LAPATRIA | MANIZALES

* 10,20% es el aumento propuesto para la tarifa mínima en el servicio taxis, pasando de $4 mil 900 a $5 mil 400.

* Entre el 7,69% y el 8% es el ajuste promedio en el servicio de buses, busetas, microbús y cable aéreo, pasando de $2 mil 500 a $2 mil 700 en buses y busetas, y de $2 mil 600 a $2 mil 800 en microbuses.

Estas diferencias son las que generaron el malestar de este último sector, al indicar que si bien es importante que se reconozca a un gremio como el de taxis, no es claro que haya una desigualdad de ajustes entre los diferentes servicios públicos que prestan su oferta en la ciudad.

Por esta razón, las seis empresas de transporte colectivo urbano, incluyendo Gran Caldas, Autolegal, Sideral, Unitrans, Serviturismo y Socobuses radicaron ayer una carta de objeciones al proyecto de decreto de tarifas de la Alcaldía, donde plantean que este no consulta las necesidades del gremio transportador, ya que "ni siquiera se proyecta un aumento en consideración del IPC (9,28% en el 2023), lo cual representaría un incremento de $250".

En contraste, dicen que la tarifa del transporte individual o taxis sí supera el IPC y se acerca al aumento del salario mínimo (12%), "lo que, por principio de igualdad y equidad, atenta contra la modalidad del colectivo de pasajeros, simplemente efectuando una sencilla cuenta se puede concluir que el aumento proyectado no se acerca ni siquiera al IPC".

Bajo estas condiciones, pidieron replantear dichos incremento del 8%, y hacer un ajuste cercano a $250, mencionado antes, teniendo en cuenta el desequilibrio que existe frente a los costos en la canasta del transporte.

El desfase

De acuerdo con Juan Carlos Alzate Arango, gerente de Socobuses, el estudio evidencia que mientras en los últimos tres años esa canasta tuvo aumentos del 42,9%, las tarifas no han pasado del 23%, por lo que en lógica financiera es claro el impacto económico que se tiene ante unos costos que son superiores a los ingresos, dijo.

"Entonces, esto a lo que va a llevar tarde que temprano es a un envejecimiento del sector, a dificultades en el mantenimiento y en las inversiones para renovar el parque automotor, y hasta en las frecuencias que debemos de cumplir. Finalmente el mayor afectado será el usuario, pues este es un negocio donde los ingresos deben estar acordes con los costos actuales de la canasta del transporte", reclamó.

La carta se radicó ayer, basados en los tiempos que se tenían para objetar el decreto, que hoy quedaría en firme.

"Por eso esperemos que exista la oportunidad de que analicen esta situación y se generen nuevas mesas de trabajo, donde podamos puntualizar y conversar todo el asunto de movilidad de la ciudad y unamos esfuerzos para salir adelante".

En revisión

Algunos transportadores consultados por LA PATRIA, sostuvieron que no creen que el nuevo alcalde, Jorge Eduardo Rojas, cambie la posición, por lo que sostuvieron que comenzarán a estudiar qué medidas jurídicas y acciones van tomar, pues es una medida con la que el nuevo mandatario empieza mal con un sector que fue de los más golpeados en la pandemia.

La PATRIA llamó a la secretaria de Gobierno, y a su vez encargada de Movilidad, Paula Andrea Sánchez, pero al cierre de esta edición no respondió a su celular.

Un secretario idóneo

Los transportadores también hicieron un llamado sobre la necesidad de que se nombre un secretario de Tránsito o de Movilidad idóneo. Cuestionaron el nombre que se ha dado a conocer en algunos círculos de posesionar en esta cartera a Juan Felipe Álvarez, exgerente de Inficaldas, con quien aseguran tienen serias diferencias.