El cambio de fiscales, la inexistencia de un preacuerdo en el papel y el supuesto desorden para mostrar los delitos en los que participaron nueve personas, hacen parte de una serie de obstáculos que ha tenido la justicia para definir las penas que deben pagar por pertenecer al cartel del licor adulterado desmantelado el año pasado.

El miércoles pasado se pretendía efectuar ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales la aprobación del trato. Sin embargo, el nuevo representante del ente acusador manifestó que tenía dudas para emitir un concepto.

Tercer fiscal

Ya es el tercer funcionario que asume el caso, quien indicó en la audiencia que si bien los preacuerdos son irretractables, no comprende cómo tuvieron los señalados los incrementos patrimoniales o en qué modo o cantidad de dinero afectaron a la Industria Licorera de Caldas, a la Gobernación y a Diageo.

El fiscal sostuvo que la incautación de estampillas y botellas no exhibe el detrimento patrimonial y los representantes de las víctimas tampoco fueron concretos, por lo que solicitó que ambas partes buscaran acercamientos y se aclare esta situación.

La jueza también indicó que el informe no especifica qué bienes muebles e inmuebles están vinculados, existen otros de los que no se sabe si pertenecen a este proceso y criticó incluso que la Fiscalía opte por presentar a tantas personas, cuando debería hacerse por grupos para evitar confusiones.

El representante del ente acusador respondió que buscará la maneras de depurar los textos y reclamó que sus antecesores no lo hubieran hecho en las audiencias preliminares y tampoco aclararan cuáles eran los términos del preacuerdo, y cuestionó sobre si pudo haberse tratado de un error.

Así mismo, la Procuraduría pidió ver un preacuerdo en físico, dado que al despacho no llegó ningún documento, lo que suele ser una costumbre en Manizales y esto también generó confusión.

Habló de nulidad

Un abogado de las víctimas denunció que ya son siete meses con traumatismos en medio de este proceso. El primero fue por una confusión entre aceptación de cargos y preacuerdo, lo que no está claro y esto podría estar violando el debido proceso, razón por la que podría presentarse una nulidad.

Debido a que los vinculados estarían aceptando algo sin saber en qué consiste, no se tiene claro cuánto pudo haber dejado de percibir la Gobernación por impuestos y calcular el incremento patrimonial es otra traba.

El fiscal respondió que entonces podría improbar el preacuerdo y continuar con el juicio oral, e insistió que defensores y víctimas debían acercarse, no esperar que la Fiscalía mediara. La jueza nuevamente indicó que no existe un preacuerdo para considerar su aprobación.

No gustó

Un abogado defensor reclamó la posición del ente acusador, tras alegar que este debe trabajar de la mano con todas las partes y si esta investigación es de años atrás, alguien tuvo que haberla adelantado.

Añadió que se puede cambiar el tono de voz y de fiscal, pero la Fiscalía sigue siendo una sola. También criticó que las audiencias se adelantaran con tantas personas. Al final, ante un tire y afloje, la jueza dio un plazo de 20 días para poner la casa en orden y buscar un acuerdo.

Incautaciones a la banda

Durante los operativos se incautaron 15 toneladas de licor adulterado y productos para elaborarlos, avaluados en unos $2.500 millones.

Estas acciones ilícitas defraudaron a las secretarías de Hacienda de Caldas, Antioquia, Valle y Nariño en $2.800 millones, por el no recaudo de impuestos en cuatro años.

Los predios

La Fiscalía ocupo 19 bienes inmuebles avaluados en $2.300 millones.

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