LA PATRIA | MANIZALES

No le sirvió a Olga Constanza Duque Chica, exalcalde de Salamina, apelar ante el Tribunal Superior de Manizales la condena que en primera instancia le dio un juzgado de ese municipio del norte de Caldas, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el 30 de julio del 2021. La pena de 70 meses se mantuvo. La decisión se leyó el martes.

La investigación hizo referencia a dos contratos de señalización vial para el perímetro urbano del municipio. Uno del 5 de julio del 2012, por $29 millones 931 mil; y el otro del 10 de agosto del mismo año, por $36 millones 871 mil.

Pillada

La Veeduría Ciudadana de Salamina presentó queja sobre la ejecución idónea de la obra por desprendimiento de pintura, entre otras falencias de calidad. El caso llegó a la Contraloría que, a su vez, ofició a la Fiscalía para que evaluara la legalidad. Identificó que contratándose la señalización vial horizontal (aplicación de pintura en la vía) y vertical (instalación de señales, tachas, estoperoles), se trataba de contratos de obra, para los cuales, de acuerdo a la categoría del municipio y la cuantía de los negocios, debía acudirse a la selección abreviada, y no a la contratación directa. Se hizo en desmedro de la selección objetiva y la transparencia.

"La contratación directa escogida no era la fórmula legal correcta. Se seleccionó a una persona jurídica que, por demás, tenía por objeto social la fabricación, elaboración y venta de carnés plásticos, que en el RUT declaró una actividad económica de fabricación de formas básicas de plástico, y en el RUES de impresión, que no se correspondía con la señalización vial, que hace parte de las actividades de construcción", se explicó.

Del Tribunal

• "Cuando una persona opta por servir a una entidad pública y es formalmente vinculada a través de los medios legalmente establecidos, definitivamente está adquiriendo un compromiso mayúsculo que le demanda esmero y considerable cautela en el ejercicio de cada una de las tareas que su rol envuelve".
• "No podrá, quien posee responsabilidad de lo público, escudar sus defectos funcionales en la ignorancia, como tampoco podrá pretextar que su confianza en los demás le hizo errar en el ejercicio de sus propios deberes".
• "Alguien que se precie de ser la máxima autoridad administrativa de un municipio, aún cuando no tenga conocimientos jurídicos, debe concebir que al comprometer recursos públicos no podrá celebrar contratos de manera antojadiza, ni con tanta informalidad, como si de un negocio privado se tratase".
• "Como único proponente, incluso desde antes del estudio previo, se designó al ganador, lo cual genera una colosal suspicacia, que viene a complementarse cuando se escuchó al asesor de la alcaldesa, Jesús Santiago Arredondo, testificar genuinamente que se reunieron con el contratista y les manifestó que tenía toda la experiencia. Fue en reunión privada y con manifestaciones verbales que se gestó el camino para otorgar los contratos, en todo un ambiente confuso e informal que la exalcaldesa no frenó".

La primera providencia absolvió al contratista Gabriel Jaime Vera Pérez y a la exmandataria de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Esa decisión se mantuvo en segunda.

Casos recientes

• A Bernardo Arley Hernández Ayala, quien ganó en el 2015 la Alcaldía de Riosucio, avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Fiscalía le imputó hace unos días cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
• Hace unos días le negaron la preclusión al exrepresentante a la Cámara Abel David Jaramillo Largo, alcalde de Riosucio (2012-2015) por el MAIS y elegido de nuevo mandatario el pasado 29 de octubre. Es un proceso que se le sigue por los posibles delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
• Óscar Yhonny Zapata Ortiz, exalcalde de Aguadas y quien fue candidato a ese mismo cargo este año, afronta un juicio por el posible delito de falsedad ideológica en documento público.
• 10 años y 8 meses de condena le dieron este año, en primera instancia, a Luz Idalba Duque de Gómez, alcaldesa de Aguadas del 2012 al 2015. Fue por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
• Al actual alcalde de Marulanda, Juan David Grajales Marulanda, le imputaron cargos este año. Una ciudadana denunció que la contrataron por $3 millones, pero solo le pagaron $900 mil, pues el resto era para el mandatario. Lo señalan de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
• Recientemente, el exalcalde de Risaralda entre 2008 y 2011, Jorge Danilo Gutiérrez Cuartas, recibió la segunda condena tras su paso por ese cargo. Esta vez de 64 meses por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Ordenaron su detención.
• La Fiscalía tiene, al menos, 163 procesos contra mandatarios y exmandatarios de Caldas.