorcio Vial Asfalto, ayer la secretaria jurídica, Sandra Milena Ramírez, citó una rueda de prensa para aclarar que todavía no se ha celebrado el contrato y que solo el 3 de mayo se definirá su futuro.

Primero sí...

El contraste entre la buena noticia de elección y la explicación de que aún no se firma se centró en que a solo una semana de adjudicado, ya existe una solicitud de revocatoria directa de esta licitación, obtenida por las firmas Construcciones Diseños y Obras Civiles (90%) y Asfalto y Construcciones SAS (10%). Su representante legal es Brayan Stiven García.

La petición la hizo el Consorcio Corredores Viales, uno de los 32 aspirantes a esta licitación pública, al insistir en un documento de cinco páginas, que conoció LA PATRIA, que hubo varias inconsistencias en la documentación presentada.

Asegura que se adulteró información y se presentó documentación inexacta. "Lo más grave aún es que su propuesta es avalada y presentada por un ingeniero que no cuenta con una matrícula profesional vigente, por lo cual actualmente no es hábil para ejercer dicha profesión", sostuvo. Se refiere a la documentación que anexaron del ingeniero Juan Pablo Córdoba Tinoco, contrastada en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), según su código de verificación.

Bajo estas condiciones, la petición es que se revoque el acto de adjudicación de esta licitación y que se revalúe el orden de ponderación, con la advertencia de que en caso negativo se llevará este hecho hasta las últimas instancias.

En evaluación

Ayer en la mañana el secretario de Infraestructura de Caldas, Cristian Arroyave Ramírez, le reconoció a LA PATRIA que ya se presentó esta reclamación a través del Secop II, por lo que se llevará a un proceso de evaluación en una mesa jurídica para determinar esa supuesta ilegalidad y definir qué pasará con este proceso.

En las horas de la tarde, la secretaria jurídica explicó que el contrato no se ha celebrado aún, ya que la firma es una figura asociativa, por lo que deben tramitar el Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN, lo que aún no han hecho.

Igual destacó que analizan el documento, con el fin de ser garantes del debido proceso, por lo que ya se elevó la consulta al Copnia, donde se revisan las matrículas profesionales de los ingenieros. "Si lo que ahí se manifiesta es cierto, nos tocará proceder a la revocatoria del acto de adjudicación y compulsar copias a la Fiscalía y demás órganos de control".

En caso contrario se continuará con la celebración del contrato con el Consorcio Vial Asfalto, entidad a la que también se le envió la solicitud de revocatoria para que se pronuncie y aporte los documentos necesarios. Deberá responder este sábado.

La demora

A la consulta del porqué no se revisó toda esa documentación previamente para constatar dicha legalidad, la secretaria sostuvo que todos los documentos se cargan en el Secop con la documentación que se aporta, según lo establecido en los pliegos tipo de condiciones. Eso "con una revisión previa y exhaustiva de lo que presentan", defendió.

Dijo que la Gobernación, como servidores públicos, se basan en el principio de buena fe, considerando, además, que las objeciones nunca existieron en la etapa de observaciones ni en otras partes del proceso, previo a la adjudicación.

La secretaria también argumentó que las obras no sufrirán retrasos, ya que se tiene estimado iniciar el contrato en la última semana de mayo, y aún se está en proceso de selección de la interventoría, lo que se haría el 21 de mayo.

Su meta es tener respuesta del Copnia el 30 de abril y el 3 de mayo dar respuesta de esta adjudicación. Por ahora, el acuerdo no solo está en la mira, sino que sigue atrancado. LA PATRIA llamó al Consorcio Vial Asfalto para conocer su concepto sobre esa demanda, pero al cierre de esta edición no respondió.

En cifras y datos

• El contrato fue adjudicado por un total de $27 mil 842 millones 860 mil 834, para un mejoramiento de 8 kilómetros.
• El segundo contratista en orden de elegibilidad es el mismo que demandó: Consorcio Corredores Viales.