LA PATRIA | MANIZALES

Por haber elegido como contralor encargado para Manizales durante el 2022 a Julián Andrés Valencia Valencia, al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le imputó cargos la Fiscalía por prevaricato por acción. Ayer se llevó a cabo la diligencia ante el Juzgado Sexto Penal de Garantías.

Todo se debe porque, al parecer, el mandatario omitió el conducto regular tras designar al funcionario sin cumplir los requisitos, quien también se enfrenta al delito de fraude procesal.

Sin subcontralor, ni antecedentes

El fiscal del caso narró que Marín Correa profirió el decreto 0821 de diciembre del 2021 para designar de manera provisional a Valencia, quien se desempeñaba en la Contraloría como profesional universitario.

Si bien su deber era realizar la designación por falta absoluta o suspensión del contralor, era necesario que el puesto lo ocupara el subcontralor o, en su defecto, otro empleado en el nivel directivo o de libre nombramiento y remoción, y de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley, requisito que no se cumplía.

El representante del ente acusador mencionó también que como alcalde de Manizales, Marín estaba en la obligación de realizar la elección siguiendo los procedimientos, leyes o decretos y le correspondía establecer quiénes estaban aptos, pero optó por Valencia, quien era funcionario provisional.

A eso se suma como evidencia que en los documentos que aportó Valencia Valencia para tomar posesión, presentó un certificado laboral en el que se aprecian sus funciones como profesional universitario, lo que además expone que es el subcontralor quien debe suplir el cargo.

También se expuso otro factor que no permitía la posesión del contralor encargado y es que le figura una condena de un juzgado de Manzanares en enero del 2007 por falsedad en documento público y falso testimonio.

El fiscal señaló que Valencia Valencia estaba en la obligación de presentar un certificado de antecedentes judiciales especial y se limitó solo a mostrar uno emitido por la Procuraduría y bajo gravedad de juramento negó contar con alguna inhabilidad.

No aceptaron

Carlos Mario Marín enfrenta cargos por prevaricato por acción, delito que da de 4 a 12 años de prisión. Valencia, por fraude procesal, podría enfrentar una pena de 4 a 8 años. Ninguno aceptó cargos y no se solicitó medida de aseguramiento.

Esto no quiere decir que sean culpables, sino que se adelanta un proceso judicial en su contra y será un juez quien determine su responsabilidad.