EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | MANIZALES

Carminia Ramírez dice que fue la segunda invasora de la parte media de Mirador de Samaria, un terreno que pertenece a la Alcaldía de Manizales en la Comuna Nuevo Horizonte y al que hace unos tres años un par de familias llegaron a la parte más alta, construyeron cambuches y sembraron cultivos.

Desde allí se observan barrios de por lo menos tres comunas de la ciudad, que han sido testigos del crecimiento desbordado de esta invasión. Ya reportan cerca de 600 casas en esterilla, sectorizadas en parte alta, media y baja. Al parecer unas 180 están habitadas y las restantes 420 desocupadas.

A Carminia la llaman Carmen. Es de las líderes que le han puesto el pecho a esta ocupación. Asegura que la necesidad la llevó a invadir. Tiene un hijo enfermo que se moviliza en silla de ruedas y asegura que ya no podía pagar alquiler y por eso tuvo que buscar este terreno al que estaba llegando gente

Condiciones precarias

Esta invasión parece un laberinto en una pendiente, pues no hay orden en las construcciones. Lo que se ven son estrechos caminos en barro, piedra y otros materiales que han regado para poder caminar. Por allí transitan los menores que estudian en instituciones educativas de Bosques del Norte o Solferino. Aquellos en sillas de ruedas o con muletas improvisaron rampas de madera para ingresar a las casas y cada uno se abre paso como puede entre el terreno.

Las familias, como al inicio de la invasión, siguen sin servicios públicos. Usan agua de nacimientos de la parte alta, que hacen llegar por tuberías y no es potable. No hay energía eléctrica, el servicio lo pidieron a la Chec, pero se los negaron.

En la mayoría de casas cocinan con leña, las demás con gas propano. No todas cuentan con baño y sanitario, por lo que acuden a los de los vecinos que sin problema los prestan. En las noches se iluminan con velas o bombillos recargables y algunas tiendas y casas de Samaria cobran $1.000 por carga de celular. Según el testimonio de Yaneth Silva, madre de cinco hijos, utilizan el celular para hacer tareas escolares, pero como a veces solo les alcanza para una recarga, cuando la batería se agota no hay luz ni tarea.

Algunos ya tienen un sistema al aire libre que canaliza las aguas negras por tuberías, trabajo para el que tuvieron que pagarle a un particular entre $120 mil y $200 mil por casa; otras siguen con un práctica artesanal de huecos en el terreno tapados por material o simplemente depositan la materia fecal en bolsas plásticas y las desechan en la parte baja, donde termina el barrio Samaria, para que las recoja el servicio de aseo de la ciudad.

Los de aquí y allá

Las viviendas fueron ocupadas por gente de barrios de la ciudad y desplazados, entre los que se observan adultos mayores sin pensión, enfermos, madres cabeza de hogar y un aproximado de 150 niños.

Invasores y residentes de Samaria, el barrio vecino, reconocen que algunos de los que han llegado a construir hasta cinco cambuches tienen casas y carro por fuera; esto con el fin de ganar otros predios sin ocuparlos. Incluso aseguran que habitantes de Samaria levantaron rancho en la invasión y suben cada que ven que llega una autoridad.

"Hay gente que hizo casa, la cerró y no volvió. Hay varias desocupadas, nadie llega a ellas. Los que estamos en la invasión somos los que hemos atravesado muchas dificultades para vivir acá", asegura Carmen.

A los cambuches desocupados los llaman casas candado, porque solo se les ve un cerrojo por fuera que asegura la puerta.

Otras realidades

Aunque en los tres sectores describen que la invasión es segura, denuncian que foráneos llegan a desvalijar las construcciones deshabitadas; además, con mucho temor piden tumbar puntos donde expenden alucinógenos.

Trabajan para constituir juntas de acción comunal y de vivienda, como instancias para promover la legalización del terreno y poder vivir sin la zozobra de ser desalojados o acceder a una reubicación.

Mirador de Samaria ha crecido tanto que ya limita por un costado con la antigua vía al Guamo, que también está invadida; en la parte alta con un cultivo de pino de un particular y la Reserva Monteleón; en la parte baja con el barrio Samaria, que es legal, pero comenzó como zona de reubicación de damnificados, con problemas sociales que fueron superados con el tiempo, hasta que llegó la invasión.

Lo más crítico de la vecindad con la invasión, sostienen, es que están bajando las basuras hasta las esquinas del barrio. Por temor a represalias, porque sostienen que hay gente amenazada en Samaria, piden no revelar sus nombres, pero se quejan de que se están enfrentando a problemas ambientales y sociales por el crecimiento de la invasión y agregan que lo que fue un sendero para caminar, para recrearse, pasó a ser una zona de tensión que ninguna autoridad ha resuelto.

Desde la Alcaldía

El abogado Hernando Peláez, jefe de Seguridad Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de Manizales, explica que el caso de la invasión Mirador de Samaria se desarrolla en dos frentes. Uno es que la Inspección Sexta adelanta un proceso policivo basado en el Artículo 77 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que hace referencia a la protección de bienes inmuebles y la medida correctiva que se debe imponer allí es la restitución de bienes a través de un desalojo. "Está pendiente para terminar la audiencia que señala la ley. Se han agotado todos los procesos, se ha garantizado el derecho de defensa y contradicción".

Otro frente del proceso es lo que ordenó el fallo de una tutela en el 2019 y que ordenó a la Alcaldía, a través de la Unidad de Vivienda y la Unidad de Gestión del Riesgo, y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas hacer un censo y caracterizar la población para definir quiénes pueden ser los beneficiarios de un auxilio o una ayuda estatal.

"Se está terminando de finiquitar esta fase, que arrojará cuál es la condición de cada familia, pues hemos encontrado personas que ya han sido beneficiarias de subsidios de vivienda y la han vendido o arrendado para irse a invadir allí. Aspiramos que a más tardar en un mes ya hayamos hecho la diligencia en el primer frente del proceso, pero debe estar sujeta al cumplimiento de las órdenes de la tutela".

Agrega que también están pendientes de una reunión con el Viceministerio de Vivienda para fijar los pasos y cumplir lo ordenado.

Cuestión de dignidad

El gerente de Emas, Juan Carlos Quintero, asegura que los funcionarios no tienen forma de entrar al asentamiento porque no cuenta con calles para que ingrese el vehículo. Sin embargo, recogen las basuras que generan los habitantes de la invasión y depositan en la vía.

Esta empresa pasa por Samaria los miércoles y sábados, entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. "Lo que hemos encontrado es que las personas depositan las excretas y depósitos de agua en bolsas de basura. Vemos afectados a nuestros trabajadores y vehículos, porque al momento de compactar dichas bolsas se revientan y los salpican, imagine el olor que genera. Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen acciones, ya sea brindarles acueducto o reubicarlos. Está en juego la dignidad".

Ausencia estatal

Mateo Giraldo Valencia, coordinador general de la Corporación Jorge Luis Ortega García, reconoce que ningún habitante de la invasión tiene titularidad sobre los predios y están en zona de riesgo. Sin embargo, solicita a la Alcaldía brindar un enfoque social que garantice los derechos de los pobladores. "En la ciudad no hay una política de vivienda, ni una Secretaría que financie, promueva o ayude a la gente más pobre; lo único es la Unidad de Vivienda municipal y las ayudas nacionales, que están centralizadas".

En materia de vivienda

Claudia María Salazar, directora de la Unidad de Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de Manizales, señala que a los ocupantes de la invasión Mirador de Samaria les han presentado la oferta en vivienda nacional y municipal.

Aclara que la competencia de la oferta de vivienda nueva recae en el Ministerio de Vivienda y en Fonvivienda, entidad que asigna los subsidios para familias ahorradoras. Respecto a vivienda subsidiada, dice que solo existen dos posibilidades: una para atender familias afectadas por eventos naturales con Registro Único de Damnificados, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La otra opción es para atender víctimas del conflicto a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Agrega que se debe conocer la política de vivienda que el Gobierno nacional presentó en su Plan de Desarrollo, para formular proyectos que le apunten a resolver estas necesidades.

Opinan

Carminia Ramírez

Si nos van a dejar acá, que nos pongan el agua y la luz, y si nos van a sacar, que nos reubiquen porque hay muchas personas enfermas, discapacitadas, adultos mayores que necesitamos que nos escuchen.

Esperanza Ramírez

Aquí nos ha tocado lucharla. Cuando llueve hay mucho pantano y han sido muchas las caídas para salir o llegar; además, no tener agua y luz sigue siendo un gran problema.

Miriam Clavijo

Vivía en Camilo Torres, pagaba $450 mil de arriendo y no me alcanzaba lo que ganaba. Aquí lo más duro es estar sola, sin agua y sin luz, aunque nos alumbramos con velas o con una lámpara de pilas.

José Iván Silva

Pagaba $220 mil por una pieza en arriendo y me di cuenta que aquí la gente estaba cogiendo el pedacito para hacer un rancho y me vine. Ha sido muy duro. Cuando llueve se nos moja todo.

Gloria Amparo Velásquez

Vivía en La Avanzada, tenía una tienda y con la pandemia se me fue al piso y me vi en la obligación de tomar este terreno que estaba convertido en basurero. Nos tocó muy duro, y seguimos padeciendo.

Luz Marina Giraldo

Estoy desde febrero del 2021. Trabajé de interna un año y con ese dinero construí aquí, pero me gustaría entregar porque estamos en una parte ajena.

Nestor Javier González

Sostengo a mis tres hijos y a mi esposa enferma. Antes estábamos en el barrio Minitas, pero si alcanzaba para el arriendo no había comida. Vimos que la gente estaba echando para acá entonces vinimos.

Marcela Caicedo

Somos desplazados de Magüí (Payán, Nariño), recibíamos auxilio humanitario, pero nos lo quitaron. No consigo trabajo porque tengo cáncer de tiroides y no me contratan.

Clara Inés Jaramillo

Dicen que han robado, pero yo me he ido dos días seguidos a casa de mi hija y nunca se me ha perdido nada, incluso me siento protegida.

Fabián Andrés Pacheco

Fuimos de los primeros, solo había una casa y de resto monte. Vivo con mi esposa y con mi hija de 16 meses. Aquí por lo menos no pagamos arriendo y la comida se rebusca, nosotros reciclamos miércoles y sábados.