LA PATRIA I Manizales

La Ley de Educación tiene 32 años. Un clamor, en los últimos años, es que sea reformada, sobre todo para garantizar más plata a la educación superior. Una iniciativa, en ese sentido, presentó el Gobierno nacional, el miércoles, en el Congreso.

Un día después en Armenia, el ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó: “Los derechos, sin recursos, son simples deseos que se esfuman”.

El senador caldense Guido Echeverri comparte, en parte, la propuesta. De todas maneras le ve peros, sobre todo a la luz de la Constitución. “Entidades territoriales no pueden

financiar educación superior”, advierte.

El ministro expone que la propuesta gubernamental pretende abordar, de manera integral, los desafíos financieros que enfrentan las instituciones de educación superior públicas en el país.

Inconstitucional

Para Echeverri, quien fue rector de dos universidades públicas (la de Caldas y la ESAP), y de dos privadas (Manuela Beltrán y Unisabaneta) la idea de reforma pareciera entregarles responsabilidad a alcaldías, gobernaciones y distritos en el sentido de aportar económicamente a la educación superior.

Explica: “Si bien las entidades territoriales podrían eventualmente aportar dineros a la educación superior, y que ya lo hacen de manera voluntaria, hasta hora la ley no les había entregado eso”.

Advierte que se podría incurrir en una inconstitucionalidad porque el mandato indica que no se pueden cargar responsabilidades o costos a entidades territoriales que no están suficientemente financiadas desde el Presupuesto General de la Nación.

Otros puntos

Entre tanto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) responde acerca del modelo de financiación actual y cómo quedaría si pasa la propuesta de reforma:

El MEN afirma que el actual se basa en aportes estatales que se ajustan cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, que este esquema no tiene en cuenta el aumento real de cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad. “... Ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo a través del tiempo, lo que ha generado una brecha financiera en las Instituciones de Educación Superior públicas”.

Este aspecto lo resalta el senador caldense. “Es importante que el Gobierno tome en cuenta para calcular los ingresos de las U. oficiales el Índice de Costos Universitarios (ICU), más allá del IPC.

Es decir, agrega el congresista, que se tengan en cuenta variables como investigacion, cualificación docente, vinculación de docentes Precisamente el Ministerio señala que en la práctica los aportes a las universidades y a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución. “... y se ajustará de acuerdo con el ICU , calculado anualmente por DANE”.

El senador Echeverri anuncia, de todas, maneras, que en el debate en el Congreso se abordarán estos temas y otros, pues considera que el proyecto de ley no toca otros asuntos fundamentales que han cambiado la educación superior, en estos 30 años.

El Ministerio de Educación añade sobre el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior:

1. Si el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las IES estatales u oficiales es inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes de Presupuesto General de la Nación se ajustará con base en la variación del IPC.

2. Desde el Presupuesto General de la Nación se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluidos los establecimientos públicos del orden territorial.

3. Se garantizará la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes y lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, con recursos adicionales a la base presupuestal.

4. Se dispondrán recursos adicionales para el aumento de la base presupuestal de funcionamiento de las IES públicas, así como recursos de inversión para incrementar la capacidad instalada de la educación superior pública.

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