LA PATRIA| MANIZALES

Las primeras condenas en Caldas, vía preacuerdo, por el entramado de Las Marionetas, las dictaría el Juzgado Primero Penal Circuito Especializado de Manizales.

Así se estableció el miércoles, cuando la Corte Suprema de Justicia le confirmó a este despacho de la capital caldense que es el competente para seguir con el proceso que se lleva contra el exalcalde Aguadas, Diego Fernando González Marín; y Olga Lucía Botero Gómez, exgerente de la Empresa Regional de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte de Caldas, dos de los 37 vinculados a este proceso de corrupción, encabezado por el exsenador Mario Castaño Pérez.

Los delitos son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia y enriquecimiento ilícito de servidor público. La decisión de asignarle el proceso a este juzgado fue del magistrado Fabio Ospita Garzón.

Como se recordará, a finales de abril todo estaba dado para que González Marín y Botero Gómez dieran a conocer ante este juzgado el preacuerdo al que llegaron con la Fiscalía. Sin embargo, el abogado de la mujer, Daniel Agudelo Spaggiari, argumentó que el juzgador de la capital caldense no tenía competencia para conocer de ese proceso, que eso le correspondía a uno de Bogotá.

El juez no encontró reparos a la solicitud, pero tampoco se declaró impedido. Sin embargo, el caso lo remitió a la Corte.

Acuerdo

Se espera fecha para seguir con la audiencia para exponer el preacuerdo, que sería de 69 meses de cárcel para el exmandatario e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 85 meses (concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos).

Además, debe pedir excusas públicas a los aguadeños a través de un medio de difusión regional, allegando constancia que así lo certifique. Y aportar trajes de baile para cada uno de los integrantes del grupo Élite de Danza de la Casa de la Cultura del municipio, integrada por 20 personas.

Para Olga Lucía sería de 75 meses de prisión por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia. A ella se le adicionó que obtuvo un incremento patrimonial no justificado de $11 millones 200 mil, atribuido a un dinero que le dio un contratista. La inhabilidad, de 51 meses.

Los compromisos: pedir excusas públicas a través de un medio de difusión regional allegando constancia que así lo certifique. Realizar un ciclo de charlas a los estudiantes de la carrera de Administración pública de la ESAP en el municipio sobre los valores y principios que rigen la contratación estatal, donde se abordarán temas como principios, valores y ética de contratistas y servidores públicos en la contratación pública colombiana
 

De Aguadas

De los seis procesados de Aguadas, dos ingenieros -Fabio Andrés Rodríguez Hernández y Cristian Andrés Marín Henao- buscan preacuerdo entre 49 y 50 meses. Los demás profesionales, Álvaro Hernán Suárez Brochero y Mauricio Alberto Quiceno Cardona, seguirán adelante con las audiencias.

En enero pasado, la Corte definió que la competencia para conocer el proceso adelantado contra Alejandro Noreña Castro, Juan Sebastián Vargas Marín, Harvis Arturo Rentenría Rivas, Jeiler Javier Sánchez Moreno y Wílmar Herrera Gallego, correspondía al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.