LA PATRIA | Manizales

Melissa juega, a 30 ºC, en una plancha de cemento de lo que será el jardín infantil de la invasión de Potrerillo, su hogar. Hace nueve años a su mamá, Mariana Díaz, le comenzaron los dolores de parto a las 11:00 p.m. Estaba en su casa, la número 273, cuando salió de urgencia para Manizales a dar a luz a su primogénita. Ahora la madre, recostada en una pared de bahareque y con su rostro sudoroso, observa a su hija y dice: “Nos gusta vivir aquí”.

Nueva Esperanza, como llaman sus ocupantes a la invasión de Potrerillo, cumple 10 años este martes. Desde entonces, tiene las mismas 377 casas, en una de las cinco hectáreas de la Hacienda que fue incautada al hermano de Pablo Escobar, Roberto, alias el Osito, y ahora propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La diferencia es que en el 2013 había 600 personas y ahora, mil 200. De los cuales, 560 son niños, según el censo de la fundación que crearon los ocupantes. 

Por sus calles destapadas se ven casas forradas en publicidad electoral y otras con fachadas en superboard, pintadas al estilo colonial. En la mayoría, las puertas permanecen abiertas, por donde resuenan los bafles de música y se ven ventiladores girar. Hay salones de belleza, barbería, montallantas, tiendas, chatarrería, puesto de arepas y marquetería. También cancha de fútbol y cuatro mototaxis como la de David Guzmán, quien cobra $5 mil al Kilómetro 41 y $20 mil a Arauca (Palestina).

Avances

La invasión ahora parece un barrio vecino de la variante Tesalia de Pacífico Tres, que conduce al puente Fortunato Gaviria. Otra señal de cambio a simple vista es la red de energía que Chec instaló provisionalmente en diciembre del 2016. La factura les llega cada dos meses, entre $20 mil y $50 mil, según el consumo. Por los postes también hay cableado de dos empresas de internet.

El acueducto y el alcantarillado artesanal son un logro comunitario, con recursos propios extendieron la tubería desde el nacimiento Hogaperros, ubicada a 1 hora y 20 minutos en una vereda de Anserma. Cuentan con un tanque de 40 mil litros que se queda corto para darles suministro de manera continua. Por eso tienen un horario para el servicio, de 4:00 a.m. a 9:00 a.m., y de 4:00 p.m. hasta que se vacíe el tanque, a eso de las 8:00 p.m. Cada mes recogen $5 mil para las labores del fontanero y $2 mil para el mantenimiento y limpieza de los desagües. Además, las basuras las recoge Emas, lunes y jueves, en la vía principal al Kilómetro 41.

La lideresa

Leidy Llisney Castro Montoya, de 36 años, es estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad Luis Amigó, madre soltera, representante legal de la Fundación Nueva Esperanza y lideresa de Potrerillo. Su casa es la 376, aunque no la habita desde el 2020. “Llegué aquí porque mi familia también fue víctima de Sorany Franco. Invirtieron en la venta que ella hizo diciendo que eran lotes de 10 por 10, que tenía la documentación y nos pasó lo mismo que al resto, perdimos la plata”. 

Al principio fue secretaria de la Fundación y luego asumió el liderazgo. “Yo no quería. Ser líder es muy difícil, hay personas que quieren jalar para beneficio propio y hay otras que queremos jalar para beneficio de todos. Algunos no comprendieron eso y entonces empezaron las amenazas”.

Leidy ingresó en el 2017 a la universidad para defender los derechos de su comunidad, aunque es consciente de que sus decisiones no son aceptadas por unos cuantos, sobre todo, por quienes llegaron después de la invasión. Recuerda que un día un furgón intentó atropellarla en su moto, en otra ocasión le tiraron piedras mientras manejaba y le metieron papeles amenazantes por debajo de la puerta que decían: “Le van a dar cuchillo a usted y a su familia”. Denunció en La Fiscalía y le enviaron medida de protección. “Eso no sirve para nada. Me tocó venirme para acá (Manizales), pero cada ocho días bajo a podar las matas, limpiar mi casa y a solucionarle problemas a la comunidad”.

Anexos al Kilómetro 41

Una preocupación vigente es la educación de los 560 niños. Los más pequeños de la invasión no tienen jardínes. “En el Kilómetro 41 está el programa de Cero a siempre, pero tiene sobrecupo y hay un colegio que está sobrepoblado”, afirma Leidy. Desde la Secretaría de Educación Municipal confirman que ha habido un incremento de matrículas en la institución desde el 2013, cuando había 567 estudiantes, hoy hay 628. Un aumento de 10.76%

Asimismo, el rector del colegio Giovanni Montini, Luis Alfonso Ocampo, explica que hay 145 estudiantes de Potrerillo, desde grado transición hasta once, con mayoría en primaria (77); y tienen dos grados en sobrecupo. “Los de tercero están en un aula prestada por la Junta de Acción Comunal. Requerimos urgentemente que la Administración Municipal amplíe la planta física”.

Una comunidad a la espera

Leidy añade que está agotada de su trabajo como lideresa y recuerda que después del nacimiento de su hijo, hace 7 años, estuvo en coma. “Fue precisamente por todo el trabajo que hice en la invasión, mi salud se deterioró. Fue una época muy difícil para mí, no sé por qué Dios me salvó. Creo que tal vez por el hecho de ser mamá y que hay una comunidad que espera en mí muchas cosas, por eso sigo acá”.

Reconoce que ha querido entregar el cargo “todas las veces” y se desmotiva al saber que algunas personas en la invasión tienen casas en otros municipios y generan problemas de convivencia. “No merecen estar en una comunidad que está tratando de salir adelante”. Para Leidy, su sueño es ver crecer a su hijo y a Nueva Esperanza legalizada.

En lo judicial

Después de que invadieron Potrerillo el 11 de julio del 2013, durante la Administración de Jorge Eduardo Rojas, se emitió una orden de desalojo. Esta se frenó por acciones de tutela. El proceso llegó hasta el Consejo de Estado, que el 5 de agosto del 2014 ratificó la orden de desocupar el terreno.
En el 2016, el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis interpuso una acción popular para que el Gobierno implementara un plan de manejo de mantenimiento y conservación del inmueble, y se concediera el derecho a las familias del lote vivienda digna y titularidad. El 1 de noviembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió mantener la vigilancia del terreno, rellenar la piscina y hacer cerramiento del predio. Sobre la titulación, indicó que debía definirse la viabilidad de donarlo al municipio.
El entonces alcalde Octavio Cardona (2016-2019) indicó que estaba gestionando con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la donación. Al consultar a la actual Unidad de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Manizales, se conoció que la SAE comisionó a la Alcaldía para realizar el desalojo. La Administración solicitó a la Sociedad asumir el costo logístico. Sin embargo, según la Unidad, aún no se ha llegado a un acuerdo.
El gerente de la regional Occidente de la SAE, Luis Mauricio Urquijo Tejada, explicó que Potrerillo, al tratarse de un bien en extinción de dominio, deben ofrecerlo primero a la Agencia Nacional de Tierras (ANT); si reciben el inmueble en transferencia directa, “serán ellos quienes, como autoridad en reforma agraria, decidan en torno a la eventual titulación, según sus políticas”. Agregó que ya instalaron las mesas de trabajo con las unidades de gestión territorial de la ANT y que esperan tener definida la ruta de este caso este año.
La Fundación Nueva Esperanza también consultó con el Concejo de Manizales y el Ministerio de Vivienda el uso y legalización del predio. En marzo de este año, la Corporación le indicó que hasta el momento no se habían presentado planes o programas del Ordenamiento Territorial que aborden el uso del suelo donde está la invasión. Y en abril, el Ministerio les dio a conocer los requisitos para ser beneficiarios de la figura de Cesión a título gratuito de bienes fiscales, después de ocuparlos de manera ininterrumpida durante 10 años, pero Potrerillo es un inmueble de extinción de dominio.

Casa 273

Mariana Díaz es mamá de Melissa y de Matías que hoy cumple dos años. Su esposo, Mesías Cruz, trabaja en un vivero de aguacate. La mayoría de los habitantes de Potrerillo laboran en fincas de cítricos, en minas y en construcción.

Casa 159

Francisco Javier López vive en la invasión desde sus inicios. Tiene 63 años y en su casa cuelga un diploma que lo consagra como promotor de convivencia y seguridad que la misma comunidad le otorgó. En el 2013, fue el fontanero de Potrerillo. Actualmente, vive con Melba, su pareja y sus dos perros, Laila y Finin. Además, cuida la casa de su tía Luz Marina López, la 158, que vive en Manizales.  

Casa 251

A María Luz Mery Villada, de 55 años, la rodean sus nietos Yonier y Emelin, de 3 y 5 años respectivamente, mientras ella enseña su máquina de moler maíz en su cocina de baldosas disparejas. Su puesto de arepas está a un costado de la cancha, con el que sostiene a su familia. Se levanta a la madrugada a prepararlas y vende un promedio de 500 arepas semanalmente, cada una a $1.600.

Casa 162

Roberto Osorio Naranjo, de 81 años, cuida la casa de su hija y su nieta, a un lado del puesto de arepas de doña Mery y de la cancha de fútbol. Él vive en el Kilómetro 41 y se moviliza, a diario, en bicicleta hasta Potrerillo. Su hija y su nieta bajan los fines de semana, ambas viven en Manizales.

Casa 49

En la sala de la casa de Claudia Andrea Riaza, de 43 años, está su salón de uñas. Llegó el día de la invasión, vive con su esposo y sus gatos. “Vimos este lote, éramos unas 20 personas, y no creímos que esto se fuera a agrandar tanto. Nos metimos acá porque no tenemos casa y la necesitamos”. Asegura que cuando llegaron más personas hubo desorden.

Casa 174

Esel Darío Tamayo es de Santafé de Antioquia, tiene 54 años y hace ocho construyó su casa esquinera de dos pisos en la entrada de la invasión. En la primera planta vive y tiene su tienda, Estanquillo Tamayo, desde hace siete años. Arrienda el piso de arriba por $200 mil y trabaja en una finca, medio tiempo.