Foto | LA PATRIA
Viviendas en obra negra y otras completas, pero sin escrituras, el panorama en la urbanización.
Los propietarios que denuncian este hecho no saben cuánto dinero pudieron haber perdido todos, pero unos hablan de entre $600 millones y $800 millones cada uno, los ahorros de toda su vida.
Les vendieron en el 2019 el proyecto de la urbanización Floresta del Cerro en el sector de Cerro de Oro, de Manizales, como la mejor inversión, con una vista envidiable y un ambiente tranquilizante.
Pero hoy nadie envidia sus deudas y pérdidas, tampoco la intranquilidad que adquirieron ante los incumplimientos de Generación Proyectos e Inversiones, cuyo representante legal era Alejandro Carvajal Escobar. A eso se suman las quejas de exempleados que aseguran que los echaron a las patadas o renunciaron por la falta de pagos.
Un Cerro de Oro que se esfuma
En el 2019, una pareja de esposos conoció el proyecto y el valor de la casa era de $986 millones. Empezaron a dar cuotas hasta que en el 2021, cuando completaron $400 millones, notaron incumplimientos. Como ellos, otras 40 familias estarían en ascuas.
"Empezaron a decirnos que por cuestión de pandemia se estaba demorando, había más costos, subió el valor de los materiales. En el 2022 vimos que empezaron a construir casas, menos la de nosotros. En diciembre le preguntamos a Alejandro Carvajal y nos dijo que se había quedado sin plata", recordó la mujer.
El argumento del empresario es que se quedó sin dinero y les propuso entregarles otra vivienda similar a la de ellos, a la que le faltaba la obra blanca y tardaría un mes para finalizarla, y el precio final era de $786 millones. Para eso, debían darle $236 millones más, pero los incumplimientos continuaron.
Fue la llamada de una arquitecta que laboró allí, lo que la alertó. Le dijo que esa casa no la estaban construyendo y no la iban a entregar. Nuevamente acudió a Carvajal Escobar quien le dijo que otra vez tenía problemas.
De nuevo, dijo la afectada, el hombre le propuso entregarle una vivienda en San Bernardo del Viento avaluada en $2 mil 400 millones, por la que le pidió $800 millones. Pero al consultar con su abogado supo que estaba hipotecada y no se podía hacer negocios sobre esta.
La familia no vio más de otra que irse a vivir en mayo del 2023 a la casa a la que le faltaba la obra blanca. Y de nuevo otra sorpresa, el abogado les dijo que la habían vendido a otra personas tres meses atrás.
"Me cité con Alejandro, le dije que era un estafador. Dije que esto iba por civil y por lo penal, se asustó y me dijo que me entregaba otra casa, pero le respondí que no le iba a recibir nada. Perdí el ahorro de toda mi vida, de mi familia, el proyecto de mi vida", dijo la denunciante.
En junio del 2023 puso la denuncia y fueron seis meses que el proceso estuvo quieto hasta que acudió nuevamente a la Fiscalía para saber por qué no se avanzaba. En mayo del 2024 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos por estafa agravada, pero el defensor de Carvajal Escobar pidió un mes de plazo porque había un compromiso de pago.
Posterior a eso, el empresario la llamó, le dijo que vendió el proyecto a Alejandro Arenas, quien posteriormente la buscó y le dijo que era el responsable, le iba a dar $600 millones, pero fue otro que tampoco respondió.
El 19 de junio pasado se debía llevar a cabo la formulación de acusación y nuevamente la defensa pidió un plazo porque esta vez sí se pagaría. Le dieron otro plazo de 30 días.
Su inversión, negra
Un hombre vio en el 2015 la oportunidad de aportar a un proyecto del que sacaría réditos, pero empezaron las demoras en la ejecución, pese a que los futuros propietarios estaban cumpliendo con los aportes.
Notó que los retrasos se volvieron frecuentes hasta que supo que Alejandro Arenas Hoyos adquirió la urbanización, de quien esperó que la situación mejorara, pero todo siguió igual.
Ante la falta de energía, los propietarios que empezaron a llegar tuvieron que solicitar a un vecino del sector que les facilitara el servicio. A eso se sumó la ausencia de alcantarillado, por lo que tuvieron que instalar unos tanques que son los que los surten del líquido. Las áreas sociales tampoco existen.
Tuvieron que meterse la mano al dril para adquirir los contadores de la luz, pavimentar las calles y organizar la portería. Mientras hacían eso, denunciaron, el nuevo encargado de la construcción se empezó a llevar todo el material y las herramientas que había en las bodegas.
"Parece que hay casas que ya están pagas y las van a embargar. Invertí $800 millones, me tienen dos casas, logré sacar escrituras para una y le metí $50 millones. La otra está perdida, está dentro de una hipoteca, la embargarán y puede costar unos $1.200 millones", dijo.
Exempleados, enfermos y sin pagos
Una profesional que trabajó en el proyecto decidió renunciar al ver que las cosas no marchaban y que a sus empleados, personas de su confianza, no les pagaban. Además empezó a dudar cuando de la empresa pretendían pedir materiales a nombre suyo.
Otra, que laboró en este proyecto por dos años, denunció que en su grupo son seis personas a quienes les deben sueldos y liquidación de este año, cuando decidieron renunciar por los incumplimientos. Sin embargo, el año anterior otros cinco salieron y estarían en las mismas condiciones.
Entre los afectados están dos hombres, uno que padece una enfermedad terminal y otro con una incapacidad, quienes luchan por obtener su incapacidad, pero no hay documentos que los acrediten y están de brazos cruzados.
"En enero, el dueño de la obra hizo un comunicado, dijo que estaba en proceso de venta y llegó otra persona a comprar. Dialogué con él hasta marzo, le reclamé por los pagos, respondió que tenía algunos problemas familiares y hasta el sol de hoy no responden por nada" reclamó la mujer.
LA PATRIA intentó comunicarse con los dos implicados, se efectuaron llamadas y los buscó por WhatsApp. No contestaron, aunque un denunciante indicó que curiosamente y después de los intentos por obtener respuesta, esta semana Arenas Hoyos se empezó a comunicarse con los propietarios y dijo que pronto reiniciarían las obras.
El sonado caso de El Ruiz
César Ramírez Botero, representante legal de la Constructora El Ruiz, y su esposa, Paula Milena Sepúlveda Castaño, directora de Proyectos, enfrentan tres procesos por posibles estafas con apartamentos en Anserma y Manizales. Entre el 2014 y el 2018 se habrían apoderado del dinero de personas que pretendían obtener vivienda, pero nunca les respondieron.
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