LA PATRIA | MANIZALES

Un abogado de Manizales salió de un lío y se metió en otro. Hace pocos meses terminó de pagar una sanción que lo inhabilitó por cinco años para ejercer su profesión y ahora fue citado por la Fiscalía para imputarle cargos por supuestas amenazas contra un magistrado. Al parecer, las lanzó cuando se enteró de que fue inhabilitado.

Esta semana, el fiscal 223 de la Oficina Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos de Bogotá apoyó a la Fiscalía 12 seccional Caldas para darle a conocer al profesional del derecho de qué lo señalan.

Así pasó

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1. Según lo narrado, los hechos son del 15 de junio del 2018, en el primer piso del Palacio de Justicia de Manizales, hasta donde al parecer llegó el procesado, sobre las 9:00 de la mañana, y lanzó a viva voz amenazas contra el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de Caldas (CSJC) José Ricardo Romero Camargo.

2. Los improperios se dieron delante de varios funcionarios judiciales y se habrían originado por la sanción recibida por el acá señalado.

3. "Dijo: 'Sé quién es el responsable, donde me lo encuentre lo voy a matar'. Esa intencionalidad iba dirigida al magistrado, por lo que debieron pedir apoyo a los vigilante del Palacio. El abogado portaba un celular, sacó un proveedor y se le cayó una bala. El arma la había dejado en la requisa de la entrada al lugar", aseguró el fiscal de Bogotá.

4. El delegado del ente acusador aclaró que la imputación es por estos hechos, pero trajo a colación otros que se habrían dado el 31 de enero de ese mismo año, narrados por el magistrado. Al parecer, el abogado le indicó que lo odiaba, sabía dónde vivía, quiénes eran sus familiares, a qué hora llegaba a la misa de los domingos en La Florida (Villamaría) y que cumplía una labor de darles comida a habitantes de calle, por lo que era muy fácil contratar a uno de estos para hacerle daño. Esto se habría dado cuando el abogado conoció, en primera instancia, el fallo en su contra.

5. Adicional, el fiscal habló de seguimientos a este magistrado de la Sala Disciplinaria del CSJC. "Es una clara amenaza contra un servidor público. Generó temor y zozobra en el Palacio y lesionó la independencia del funcionario, delante de subalternos y en un sitio en donde se imparte justicia. La pena va de 60 a 72 meses, con reducción del 50%, si acepta cargos", le explicaron.

6. El profesional del derecho, antes de negar los señalamientos, expresó que envió al menos 7 derechos de petición a la Fiscalía, preguntando si le imputarían o no, o se daría un archivo del proceso. "No hubo respuestas. Nunca me encontré en estos cinco años con el denunciante. ¡Qué sorpresa!, esperaron a que pasara mi sanción para llamarme a audiencia y traen hasta un fiscal de Bogotá", aseveró el investigado.

La sanción

El abogado de esta historia terminó suspendido por cinco años de su profesión. El caso se falló, en segunda instancia, en mayo del 2018. Lo señalaron de pagarle $100 mil a una trabajadora social para que acreditara la situación de cabeza de familia de un cliente suyo y así obtener fraudulentamente la prisión domiciliaria.