La abogada Dorys Ardila Muñoz, miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a las recomendaciones de la Comisión de La Verdad, dialogó con LA PATRIA sobre la función de esta dependencia y los grandes retos que se avecinan.

¿En qué momento se articula el Comité de Seguimiento, cuánto tiempo tendrá de ejecución y cuál será su función?

Su creación se hace efectiva en agosto del año pasado tras finalizar la tarea de la Comisión de La Verdad. Dos artículos de la disposición autorizaban a crear una instancia que pudiera hacer seguimiento al proceso de implementación de las funciones del informe y tiene una vigencia de 7 años. Sus funciones son de monitoreo, seguimiento e incidencia política.

¿Qué contiene la incidencia política?

Somos una instancia ubicada en el Sistema Integral de Paz, en donde están la JEP, la UBPD y el CSM que hará veeduría, creando espacios de diálogo para que las recomendaciones las asuma la institucionalidad colombiana en sus tres poderes, así como la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Es una estrategia de diálogo social que vela porque todos los actores asuman esa responsabilidad e implementen estrategias que se concreten.

¿Qué diferencia existe entre este Comité y la Comisión que la precede?

La Comisión era para el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, su tarea era establecer un relato histórico de por qué se dieron esas violaciones e infracciones de los derechos humanos, sin establecer acusaciones contra nadie porque no era su objetivo. Lo que nos toca hacer como CSM es seguimiento adecuado con indicadores y dar cuenta sobre 640 recomendaciones a la sociedad colombiana. A la institucionalidad le mostramos que tiene opciones de incorporarlas en la política pública para responder a las falencias.

Hallado

¿Qué hallazgos se presentaron durante el primer informe?

En el primer informe de monitoreo y gestión, publicado en julio pasado, se hizo seguimiento en el poder legislativo, es decir, cuáles propuestas incorporó el Gobierno en proyectos de ley y cuáles reflejan las recomendaciones del informe. 47 se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo y por otra parte se vieron el Acuerdo de Escazú, el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, la Ley de Memoria Histórica, el estatuto de igualdad para las mujeres o el reconocimiento al campesino como sujeto jurídico. Podemos decir que son avances de las recomendaciones del proceso de implementación.

¿Hacia dónde se encaminará la labor en el 2024?

Al 2024, objetivos fundamentales son complementar la fase de sistematización de las recomendaciones y elaborar un códice para que la sociedad colombiana pueda consultar en qué va ese informe o para qué sirve. Es una pedagogía política de la verdad, una tarea pendiente. También concretar la elaboración de un sistema de monitoreo y seguimiento. Con el primer informe del año entrante, hacia marzo, se quiere poner el foco en 109 recomendaciones sobre las cuales el Gobierno empieza a adoptar políticas públicas para implementar.

Frente a las recomendaciones de la Comisión, ¿qué falencias pudieron haberse encontrado y cómo podrían remediarse?

Hay algunas recomendaciones que necesitan sinergias de la institucionalidad colombiana, que en el sistema de atención a víctimas trabajen de manera coordinada para que esa fuerza pueda producir un mayor impacto en la resolución de circunstancias y garantías de derecho. También que las nuevas autoridades locales elegidas en octubre miren hacia el Plan de Desarrollo del Gobierno y se tenga en cuenta en buscar una salida para construir la paz.

Caldas

En Caldas se ha reclamado por la invisibilización que han tenido las víctimas a manos de instituciones del Estado. ¿Cómo perciben esta situación?

Lo que nos preocupa es que, en general, las recomendaciones que tienen que ver con dar respuesta a los derechos de las víctimas se pongan en ejecución y por eso estamos en un proceso de inicio de diálogos con distintos ministerios. Nos ha tocado empezar a construir la casa para poder funcionar, es un proceso burocrático que no es fácil. Tenemos que mirar cómo conjuntamente potenciar la respuesta a esos procesos de violaciones que invisibilizan.

Hoy existen grandes retos y obstáculos contra la paz, ¿de qué manera podrá aportar el Comité frente a esta dura ola de violencia que azota al país?

El comité ha estado en diálogos con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pendiente de cómo se desarrollan las negociaciones. Podemos hacer un llamado a la sociedad y a la institucionalidad colombiana, que no cesen los esfuerzos para buscar cómo finalizar el conflicto, tiene que ser el objetivo no solo del Comité, sino también del país.

Su hoja de vida

Dorys Ardila Muñoz es jurista y máster en Derecho Internacional Público de la Universidad Estatal de Rusia de la Amistad de los Pueblos. Docente universitaria, directora del programa de Resolución de Conflictos de la Cruz Roja, instructora en Derecho Internacional Humanitario. Actualmente integrante de la Mesa Catalana para la Paz y los Derechos Humanos para Colombia y miembro de la Mesa por la Verdad.