LA PATRIA| MANIZALES

La representante legal y el contador público de una empresa de empleos temporales, en Manizales, están en líos con la justicia por, al parecer, engañar y defraudar al Estado para recibir, de manera indebida, las ayudas que se entregaron para el pago de salarios y de la prima, durante la pandemia de la Covid-19, en el 2020.

El fiscal 21 Especializado de Delitos Fiscales de Bogotá llegó esta semana a la capital caldense para judicializar a estas personas. A la mujer la detuvieron con orden judicial en la carrera 23 con calle 20. Al contador lo citaron a audiencia, sin orden de aprehensión. Los delitos que les atribuyen son fraude a subvenciones, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento privado.

LA PATRIA, que acudió a las audiencias que duraron 3 días y unas nueve horas, le cuenta detalles del posible fraude.

1. Arranque

La denuncia la hizo la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), del Ministerio de Hacienda, que para el 2020, durante la pandemia, entregaba ayudas a las empresas afectadas por la crisis de la Covid-19: Programa de Apoyo al Empleo Formal y Programa de Apoyo para el Pago de la Prima. El primero era mensual, el otro de una sola vez, en ese año.

"Se crearon para el apoyo al pago de los trabajadores dependientes, hago énfasis en esa palabra. Se les exigía a los empleadores una serie de requisitos para acceder. Personas naturales fingían ser empleadores y tener una relación laboral con independientes, afiliándolos a diferentes subsistemas con dos finalidades fraudulentas: evitar el pago de los aportes al sistema y realizarlo de manera incompleta. O buscar beneficios a los que no tienen derecho, como los subsidios de esos programas del 2020", narró el fiscal. Un independiente que gana $1 millón debería pagar $250 mil, pero estas agremiadores manejan un llamado combo a $70 mil. Esos panfletos con ese servicio lo vemos en muchos postes en las calles, añadió.

2. Modus operandi

La empresa de empleos temporales de Manizales, al parecer, ofrecía ese servicio de seguridad social para independientes, entre los que había taxistas, comerciantes, vendedores ambulantes, mineros de Marmato, entre otros. Según el fiscal, se aprovechaba de esto para hacer pasar a estas personas como dependientes de ellos y así justificar y pedir los apoyos del Gobierno.

3. Descubiertos

A un taxista manizaleño le llegó a su celular un mensaje donde el Minhacienda le notificaba que se le había enviado un auxilio de ayuda parafiscal por $3 millones 200 mil. A él le pareció extraña la situación y acudió a la empresa de empleos a pedir información y el dinero. Se la negaron, por lo que acudió a una tutela, que fallaron a su favor. El juzgador notó que podría existir algo ilícito y compulsó copias.

La entidad, para tratar de blindarse, llamó al conductor para entregarle el dinero, pero el caso ya había tomado otro rumbo. "Trataron de apagar el incendio, con tan mala suerte de que ya había una investigación tras compulsa de copias".

La actividad de esta empresa es ofrecer empleos temporales o por labor de obra a diferentes entidades, no la agremiación de personas independientes para el pago de la seguridad social. Tampoco tiene la calidad de empresa constituida, con empleados directos, para demostrar que tuvieran un vínculo laboral.

Los subsidios eran para las que demostraran, a través de requisitos -como certificación de contador público-, que efectivamente en la pandemia sufrieron una afectación patrimonial. Ustedes no cumplían con eso".

4. Posible monto

El fiscal habló de un fraude que alcanzaría los $4 mil 211 millones. Como cada mes variaba el número de personas usadas, se cree que habrían utilizado a unos 1.300 trabajadores independientes de Caldas. A unos cotizantes los engañaban diciéndoles que no pagaran la seguridad social, que se la descontaban del subsidio del Gobierno, contó el ente acusador. "Tenemos los recibos y las consignaciones. La empresa manizaleña no tenía los contratos de esas personas. Un error fue llamar a los independientes a decirles que les iban a pagar, pero cruzando con la seguridad social, para luego firmar contratos espurios ", expresó el acusador.

5. Siguió

El fiscal le llamó la atención a la procesada, pues pese a que ya había sido multada con $500 millones por la UGPP, por

agremiación ilegal, siguió. Así mismo al contador, por posiblemente prestarse para el fraude, al avalar con su firma hechos que no eran reales, durante 10 meses.

6. La medida

No aceptaron cargos, les recordaron que si buscan algún preacuerdo, deben devolver lo apropiado y cualquier pena que les den, por mínima, se tiene que pagar en la cárcel.

El fiscal pidió domiciliaria para la mujer, trabajadora social, de 45 años. La juez la otorgó, pero aclaró que en su concepto se debió solicitar intramural, por la gravedad de los hechos y porque al parecer se defraudó al Estado en una suma muy alta. Sin embargo, la juzgadora no puede imponer una medida por encima de la solicitada por el ente acusador.

La procesada firmó un acta con compromisos, como no cambiar de residencia sin permiso, por ejemplo. "No quiere esta juez enterarse de que se acerque o comunique con unas víctimas que darán su declaración en este caso. Deje que el proceso fluya tranquilamente y que ellas acudan a estrados".

Al contador público no le dieron ninguna medida, ni siquiera una en la que deba establecer compromisos. Primero, porque no se argumentó si era o no un peligro para la comunidad; segundo, porque ha estado atento al proceso y no se determinó que pueda obstruirlo.

"Al menos 9 mil independientes, en el país, en ese año, fueron vinculados a nóminas para obtener los subsidios", fiscal.