LA PATRIA | MANIZALES

La caldense Claudia Marcela Castaño Morales fue una de las nueve personas capturadas el 6 de marzo del 2022, en Manizales, cuando empezó el entramado de Las Marionetas, que hoy tiene en líos a, al menos, 45 personas.

En las audiencias de control de garantías, en Bogotá, preacordó pena y la sacaría barata, pues partiría de 16 meses por concierto para delinquir agravado.

Sin embargo, 26 meses después, su situación se complicó y, de paso, la de la fiscal 94 anticorrupción, Ángela Córdoba, y su equipo.

Al resolver una apelación, el Tribunal Superior de Bogotá no solo negó ese preacuerdo entre el ente acusador y la manizaleña, por considerarlo benévolo, sino que ordenó investigar a la funcionaria por la decisión tomada.

"El allanamiento a cargos es improcedente, ya que Claudia Marcela no reintegró el incremento patrimonial obtenido irregularmente. Además, la rebaja punitiva que obtuvo es ilegal y desproporcional", indicaron los juzgadores.

El magistrado compulsó copias penales con destino a la Fiscalía y disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para que investiguen las posibles conductas punibles y faltas en las que hayan podido incurrir los fiscales delegados que participaron en las audiencias de imputación del 7 de marzo de 2022 y en las subsiguientes diligencias de verificación del allanamiento preacordado de este proceso.

1. La señalan

Según la Fiscalía, la manizaleña Claudia Marcela Castaño Morales administró las cuentas corrientes 084369997030 y 62362792820, de Davivienda y Bancolombia, respectivamente, pertenecientes a la sociedad Top Ingeniería S.A.S., de su hermano, Santiago Castaño.

En ellas había recursos públicos que destinó al pago de coimas y porcentajes en contraprestación por la asignación de diferentes contratos de la siguiente manera:

1. Pagos y transacciones a Juan Carlos Martínez Rodríguez por coimas y porcentajes por el direccionamiento irregular de contratos.
2. Aplicación de pagos a proveedores y nómina, correspondiente a la ejecución de las obras privadas del fallecido exsenador Mario Castaño. Para dar apariencia de legalidad a las coimas derivadas de la asignación de contratos, Top Ingeniería S.A.S. ejecutó dos obras privadas del senador: la 24 y Bengala.
3. Pago de dádiva a Daniela Ospina Loaiza.
4. Pagos de ejecución del contrato de interventoría de Gensa. Coordinó con Martínez Rodríguez, en el primer semestre del 2021, el pago de los proveedores y nómina de la ejecución de Gensa. En ese contrato se presentó peculado en favor de aquel, correspondiente al anticipo de $285 millones.

2. Giros

Adicionalmente, Claudia Marcela, por instrucciones de su hermano, giró desde una cuenta de Bancolombia a Martínez Rodríguez las siguientes sumas de dinero (foto), como contraprestación por la adjudicación del contrato de obra 9677-PPAL001-292-2021, celebrado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Consorcio San Miguel (obras de mitigación en Manizales).

Reproducción | LA PATRIA

3. El proceso

A Claudia Marcela la judicializaron por concierto para delinquir agravado. Tras preacordar, la pena partía de 16 meses y el ente acusador indicó que ella no obtuvo un incremento patrimonial.

Aparte afronta otros procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Le dieron domiciliaria ese 7 de marzo del 2022.

El 6 de febrero del 2024, el Juzgado 8° Penal Especializado improbó el allanamiento a cargos. La defensa y la Fiscalía apelaron.

4. Incremento

• Para el juez y para los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que negaron el preacuerdo, Claudia Marcela dirigió recursos públicos para el pago de coimas a miembros de la organización criminal a la que perteneció, por lo que es posible establecer un posible incremento patrimonial.
• "La Fiscalía tiene el deber de desplegar un mínimo de diligencia que permita advertir o descartar el incremento patrimonial, pero no lo hizo. La existencia de otras actuaciones en contra de la procesada por posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito son indiferentes, pues cada delito tiene implicaciones económicas diversas. No hay evidencia de que la procesada haya restituido los recursos apropiados. La disminución de la pena de 96 meses a 16 meses de prisión es desproporcionada".
• "No entiende la Sala cómo, si ese dinero de las obras de mitigación para Manizales lo consignó el Estado a título de, al parecer, anticipos para ejecutarlas, la procesada no tuvo influencia, al menos, como interviniente en la posible comisión de peculado, en el entendido de que esas coimas se pagaron con dineros destinados al cumplimiento del objeto contractual".
• "La gran cantidad de irregularidades señaladas y los múltiples beneficios que la Fiscalía intentó otorgar a Claudia Marcela parecen ser un intento por favorecerla, que no se puede soslayar".

La fiscal argumentó que el juzgado entendió mal, pues Claudia Marcela "no administró recursos públicos, sino las cuentas privadas en las que estos eran consignados".

La defensa expresó que ella se limitó a transferir dinero a los diferentes integrantes de la organización criminal por órdenes de su hermano.

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