Los hermanos Francisco Javier y José Darío Núñez Sánchez, de 61 y 62 años respectivamente, aceptaron su responsabilidad ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales por traficar medicamentos en mal de estado, de alto costo y controlados.

El actuar delincuencial se habría detectado en octubre del 2011, cuando un grupo de personas incluidos los dos sujetos, acordó dividirse funciones para reunirse con hombres y mujeres en establecimientos comerciales, en donde intercambiaban fármacos.

La Fiscalía determinó que con otro hombre conocido como Cipriano comercializaban productos deteriorados que incumplían las exigencias técnicas, además de que a los mismos pacientes les compraban lo que luego vendían a hospitales, IPS y a otros participantes del mercado ilegal.

De alto costo

Se trata de medicamentos de alto costo, sobretodo para el tratamiento de enfermedades oncológicas, diabetes, hemofilia, así como otros controlados por Fondo Nacional de Estupefacientes y representan alto riesgo de adicción.

La labor de Francisco consistía en solicitar y pagar los fármacos según la necesidad y conseguirlos a los precios más bajos posibles, sin importar la procedencia. Además, se encargaba de conseguir los clientes.

Una pista para dar con esta banda fue el envío a través de una empresa de encomiendas desde Cúcuta, pero en una revisión de rutina, la DIAN incautó el cargamento, dado que eran productos falsificados y otros no contaban con los requisitos necesarios, sometidos a altas temperaturas y necesitaban la conservación en cadena de frío.

Con otro desconocido acordó la compra de Losartán (para tratar la presión arterial), cuyo destino era un hospital público de Bogotá, porque desde allí le habían efectuado la solicitud.

A otro sujeto le compró otros medicamentos cuyos empaques estaban mojados y la solución fue ponerlos a secar. Otros presentaban los sellos reventados y tampoco fue esto problema para buscar clientes.

Con un tipo conocido como Fredy, Francisco adquirió un fármaco para el tratamiento de la hemofilia que también presentaban alteraciones en los frascos. Quien los facilitaba era un paciente. Vendía la unidad a $30 mil, cuando su precio era de $992 mil.

Sus proveedores

Sustancias para el tratamiento del cáncer, cuyo valor estaba entre los $2 millones 100 mil y $14 millones 500 mil, las vendía por precios cercanos al $1 millón 500 mil.

A una mujer en Medellín que recibió un trasplante de órgano, Francisco le compraba cuatro tipos de medicamentos, e incluso ella misma se encargaba de conseguir a otros pacientes que le vendieran.

José Darío, conocido como Chorrito, se encargaba de buscar droguerías y EPS en Manizales para comercializar y suministrar los medicamentos provenientes del mercado ilegal o de pacientes. A enfermos de cáncer se los ofrecía a bajo costo.

Lucho, Álvaro, Martillo, Vigilia y otra mujer les suministraban, además de productos alterados, otros como morfina y metadona, de uso controlado que producen dependencia, por lo que se debe contar con autorización del Fondo Nacional de Estupefacientes para su comercialización y uso. El Zarco, otro proveedor, le vendía medicamentos para pacientes con epilepsia.

José Darío incluso acudía a cafeterías, bares o billares, a donde llegaban ciudadanos con bolsas para comprar los fármacos, creyendo en el buen precio y desconociendo que eran de mala calidad y alterados.

La Fiscalía también expuso que Jorge, cercano a los hermanos, comercializaba medicamentos controlados y frecuentaba una farmacia, en donde entregaba lo que adquiría en el mercado ilegal.

Fue tras una larga investigación que el 12 de diciembre del 2023, las autoridades realizaron dos allanamientos a las viviendas de Francisco y José Darío en el barrio Villa Pilar y en la avenida Santander con calle 45, para capturarlos.

Allí hallaron medicamentos sin caja, que incumplían la cadena de frío y otros que tenían las marcas de uso institucional, de muestras médicas, e incluso de uso controlado.

Esperan condena

El viernes pasado, los hermanos Núñez Sánchez llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, el que aprobó el juez. Pagarían 6 años de prisión por concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y enajenación ilegal de medicamentos. El 2 de agosto se conocerá la sentencia.

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