El Ministerio de Educación presentó hoy, 3 de septiembre, un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer la financiación de la educación superior pública en Colombia.

Esta iniciativa, liderada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, se propone abordar de manera integral los desafíos financieros que enfrentan las instituciones de educación superior públicas en el país.

El proyecto de ley, cuyo anuncio oficial se llevó a cabo a las 8:30 a.m. en el Congreso de la República, busca actualizar y ajustar el sistema de financiación de las Instituciones de Educación Superior.

La propuesta incluye una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una asignación de recursos más adecuada y sostenible.

¿Cómo funciona el modelo de financiación actualmente?

Hoy, el modelo de financiación establecido por la Ley 30 se basa en aportes estatales que se ajustan cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este esquema no tiene en cuenta el aumento real de cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad, ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo a través del tiempo, lo que ha generado una brecha financiera significativa en las Instituciones de Educación Superior públicas.

Con la modificación propuesta en el proyecto de ley ¿cómo funcionará el modelo de financiación?

Los aportes a las universidades y a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución y se ajustará de acuerdo con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales, calculado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Si el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes de Presupuesto General de la Nación se ajustará con base en la variación del IPC.

Desde el Presupuesto General de la Nación se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidos los establecimientos públicos del orden territorial.

Se garantizará la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes y lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, con recursos adicionales a la base presupuestal.

Se dispondrán recursos adicionales para el aumento de la base presupuestal de funcionamiento de las IES públicas, así como recursos de inversión para incrementar la capacidad instalada de la educación superior pública.

¿Los recursos adicionales a qué se destinarán?

• Aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior estatales u oficiales, para reducir las brechas territoriales y sociales.
• Mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta.
• Bienestar institucional.
• Fortalecimiento de la planta docente y administrativa de las instituciones de educación superior estatales u oficiales.
• Atender las variaciones producto de la aplicación del sistema salarial y prestacional docente vigente. 
• Para proyectos de infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad.

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