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Siguen las tensiones por la compra de predios en los límites del PNN Los Nevados

Foto | Archivo | LA PATRIA | PEREIRA | Siguen las tensiones por la compra de predios en los límites del PNN Los Nevados

Autor
Jorman Lugo

La semana pasada se conoció la denuncia hecha por los cuatro departamentos que tienen influencia en el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados (Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima) sobre la posible compra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de unos predios en los límites de esta área protegida para indígenas del Cauca.

La inquietud de las gobernaciones y de sus corporaciones ambientales era conocer si el Gobierno nacional, por medio de sus agencias, estaba tramitando la compra de los predios o si era un interés particular. 

La ANT le respondió a LA PATRIA confirmando que se encuentra en trámite la adquisición de varios predios en la zona de influencia del PNN Los Nevados, destinados a comunidades indígenas, en especial la comunidad Misak del Cauca. 

La Agencia justificó el proceso basándose en el Artículo 7° del Decreto 622 de 1977, que permite la constitución de resguardos indígenas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Según este decreto, la presencia de comunidades indígenas no es incompatible con la declaración de un parque nacional, ya que su profundo conocimiento tradicional sobre el manejo de ecosistemas puede contribuir a la conservación y protección del medioambiente.

Puede leer: ANT tramita compra de predio para indígenas del Cauca en límites con el PNN Los Nevados.

Respecto al impacto que podría generar la presencia de estas comunidades en la zona, la ANT informó que su equipo técnico visitó el predio Potosí, ubicado entre los departamentos de Caldas y Risaralda, para evaluar los posibles usos del territorio. 

Argumentando, además, que la comunidad indígena tenía como intención “desarrollar un proyecto de conservación y etnoturismo en los predios, de acuerdo con la forma en que está intervenido”. 

 

Cruce de trinos por la compra de predios 

La confirmación del trámite de compra de los predios generó reacciones en actores políticos y ambientales de la región. El congresista del Partido Verde por Risaralda, Alejandro García, publicó un vídeo en sus redes sociales en donde alerta de los riesgos que corre Los Nevados si se concreta la adquisición.

“La posible ocupación de tierras y su uso en actividades agrícolas pone en riesgo su biodiversidad y recursos hídricos”, comenta en el trino. Y en el vídeo subraya que son 3 millones de personas las que se benefician del agua que nace en el páramo. 

Felipe Harman, director de la ANT, respondió a quienes levantaron la queja: “No existe ni compra, ni oferta para el Pueblo Misak en el Parque de Los Nevados”. Añadió que hay una “pretensión legítima del pueblo indígena que está siendo analizada” por la agencia. 

El representante García contestó al director de la ANT asegurando que en una carta enviada el pasado 12 de septiembre al director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio César Gómez, le piden que avance con la expedición de un concepto técnico ambiental en los predios que se comprarán para las comunidades “indígenas de Piscitau y Misak de Carmelo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda”. 

Los predios a los que hace referencia la comunicación son: Dobeiba, Pleito, Porvenir, Los Andes y Correa. 

En el vídeo que subió García también habla la ex-directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, actual representante a la cámara del Nuevo Liberalismo por Bogotá, asegurando que al interior de los Parques Nacionales “no puede haber ejercicios de compraventa de predios”, porque la Constitución Política de Colombia en su Artículo 63 dice “que los parques nacionales son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

Juan Sebastián Gómez, representante a la cámara de Caldas, avalado por el Nuevo Liberalismo, también alzó su voz de protesta recordando que el PNN Los Nevados es sujeto de derecho. Para ello, citó la sentencia STL 10716 de 2020. Y añadió: “Comprar tierras si pero para proteger la vida y el agua”.

Carolina Giraldo, representante a la Cámara del partido Verde por Risaralda, se sumó a las voces de preocupación. Envió un derecho de petición a Presidencia, en donde pregunta por la evidencia de la probable compra de tierras para entregárselas a personas que no habitan en la zona de influencia del Parque, en su zona de amortiguación. 

Santiago Osorio, representante a la Cámara de la coalición Pacto Histórico-Alianza Verde por el departamento de Caldas, se pronunció al respecto, mencionando que en una reunión llevada a cabo el 16 de septiembre entre funcionarios de la ANT y de las gobernaciones, aseguraron que no se comprarán tierras al interior del PNN Los Nevados.

Rodrigo Toro, funcionario de la Agencia y exalcalde de Santa Rosa, secundó las apreciaciones de Harman: “No es cierto que desde la ANT se estén (sic) adjudicando tierras en el Parque Nacional Natural de Los Nevados”. 

Sin embargo, la denuncia que hicieron las corporaciones ambientales la semana anterior, no era por predios ubicados en el PNN Los Nevados, sino en los límites del mismo. 

 

Respuesta del director de la Carder

Julio César Gómez, director de la Carder, le envió una carta a Harman el pasado viernes 13 de septiembre pidiéndole respuestas y expresando su preocupación sobre la compra de los predios en las inmediaciones del Parque. 

Según Gómez, estas acciones van en contravía con la Ley 1930 de 2018 y la Resolución 0886 de 2018 del Ministerio de Ambiente, que buscan garantizar la integridad, preservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas de páramo en Colombia.

Gómez señaló que justificar las acciones de la ANT, basándose en el Decreto 622 de 1977, no es aplicable. “No referencia nuestro caso, ni justifica el trámite de compra de predios para comunidades indígenas del departamento del Cauca, toda vez que no se está declarando un área protegida del ámbito nacional, sobre territorios indígenas establecidos”.

Además, añade que de las familias campesinas que habitan al interior del PNN se les han adelantado acuerdos de conservación que pretenden la sustitución “del sistema productivo ganadero, por ecoturismo comunitario”. 

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Gómez subraya que no entiende por qué, contando con un determinante ambiental como la Zonificación y Regímenes de Usos, que busca la reconversión productiva y la preservación del páramo, se pretenda trasladar una comunidad de otro ecosistema al área del páramo Nevados.

Gómez resalta que tanto la Ley 1930 como la Resolución 0886 reconocen a los habitantes tradicionales del páramo, sin mencionar la posibilidad de trasladar comunidades de otros ecosistemas. 

Añade que esta propuesta desconoce los documentos y procesos ya elaborados con los actuales habitantes del páramo, lo que podría dificultar el cumplimiento de la normativa y generar un retroceso en lo que hasta ahora se ha logrado en materia de conservación y manejo sostenible del páramo.

 

Representante reprochó la petición de las gobernaciones a la ANT

Norman David Bañol Álvarez, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena, reprochó la carta que los gobernadores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima y los directores de corporaciones autónomas de esos departamentos. 

“En nuestra lectura significa profundizar mucho más los actos de discriminación para con las comunidades que han sido más vulneradas en sus derechos y, en especial, para las comunidades que han tenido que perder sus derechos territoriales”. 

El representante a la Cámara también hizo referencia al comunicado de la Agencia Nacional de Tierras en el que precisan, en el caso de Risaralda, que no tienen pretensiones sobre predios en zona de páramo del PNN Los Nevados.

“Además, es temerario pensar que el Gobierno nacional va a saltarse la normativa de protección ambiental máxime en el marco de la Cumbre global de biodiversidad llamada COP16”, aseveró Bañol Álvarez. 

En datos 

  • Los linderos del área protegida se fijaron a través del acuerdo 015 del 28 de marzo de 1973 del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) y se aprobaron con la resolución 148 del 30 de abril de 1974, de la misma entidad.
  • Comenzó con cerca de 38 mil hectáreas y a cierre del 2023 sumaba 61 mil 377,49 hectáreas.
  •  En el Tolima está el 47,1%; en Risaralda, el 35,6%; en Caldas, el 13,5%, y en Quindío, el 3,8%. 

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