LA PATRIA | MANIZALES

Cerca del 50% de los contratos adjudicados por licitación en Manizales tienen problemas de fondo, debido a las demoras y mayores adiciones de recursos. Estos son algunas de las dificultades que ha enfrentado la ciudad en los últimos años, tarea que se debería abordar cuanto antes, ante el detrimento de la calidad de vida y de las finanzas de la región.

El llamado de atención lo hizo la Corporación Cívica de Caldas (CCC), luego de revisar las prórrogas y adiciones de contratos que se tuvieron en los últimos 8 años, en las administraciones de José Octavio Cardona León y de Carlos Mario Marín Correa.

El estudio

El reporte partió de un estudio que se hizo en conjunto con el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales (Otra), en el que se revisaron 82 contratos de la administración de Octavio Cardona y 55 en lo corrido de la actual Alcaldía, a partir de los datos encontrados en las plataformas de datos abiertos Secop I y Secop II. Esto, sin tener en cuenta contratos de entidades descentralizadas. Solo los que correspondían al sector central del ente municipal.

Según el reporte, de ese total de obras revisadas, el 43% de los contratos licitados presentó retrasos en su ejecución, mientras que el 44,5% costó más de lo inicialmente presupuestado. Como si fuera poco, el 35% tuvo aplazamientos que superaron el 25% del plazo inicial, y el 18% requirió adiciones que excedieron el 25% del valor inicial del contrato.

Llamado

En el informe también se evidencia que las prórrogas y adiciones de la administración anterior se centraron en contratos de adquisición de bienes y servicios, mientras que en la actual lo hicieron en obras de construcción de infraestructura.

Aunque en el estudio se reconocen problemas coyunturales como el efecto de la pandemia y la posterior guerra en Ucrania, que encarecieron varios insumos y algunos aspectos de la contratación, la CCC hizo un un llamado a los diferentes sectores de la ciudad para que se encuentren soluciones. También le pidió a la nueva administración unir esfuerzos de expertos y asociaciones gremiales relacionadas para hallar las soluciones más viables y de fondo. "Hay que prevenir al máximo la necesidad de añadir tiempo y recursos a los contratos para ser eficientes y efectivos en la gestión pública y generar mayor confianza en la planificación territorial y la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos".

Por semáforos

Para ver la magnitud de retrasos y adiciones se implementó un sistema tipo semáforo. Con amarillo aquellas licitaciones con prórrogas y adiciones entre un 1% y un 14% más. En naranja, entre un 15% y un 24% más, y en rojo, las que superan el 25%.

Prórrogas

Los datos indican que, de los 82 contratos licitados durante el mandato de Cardona León, 36 requirieron prórrogas, el 44% del total. De estas 36 obras 1 está en amarillo, 3 en naranja y 32 en rojo. Esto significa que el 89% de las licitaciones evidenciaron retrasos críticos, identificados con rojo. En la actual administración el escenario fue similar, pues de las 55 licitaciones, 23 sufrieron prórrogas, un 42% de los contratos con demoras. De estos 23 contratos 4 están en amarillo, 3 en naranja y 16 en rojo. Esto se traduce en que el 70% de las licitaciones presentaron demoras clasificadas en rojo.

Adiciones

Los datos muestran que durante el gobierno de Cardona León más de la mitad de las licitaciones requirieron recursos adicionales, pues de los 82 licitados, según el Secop, a 43 se le adicionaron recursos, el 52%. De estos 43, 17 están en amarillo, 10 en naranja y 16 en rojo. Es decir, el 37% del total. Mientras tanto, en la administración de Marín Correa el 33% de los contratos tuvo adiciones, pues de 55 contratos, 18 requirieron recursos adicionales hasta ahora. Además 9 de 18 contratos están en amarillo, 1 en naranja y 8 en rojo. Es decir que el 44% presenta una adición crítica.

Más adiciones

Según el informe, en la actual administración se han efectuado adiciones en un 33%, contra 52% del anterior. Aun así, el mandato de Marín Correa aún no termina, y sigue pidiendo adiciones, como la solicitud que aprobó el Concejo para el intercambiador vial Los Cedros por $13 mil 200 millones, más la autorización de ayer, en primer debate, para comprometer vigencias futuras excepcionales para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) por $17 mil millones.

Recomendaciones de un experto

José Andrés Pernett Plazas, ingeniero civil, jefe de visión de Obras en la Universidad Nacional sede Bogotá, explicó que estas adiciones y prórrogas no son normales. Sostuvo que, aunque cada caso es particular, buena parte del éxito de una obra es la etapa previa, de estudios y diseños, cuyos contratos deben ser rigurosos y robustos en obligaciones y en pólizas de cumplimiento. Además deben tener también una buena supervisión e interventoría. También advirtió sobre la necesidad de revisar las características financieras del constructor y determinar con cuidado esas características en la licitación.

Por último, indicó la importancia de la responsabilidad de las consultorías en aclarar la vigencia del presupuesto, debido a que los precios cambian y tener en cuenta esto es sumamente importante para evaluar la viabilidad de los proyectos.