LA PATRIA | MANIZALES

Después de 20 años sin actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Riosucio, la Alcaldía decidió renovarlo. Los campesinos apoyaron, pero los cabildos indígenas no. Hubo tensión entre ambos, pero hay posibilidad de diálogo. Los primeros exigen cumplimiento y los segundos, consulta previa (Ver recuerdo Consulta Previa). Una cuestión de participación y autoridad.

Todo comenzó así

Según la Secretaría de Planeación Municipal, el proceso de actualización del PBOT arrancó en el 2021, pero en noviembre del 2022 se suspendió porque los indígenas solicitaron al Ministerio del Interior la consulta previa y este dijo que no se requería, en el 2023 reinició el plan.

Sin embargo, los gobernadores indígenas se quejaron, de nuevo, con el Ministerio y el órgano administrativo dictó un segundo concepto: cuando el proceso esté en la etapa final, se convocará a cada cabildo para verificar que no se estén violando los derechos y las costumbres de las etnias.

Entonces, la Alcaldía siguió con la actualización y programó reuniones en distintos puntos rurales para socializar lo que llevan hasta el momento y “construir el plan con las comunidades en base a sus necesidades”.

El nudo, todos por aparte

El viernes pasado, la Administración Municipal invitó a campesinos e indígenas a la socialización y citaron a los líderes de las 14 veredas del sector Tierra Fría que incluye al resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña. Se acordaron dos reuniones. Una en la parte alta y otra en la parte baja. No obstante, el resguardo impidió el paso del personal administrativo y de acuerdo con los campesinos, el de ellos también.

“Encontramos la vía cerrada con palos y más de 100 miembros de la guardia indígena. Queríamos pasar y no permitieron. Vulneraron nuestro derecho a la movilidad, a la participación ciudadana y a la libre asociación. Amenazaron diciendo que las tierras son de ellos, pero nosotros tenemos escritura de casi 200 años. Nacimos aquí, trabajamos y pagamos impuestos. Somos unas 500 familias y al menos 300 son campesinas, no indígenas. Queremos la actualización del PBOT. Ninguna cultura puede sobrepasar a la otra”, relata Nancy Castro, líder campesina.

“Desde el comienzo dijimos al Municipio que el contratista no tenía permiso de entrar al territorio hasta que existiera el espacio de conversación. Pese a notificar, insistieron en llegar. No comprenden que somos autoridad por ley. Hicimos un ejercicio de control territorial con la guardia indígena, fue legítimo. Pero hubo tensión, agredieron a una guardia y amenazaron a mi familia. No pedimos la tierra a nadie que tenga predio en nuestro territorio. No tenemos conflicto con la comunidad, sino con la Alcaldía. Ojalá nos sentemos y hablemos”, dijo Javier Alonso Salazar, gobernador del resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña.

“Hay personas dentro de la comunidad que se identifican como campesinos y somos respetuosos de sus derechos. Jamás se han puesto en duda, ni se han querido atropellar, pero sí es claro que la autoridad del territorio la tiene la comunidad indígena, así residan terceros ocupantes. Eso es lo que la Alcaldía no reconoce”, añaden desde el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC).

Tras lo sucedido, la Alcaldía reprogramó las reuniones en el casco urbano y el encuentro fue en el Teatro Cuesta, sin representación indígena. “Necesitamos resolver esto o seguir transportando a las personas al casco urbano, pero no es el deber ser porque para el PBOT se debe conocer el territorio, hacer las visitas de campo. Es injusto desplazar a los campesinos y no ir hasta ellos”.

Miércoles de diálogo

El alcalde conversó con la Gobernación de Caldas y el Ministerio del Interior. La mesa de diálogo es hoy. Asistirán los campesinos y los indígenas. El Ministerio será el que dé el concepto final.

Desde la Alcaldía solicitan acceso. “No vamos en contra de las comunidades, ni de los indígenas, simplemente queremos identificar las necesidades de cada una”. Los cabildos aseguran apoyar la actualización del PBOT. “Nos interesa el desarrollo de nuestro municipio, pero el alcalde ha desconocido a la comunidad indígena en su administración. Hasta que no tengamos claro qué es lo que se pretende no permitiremos que ingresen. Ojalá avancemos en el diálogo”. Y los campesinos reclaman que ni la Alcaldía, ni el resguardo habla por ellos. “Queremos hablar directamente con el Ministerio, que nos escuchen porque vemos difícil la conciliación, hay trsiteza en los campesinos".

Infografía | Juan Carlos Hómez | LA PATRIA

Mapa de Riosucio, casco urbano y resguardos indígenas.

Consulta previa

Es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o proyectos, obras y actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991.

Autoridad en Riosucio

El municipio tiene cinco autoridades. Cuatro jurisdicciones de resguardos indígenas: San Lorenzo, Cañamomo Lomaprieta, Escopetera Pirsa y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, y la jurisdicción municipal (Alcaldía). Reconocidas en el marco de derechos especiales nacionales e internacionales.

¿Qué es un Plan de Desarrollo Territorial (POT)?

Es una tarea de equipo en el que intervienen Gobierno, asesores y ciudadanos, con la idea de delimitar las políticas y estrategias que faciliten de forma equitativa el crecimiento social y económico de una ciudad desde la administración. Es una forma de contribuir a la participación que buscan los modelos de Gobierno Abierto. Es la hoja de ruta de la planificación. Se busca que la ciudadanía participe activamente de los procesos. Existen planes departamentales, municipales y locales. Según el libro Pistas para hacer del desarrollo nuestro plan de Consejo de Redacción.