El 18 de septiembre de 2014, la Policía evitó que tres personas murieran a manos de un sicario, tras efectuarle una requisa y encontrarle un revólver en su poder. Casi nueve años después, impedimientos y recusaciones se convirtieron en piedras en el camino para conocer la suerte de otros tres hombres señalados de participar en el hecho.

Así empezó

Un uniformado que realizaba patrullajes por la avenida Santander con calle 51, de Manizales, vio a un hombre que transitaba en una moto y le solicitó que se detuviera. Le halló en su poder un arma de fuego con la munición.

En octubre de ese mismo año, el sujeto identificado como José Luis Ruiz Vélez, desmovilizado del Bloque Bolívar de las Auc, confesó que su objetivo era asesinar a un abogado y que un par de primos le ofrecieron $60 millones por el ataque.

Luego se conoció que del intento de homicidio hacía parte otro familiar de estos sujetos, integrantes de una prestante familia de la ciudad y dedicada a la venta de electrodomésticos. Pretendían acabar también con la vida de otro profesional del derecho y de un tío de los señalados.

La razón principal sería porque les tenían embargada una millonaria herencia y la muerte del abogado les allanaría el camino. También le suministraron al sicario el arma de fuego y la moto y le prometieron una casa una vez recibieran lo que les tocara en la repartición.

Con base en la información que entregó el sicario, la Fiscalía acusó a otros tres hombres como determinadores de intento de homicidio y coautores de porte ilegal de armas de fuego, y a Ruiz Vélez, los mismos delitos con agravante.

Primeros pasos del proceso

* 1 de noviembre de 2014: La Fiscalía imputa cargos a los dos primos.

* 4 de noviembre de 2016: Realizan imputación al tercer familiar.

* 14 de diciembre de 2016: Imputación a José Luis Ruiz Vélez.

* 12 de febrero, 11 de marzo, 21 de abril de 2016 y 20 de febrero de 2017: El Juzgado Séptimo Penal del Circuito inicia el juicio oral contra los dos primos, se aplazan las audiencias y se da conexidad al proceso adelantado por el juez tercero contra un tío, el tercer señalado de la familia.

* 27 de abril de 2017: Se decreta la conexidad, es decir, se unen los procesos de todos los señalados, y se aplaza el juicio oral para fijar la preparatoria del proceso (del tercer familiar) que se adjuntó.

* 2 de mayo del 2017: el juzgado tercero, que lleva el caso del tercer señalado, suspende el juicio oral para dar paso a la conexidad y se acepta una recusación de un abogado defensor.

* 10 de mayo de 2017: Un tercer juzgado (el Cuarto) acepta la recusación.

* 26 de septiembre de 2017: El Juzgado Cuarto se declara impedido al argumentar que ejerció como funcionario de control de garantías en audiencias contra el sicario Ruiz Vélez.

* 27 de septiembre de 2017: El Juez Quinto Penal del Circuito se abstuvo de pronunciarse sobre el impedimento expresado por su homólogo del Cuarto, por estar incurso a su vez en una hipótesis que impedía asumir el conocimiento del asunto. Por lo anterior remitió el expediente al juez correspondiente para que se pronunciara sobre ambos impedimentos.

* 3 de octubre de 2017: El Juez Sexto Penal del Circuito recibe el caso.

* 25 y 27 del julio de 2018, 31 de enero y 12 de marzo de 2019: Se realiza la audiencia preparatoria contra el sicario y el tío para igualar el proceso con los dos primos

* 1 de marzo de 2021: Se da inicio al juicio oral

* 18 de agosto del 2021: La Fiscalía inicia el testimonio de un investigador de la Policía y abogados de los señalados, incluso del sicario, se oponen a las preguntas realizadas por considerarlas ilegales.

Discusión pasó al Tribunal

El fiscal del caso mencionó que el uniformado se referiría solamente a los hechos que le contó el sicario y le preguntó si sabía quiénes habían contratado a este sujeto. Sin embargo, el defensor de un implicado argumentó que las declaraciones de Ruiz Vélez no eran legales porque este no contó con asesoría de un defensor y se podría autoincriminar sin derecho a la defensa.

Lo mismo alegaron los otros representantes de los investigados e incluso, la defensora del sicario dijo que este todavía no había declarado en juicio y además pretendía guardar silencio a su turno. La Fiscalía respondió que el investigador no presenció los hechos, pero sí es testigo de unas afirmaciones que él pudo recibir.

Ante la polémica, el juez concluyó que la declaración era ilícita, les dio la razón a los abogados y ante la decisión, la Fiscalía y el apoderado de la víctima promovieron el recurso de apelación.

El ente acusador subrayó que el sicario rindió sus declaraciones de manera libre, consciente y voluntaria, el testimonio del agente era para saber cómo obtuvo la información del intento de homicidio y solo se pretende demostrar cómo tuvieron acceso a las declaraciones.

El Tribunal respondió que no tomaría ninguna decisión, pues el juez de primera instancia debió limitarse "a decidir si la objeción de los defensores estaba fundada o no y, bajo ese entendido, declarar si procedía o no la oposición, para que el testigo la contestara y se abstuviera de ello, y, desde luego, continuar con la práctica del testimonio sin permitir que se dilatara el proceso, como en realidad aconteció".

Finalizó llamando la atención al juzgado para evitar dilaciones injustificadas y tome las decisiones que le correspondan, toda vez que es quien debe aplicar los poderes de dirección y corrección en el proceso penal.

Reculó

La defensora de José Luis Ruiz Vélez sostuvo que el sujeto no tenía claridad de cuáles eran sus derechos y se sintió presionado por los abogados contra quienes iba el ataque, tras advertirle sobre las consecuencias de no aceptar su delito y los beneficios de cooperar. Le brindarían el principio de oportunidad, no se lo concedieron y por eso exigió garantías.

Aceptó cargos

En abril de 2015, José Luis Ruiz Vélez aceptó su responsabilidad como autor del porte ilegal de armas de fuego, por lo que le dieron una pena de 7 años y 10 meses de prisión. Ruiz Vélez le contó al abogado víctima detalles del plan y le dio los nombres de los dos primos.

El homicidio debía ejecutarse el 16 de septiembre; luego el 18, pero no lo encontró en su casa, por lo que lo persiguió por la Santander, donde lo detuvo la Policía. Ruiz Vélez le dijo a la Fiscalía que no recibió ayuda de los que lo contrataron y, además, supo que lo iban a matar también.