El desconocimiento, de acuerdo con Margarita Obando, exrectora de la Institución Educativa Fundadores de Riosucio, es la principal razón de que a comienzos de este año el centro educativo le adeudara $15 millones a la Secretaría de Hacienda de Caldas.

El pasado 19 de febrero, la Institución, en cabeza de la nueva rectora, Beatriz Olga Cecilia Bejarano, canceló $8 millones 160 mil y el 15 de marzo depositó $2 millones 277 mil más.

Para cumplir con el compromiso, pactado con la Gobernación departamental a través de una cláusula, el 9 de este mes el Consejo de Padres invitó a los acudientes a realizar un aporte voluntario de $5 mil, alcanzaron a recoger $2 millones 289 mil, por lo que solo quedan debiendo cerca de $2 millones 293 mil.

El secretario de Hacienda de Caldas, John Alexander Alzate Quiceno, menciona que la deuda se originó por el incumplimiento en 2015, 2016 y 2017 con lo ordenado en la Ley 418 de 1997. En ella se estipula que quien suscriba contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, una contribución del 5% del valor total del correspondiente.

Margarita Obando, quien ocupó la Rectoría de Fundadores en el 2015, argumenta: "Muchos rectores, de alguna manera, llegamos de otros territorios o de otras circunstancias, pues por supuesto no teníamos conocimiento (…) entonces no es que se hayan adquirido deudas, simplemente que sobre un contrato que se hace toca pagar un impuesto", apunta.

Medidas

La última fecha de pago está para el siguiente 15 de mayo. De no cumplir, el acuerdo suspenderá el procedimiento, sin exigencias de garantías. Se lee: "Cuando se declare el incumplimiento de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda".

Asimismo, se plasma que pasarán de manera inmediata a la cláusula aceleratoria, que con antelación ya conoce el deudor y acepta. Por lo tanto, se dejará sin vigencia el plazo concedido, de tal modo que se continúe con el proceso de jurisdicción coactiva.

Proceso de cobro

*El 28 de enero del 2021 se liquidó de manera oficial el no pago del 5% de los contratos de obras públicas suscritos por la Institución Educativa Los Fundadores. El valor correspondía a $6 millones 277 mil, más los intereses respectivos.

*Frente a la decisión se interpuso el recurso de reconsideración, y el 17 de marzo del 2022 se corrigió la determinación, cerrando la obligación en $4 millones 528 mil.

*Con base en los requerimientos del colegio, el 14 de julio del 2023 se remitieron los documentos pertinentes para el cobro administrativo, pero fueron omitidos por la Institución, según se manifiesta en la cláusula.

*Ante el no pago, el Departamento inició el proceso de cobro coactivo, el cual le permite cobrar por sí mismo las deudas a su favor, por los $4 millones 528 mil más los intereses causados desde la sanción.

*La Rectoría solicitó un acuerdo para cancelar la obligación.

*El 16 de febrero de este año se actualizó la liquidación de la deuda con los intereses de mora, la cual arrojó un saldo de $14 millones 780 mil.

*Finalmente se acordó cancelar $15 millones 19 mil.

Debido a que los monto no se pagaron en su momento, se aumentaron los intereses. Margarita Obando relata que el proceso de la cancelación es una responsabilidad del contador, la secretaria tesorera y el rector.

Agrega: "Los contratos los revisa y direcciona el contador con el padrino que tiene el Fondo de Servicios Educativos. También hay una secretaria tesorera, como es el caso de la Institución Educativa Fundadores, que verifican que todos los pagos se hagan. Cuando eso no se hace toca responder de forma indebida".

Falta información

Margarita Obando, exrectora de la Institución Educativa Fundadores de Riosucio, explica que desde el Fondo de Servicios Educativos no han sido claros. "Por ejemplo, si usted deshierba también es mantenimiento, no solo es en infraestructura. Eso yo lo aprendí después de muchos años".

Por su parte, el secretario de Hacienda de Caldas, John Alexander Alzate Quiceno, reconoce que la situación del colegio de Riosucio no es la única y que es muy común en instituciones educativas del departamento.

Por lo tanto, asegura que desde el despacho se están organizando con el propósito de capacitar a los rectores de Caldas para que en este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. "La finalidad de nosotros como Secretaría Hacienda no es ir a sancionar intereses, sino que la gente pague de manera oportuna sus impuestos", recalca.