Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

El modelo educativo en las universidades de Colombia está en juego. El Gobierno nacional pretende presentar ante el Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, que en sus artículos 86 y 87 define el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES).

El propósito es cambiar la base presupuestal, para que no crezca con la inflación, que lo haga de acuerdo con el índice de costo de educación superior. Eso en busca de un modelo equitativo para las necesidades de las universidades.

La Ley del 92 cumple 30 años. Movimientos estudiantiles y profesorales, además de expertos, han considerado que se deben modificar los artículos 86 y 87, pues con estos se ha impedido que se garanticen el sostenimiento y la calidad de las IES.

Los estudiantes quieren jugar un papel clave en la construcción de la iniciativa. Para tal efecto, arrancan las llamadas asamblea juveniles barriales, la cuales son respaldas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, invitó a los estudiantes de las regiones para que se organicen a través de sus instituciones, de las plataformas y organizaciones estudiantiles y debatir acerca de financiación de las IES, ampliación de cobertura, política de gratuidad y gobernanza universitaria.

Así como sobre políticas de bienestar y salud mental, el rol de la academia y la investigación; calidad y pertinencia de la educación en relación con las transformaciones que requiere hoy el país, entre otros temas.

"La Reforma a la Ley 30 de 1992 es una reivindicación del Estado frente a la lucha histórica de maestros, estudiantes y servidores del sector educativo de Colombia. Vamos a garantizar el derecho de los jóvenes a una educación de calidad que les permita vivir con dignidad", expresó Vergara.

La ministra anunció que el 7 y el 8 de julio se espera una gran convocatoria nacional de estudiantes que desde sus regiones debatirán sobre la visión de la educación del siglo XXI que quieren para Colombia.

De esta jornada de participación ciudadana saldrán nuevos aportes de los jóvenes para la construcción de la nueva ley de educación superior que se radicará en el Congreso de la República el próximo 20 de julio.

"La educación tiene un lugar de privilegio en el Gobierno del Cambio, pero sobre todo para los territorios que han sido olvidados y excluidos históricamente", concluyó la ministra.

Primeros llamados

Los representantes de las Universidades Unidas dicen que apoyan la reforma a la Ley 30. Sin embargo, exigen puntos como los siguientes:

• Antes de su presentación al legislativo, el Gobierno debe presentar un borrador de reforma al pueblo, para que sea validado en asambleas populares de todo el país. Proponemos que los puntos de reforma sean presentados al pueblo colombiano el 20 de julio para que posteriormente esta se pueda discutir.
• Los espacios de discusión deberán ser vinculantes y contar con una metodología clara y una matriz que recoja los aportes, insumos y consensos construidos en las asambleas.
• Los resultados de estas amplias discusiones deben ser recopilados en un documento final, el cual deberá servir de base para convocar audiencias públicas en todo el territorio nacional antes del primer debate en el congreso.
• Enviamos un mensaje al Sistema Universitario Estatal (SUE) sobre la importancia de la autonomía universitaria, pero también la necesidad de un control y una veeduría efectiva de los recursos.

Desde Manizales

Santiago Wagenaars Rincón, representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional sede Manizales, recuerda que la educación superior está regida por la Ley 30 de 1992, en la que se establece que es un servicio y no un derecho. Por eso, los estudiantes solicitan una reforma integral que vele por el bienestar de las personas.

Los alumnos comenzaron a movilizarse en el 2010 cuando se creó una mesa con representantes estudiantiles de las universidades públicas, que impulsó paros y protestas para exigirle al gobierno Santos la reforma a la Ley 30.

La respuesta de la administración Santos fue crear becas, como Ser Pilo Paga, para que un mayor número de personas accedieran a la educación. Sin embargo, estas iniciativas no ayudaron a reducir el déficit de las IES, pues la mayor parte del dinero para programas que financia el Gobierno migran a las universidades privadas.

Desfinanciamiento

La deuda de las universidades está por encima de los $18 mil millones. Wagenaars Rincón expresa que es indispensable que se traten los artículos 86 y 87. Actualmente las instituciones de educación superior funcionan con mitad dinero que les da el Estado, y la otra mitad es dinero que cada institución consigue a través de extensión de posgrados, investigación o contratos, que es el llamado autofinanciamiento.

Otros factores

Wagenaars Rincón añade que aunque ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a las instituciones a tener un protocolo frente al acoso, las situaciones de violencias que se viven dentro de las U. como son la de género y la social, han llegado a un contexto en el que ya es importante contratar a un personal e implementar una ruta de atención y prevención en la reforma a la Ley 30.

Asimismo, plantea que "el bienestar debe tener un músculo más fuerte en esta reforma integral, porque para que haya educación, investigación y extensión debe haber bienestar para toda la comunidad, no sólo para los estudiantes, no sólo para las personas más necesitadas, sino un bienestar integral para la comunidad".