Sin saberlo, propietarios de minas en Marmato, de restaurantes en Manizales y taxistas se hicieron acreedores a beneficios que el Gobierno nacional emitió a causa de la crisis económica que causó la pandemia en el 2020.

Sin embargo, estos nunca solicitaron dichas ayudas y el dinero les llegó a otras personas, una trabajadora social que es la representante legal y el contador de una empresa de empleos temporales instalada en la capital de Caldas.

Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, la Fiscalía los acusó por fraude a subvenciones, estafa agravada, falsedad en documento privado y fraude procesal. Ellos siguen negando los cargos.

Los decretos

En mayo del 2020 se emitió el decreto 637 que declaraba el estado de emergencia económica, social y ecológica. Posteriormente se dio paso al 639, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que beneficiaba con un aporte económico mensual hasta por cuatro veces.

Luego, el 3 de junio de 2020 se creó el Programa para el Pago de la Prima (PAP), como única cuota de $220 mil a los empleadores por cada empleado que tuvieran y cotizaran al Sistema General de Seguridad Social y que ganaran desde un salario mínimo ($877.803) hasta $1 millón.

11 solicitudes

Según la Fiscalía, la empresa realizó 11 solicitudes (firmadas por ambos señalados) y presentó el formulario de postulación. Su representante afirmó que se constituyó antes del 6 de mayo del 2022 (fecha de emisión del primer decreto) y ante la contingencia había sufrido un 20% de disminución en sus ingresos.

A esto sumó que no recibía aportes del Estado, no realizó solicitudes de apoyo a otras entidades estatales y sus supuestos empleados sobre quienes recibiría el aporte, habían obtenido el sueldo en el mes anterior y certificó que pagaron sus aportes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Según las investigaciones, para el pago del PAP también firmaron documentos y el monto total de lo que recibieron por el PAEF fue de $4 millones 211 mil y $118 mil por la prima. En total les efectuaron 11 pagos.

Inconsistencias

Luego de realizar una auditoría, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, halló irregularidades y emitió una resolución de sanción al considerar que los pagos fueron improcedentes y ordenó la restitución del dinero.

La entidad manifestó que la empresa no demostró la destinación del apoyo con el pago de salarios y prima a los empleados, se benefició de apoyos estatales, no demostró la necesidad de dichas ayudas, mintió e hizo incurrir en error a la administración pública al manifestar que sufrió una disminución de ingresos.

En la acusación, la Fiscalía narró que los señalados hicieron pasar a desconocidos como si fueran sus empleados al fingir una relación laboral inexistente con la suscripción de contratos laborales falsos.

Se demostró que los supuestos empleados cumplen con otras actividades económicas como independientes, se presentaron documentos fraudulentos y falsos, los que enviaron a las autoridades cuando se les pidió demostrar el vínculo.

Pagos sospechosos

En los hallazgos, la UGPP determinó que la empresa realizó el pago a seguridad social de manera irregular, pues las cédulas de los presuntos trabajadores no cumplían con los requisitos mínimos de ley, y por otro lado, en el RUT (Registro Único Tributario) no aparecían como asalariados.

Por el contrario, se dedican al cultivo de café, extracción de oro, conducir taxis, entre otras, por lo que no tienen relación con la empresa dedicada a suministrar empleos temporales, que tampoco está autorizada para realizar afiliaciones colectivas de trabajadores independientes.

Sigue activa

La empresa señalada sigue funcionando, e incluso en sus redes sociales se aprecian sus ofertas laborales recientes.

La resolución

La UGPP emitió una resolución en agosto de 2022, en la que asegura que afiliar a independientes es un riesgo contra el sistema de seguridad social integral, así como contra los derechos y expectativas de personas que se afilian por medio de terceros no autorizados. Esto desencadenó la investigación que ahora adelanta la Fiscalía.

Los delitos endilgados

- Fraude a subvenciones: El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 5 a 9 años, multa de $174 millones hasta $870 millones e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 6 a 12 años.

- Estafa agravada: El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2 años y 8 meses hasta 12 años y multa de $58 millones hasta $1.305 millones.

- Falsedad en documento privado: El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 1 año y 4 meses a 9 años.

- Fraude procesal: El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de $174 millones a $870 millones e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años.