El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, sostuvo esta mañana en el Congreso de Confecámaras, que desde el pasado 2 de septiembre le advirtió al Gobierno que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país.

"Hoy la Contraloría General de la República reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público, considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable"

Sostuvo que si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una  inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos".

Estimó que una nueva intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías Aire y Afinia para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios.

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