La representante legal y el contador de una agencia de empleos temporales de Manizales habrían aprovechado los auxilios que ofreció el Gobierno nacional para hurtar $4 mil 211 millones y ante la falta de un acuerdo, se irían a juicio.

Estas dos personas enfrentaban cargos por estafa agravada, falsedad en documento privado, fraude a subvenciones y fraude procesal. Sin embargo, la Fiscalía decidió retirar el primer delito y el próximo martes, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, se efectuará la audiencia preparatoria al juicio.

Emergencia económica

En mayo del 2020 se emitió el decreto 637 que declaraba el estado de emergencia económica social y ecológica en Colombia a raíz de la pandemia, que contemplaba un programa de apoyo al empleo formal.

El auxilio de $220 mil para los empleadores que tuvieran dependientes inscritos en el Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y ostentaran ingresos de hasta dos salarios mínimos.

De este modo, la agencia manizaleña realizó 11 solicitudes, tras indicar que tuvo una disminución de ingresos de más del 20% en comparación con el mes anterior, como indicaba la regla para acceder al beneficio.

La Fiscalía indicó durante la formulación de acusación que dicha empresa manifestó que tampoco había recibido ayudas similares y bajo gravedad de juramento, su representante legal dijo ser consciente de lo que recibiría.

Durante nueve meses, entre mayo del 2020 y febrero del 2021, habría recibido los $4 mil 211 millones, tal como está consignado en las cuentas tanto de la señalada como del banco que realizó la intermediación.

Fraude nacional

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) adelantó una investigación y terminó sancionando a la agencia, pues como explicó la Fiscalía, “se confiere sanción por recibir aportes estatales de manera improcedente, derivados de programas al apoyo a empleo y pago de primas, y se ordena la restitución”.

Se concluyó que no solo no se demostró la destinación de tal dinero para pago de salarios, sino que tampoco explicó la necesidad de dichas ayudas. Es decir, mintió e hizo incurrir en error a la administración pública, cuando declaró que sus ingresos se disminuyeron.

El fiscal añadió además que dicha pérdida de dinero para el Estado no es exclusiva en este caso, sino que a nivel nacional se estarían detectando conductas similares en medio de la pandemia y están bajo investigación, lo que denominó como una “estafa a la seguridad social”.

El titular del despacho añadió que sin tener autorización, la entidad afilió a trabajadores independientes sin su autorización y simuló tener una relación laboral con ellos. Sin embargo, sí eran sus clientes.

Al parecer, estas personas, entre quienes hay propietarios de restaurantes, mineros, cafeteros y taxistas, encontraron en esta empresa la oportunidad de pagar menos por la seguridad social, pero terminaron vinculadas con documentos falsos como empleadas para apoderarse de los recursos.

Así realizó las postulaciones a los programas de apoyo del Gobierno, fingió una relación laboral y se firmaron contratos falsos, los mismos que se mostraron como soportes a la UGPP, que posteriormente emitió la resolución de sanción en agosto del 2022.

También se halló que la agencia no estaba en el listado de entidades autorizadas por el Ministerio de Salud para registrar a independientes. Luego, la investigación pasó a manos de la Ficalía.

El 16 de noviembre del 2023 les imputó cargos a estas dos personas ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Manizales por fraude a subvenciones, estafa agravada, falsedad en documento privado y fraude procesal, los cuales negaron.

Solicitó nulidad

El defensor de la mujer alegó que no existían señalamientos de hechos jurídicamente relevantes, tampoco encontraba el medio engañoso o fraudulento, no se señalaba a las víctimas del delito y la resolución de la UGPP no era clara en las conductas denunciadas.

Frente a la estafa, alegó que se debía prevenir las imputaciones y acusaciones vagas o ambiguas, pues no se demostraba quiénes eran víctimas en este delito, ni la cuantía del dinero perdido y no se halló pérdida del patrimonio, lo que el juzgado de garantías también había advertido.

El fiscal respondió que con los documentos expuestos se demostró cómo se faltó a la verdad para hacer incurrir en error a la administración, e incluso existen los formularios que se llenaron con firmas falsas a través de los bancos.

Ese dinero perdido, sostuvo, evitó que el Estado percibiera recursos necesarios para otros colombianos.

Sobre el reclamo por la estafa, manifestó que la empresa no cumplía los requisitos para agremiar a personas y por eso recibió la sanción de la UGPP, que terminó siendo víctima de detrimento patrimonial.

El juez indicó que en ese delito, la Fiscalía no fue clara y por ende declaró que se presentaría la nulidad, lo que obligaría a retroceder en el proceso. Ante esto, el ente acusador optó por retirar el delito y así se zanjó la controversia.

Desleal

La representante de la UGPP reiteró que no permitirá que se lleve a cabo una aceptación de cargos si no se reintegran los $4 mil 211 millones y se indemniza a la entidad.

Así mismo, calificó como de desleal la actitud del abogado de la señalada, porque en reuniones anteriores se intentó llegar a un acuerdo y no llegó a buen término, hecho que la Fiscalía confirmó, e incluso dijo que la solicitud de nulidad era una maniobra dilatoria.

Un tercero

En la audiencia de acusación se mencionó a una tercera persona, a quien podrían vincular al proceso judicial.

Daño para el cotizante

Según la Fiscalía, aquellas personas a quienes les falsificaron la firma estarían en riesgo de perder las semanas cotizadas con esta agencia, pues lo que hizo fue vincularlos como empleados para obtener los beneficios económicos.