LA PATRIA| MANIZALES

Las diligencias judiciales de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) traen esperanza a familias caldenses.

Estos procedimientos se desarrollan por las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas de desaparición forzada y de graves crímenes ocurridos en el Resguardo San Lorenzo y en otros cementerios cercanos a ese municipio del occidente caldense.

El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef), de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, avanza en la recuperación de cuerpos en 53 puntos de interés forense ubicados en el cementerio El Carmen. El enfoque étnico, justicia itinerante, enfoque territorial y el principio de centralidad de las víctimas determinan el trabajo de la JEP en los territorios.

La Sección de Ausencia reportó 35 hallazgos forenses (partes de cuerpos esqueletizados), que podrían pertenecer a personas de esas comunidades. Ocurrió luego de la tercera jornada de exhumación en el cementerio El Carmen.

Hasta allí llegaron un grupo de antropólogos, odontólogos expertos y un equipo interdisciplinario del Gatef, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que trabajó en la recuperación de 7 hallazgos forenses que fueron entregados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avance en su identificación.

Grupo

Como fruto de las actuaciones integrales ordenadas por la JEP, actualmente se tienen trazadas 68 áreas de interés forense protegidas, 15 en el Territorio Ancestral y 53 en el cementerio El Carmen, de Riosucio, donde el grupo de expertos profesionales de la JEP ha intervenido al menor el 50% de los sitios de interés. En estos puntos identificados se podrían encontrar miembros de las comunidades indígenas de San Lorenzo, Cañamomo y Lomaprieta, entre otros, reportados como desaparecidos.

El despacho de la magistrada María del Pilar Valencia García, relatora de estas medidas cautelares, ha aplicado al enfoque étnico y territorial. En el proceso se ha sostenido un diálogo intercultural con las autoridades de los resguardos indígenas ubicados en Riosucio y Supía para escuchar y atender sus inquietudes en aras de incluir su voz en el trámite judicial y respetando su cosmovisión. "Estos enfoques se han conjugado con el principio de la centralidad de las víctimas, para que en el trámite ante la JEP materialicen sus derechos", contó la magistrada.

La Sección avanza en el trámite de la medida cautelar a raíz de la solicitud elevada por el Cabildo Central del Territorio

Ancestral San Lorenzo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En el proceso judicial, las mismas comunidades han percibido un cambio en la forma en que se administra la justicia y resaltan el avance que ello significa desde su cosmogonía. Así lo destacó Sori Mildonia Morales, gobernadora del Resguardo Indígena de San Lorenzo.

Arnobia Moreno, coordinadora de Justicia Propia del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, subrayó las decisiones adoptadas por la Jurisdicción y la importancia del diálogo entre la Jurisdicción y su sistema.

“Vemos muy importante todos los procesos con la JEP. Me motivó mucho estar acá y creo que la única manera que podemos entre todos colaborarnos es ayudar a esclarecer los hechos que pasaron en el territorio a través de estos enlaces entre las instituciones y comunidades indígenas", expresó.

La JEP ha coordinado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que la articulación institucional del Sistema Integral para la Paz se traduzca en beneficio para las víctimas involucradas en este trámite cautelar, que busca proteger a las víctimas de desaparición forzada y los derechos de sus familiares. Como parte de esta coordinación, se desarrollaron jornadas de atención integral a las víctimas. En ellas, se resolvieron dudas, se acopió información sobre sus casos y se tomaron muestras biológicas de ADN, que le permitan a Medicina Legal avanzar en la identificación de los hallazgos y entrega digna a los familiares de las víctimas.

Según Medicina Legal, a la fecha Riosucio tiene 582 desaparecidos: 477 presuntamente forzados y 16 por reclutamiento ilícito. 89 más, sin clasificar.

Debe saber

• 569 municipios soportaron 609 tomas guerrilleras y 1.146 ataques a puestos de policías, entre 1965 y el 2013.
• En Caldas fueron 26. Mil 106 fueron de las Farc, es decir, el 63% (389 tomas y 717 ataques). Del Eln, 323 y del Epl, 88, entre otros.
• Hay 46 casos en los que las autoridades y la población estaban advertidas de lo que pasaría
• Entre 1979 y 1991, Caldas soportó 12 acciones insurgentes. De 1992 al 2002, las Farc cometieron 10 en nuestro departamento. Del 2003 al 2013, cuatro.
• 225 tomas duraron entre una y cinco horas. 16, 20 horas o más.
• Se dieron 35 casos de ""juicios" y 73 de fusilamientos mientras se desenvolvían las incursiones.
• En 185 incursiones hubo 998 secuestros (683 de la Fuerza Pública y 315 civiles).
• Estas acciones arrojaron dos mil 495 muertes (mil 7 civiles y mil 488 de la Fuerza Pública). De los civiles, 140 eran menores de edad. De la Fuerza Pública, el 78,4% fueron policías. Además, 4 mil 344 personas lesionados.
• $45 mil 626 millones pagó el Estado de indemnizaciones, por muertes en actos del servicio, entre 1999 y el 2001.
• De Caldas se enumeran la toma a Arboleda, San Lorenzo, Victoria, Florencia, Montebonito, Pueblo Nuevo, entre otras.

 Reciente

- En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo se enumeraron algunos hechos recientes que generaron temor en Riosucio y Supía, especialmente en comunidades indígenas. Estos son algunos.

-Reorganización de grupos armados ilegales en el Alto Occidente caldense, presencia armada que se desarrolla bajo nuevas lógicas de control social y territorial en la zona. Con desmovilizados de la Auc, Cordillera y/o Autodefensas Gaitanistas de Colombia y/o Águilas Negras-

-En el 2014 se recibió información sobre disputas entre integrantes del Cacique Pipintá, que no se desmovilizaron y que estaban actuando en alianza con Oficina de Envigado por el control de las llamadas ollas y cobros extorsivos a mineros.

-En las comunidades de Sipirra, Miraflores y Pulgarín, del resguardo Cañamomo-Lomaprieta, se reportó en mayo del 2015 la presencia constante de hombres y mujeres armados que se movilizaban en grupos de 8 y 10 personas.

-Hubo intimidaciones para la familia de un candidato a la Alcaldía de Riosucio, en noviembre del 2014.

-Muete del líder Fernando Salazar y desplazamiento forzado de Fabio de Jesús Moreno, ambos dirigentes de la Asociación de Mineros Indígenas del resguardo Cañamomo-Lomaprieta.

-Intimidaciones en contra de Benjamín Taba, gobernador suplente del resguardo de La Montaña, por el control territorial del cabildo indígena frente a la explotación minera ilegal en el sector Río Arriba, límites con Mistrató.

-Amenazas en contra de la Inspectora de Trabajo de Riosucio, en marzo del 2016
-Caso de la mal llamada "limpieza social".

-Secuestro, tortura y desplazamiento forzado de un menor de la comunidad del Rodeo, del resguardo Cañamomo-Lomaprieta. Luego regresaron en horas de la madrugada y lo dejaron cerca de Quiebralomo.

El conflicto en Riosucio

• 1985. El primer grupo ilegal en llegar al resguardo indígena de San Lorenzo fue el Epl. Reclutaron jóvenes y luego extorsionaron, lo que generó desplazamientos.
• 9 de mayo de 1998. Primera toma guerrillera en San Lorenzo. Parte del pueblo quedó destruido, hubo desplazamiento, y de ahí en adelante poca generación de empleo, reclutamiento de jóvenes y extorsión. Por esa época mataron al comandante del Epl, que apodaban Barranquillo, y comenzó a ejercer el control el Frente 47 de las Farc. Asesinaron al policía Nicolás Eugenio Acosta y al civil Elí Andica Bañol.
• 9 de febrero del 2001. En la vereda Roble Bonito, de San Lorenzo, subversivos del frente Aurelio Rodríguez destruyeron equipos de transporte y forestales de contratistas de Cartón de Colombia S.A. La situación afectó a 153 personas que se quedaron sin empleo. Al parecer, se dio porque no pagaron vacuna.
• 24 de Noviembre del 2001. Masacre en contra de líderes de la comunidad La Rueda. La ejecutaron las autodefensas. Asesinaron a siete indígenas y desaparecieron a una menor.
• 28 de noviembre del 2001. Desplazamiento de 135 personas de los territorios del resguardo indígena de Cañamomo-Lomaprieta por amenazas de grupos ilegales
• 8 de junio del 2003. Masacre de La Herradura, en la que asesinaron a Gabriel Ángel Cartagena, candidato indígena a la Alcaldía de Riosucio, y a Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez León y Fabio Hernán Tapasco Largo.
• 24 de febrero del 2002. San Lorenzo soportó la toma del Frente 47 de las Farc. Se desplazaron 175 personas.
• El 9 de abril del 2002 asesinaron a María Fabiola Largo Cano, exgobernadora del resguardo indígena de Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña y excandidata a la Alcaldía por el movimiento Alianza Indígena y Popular por Caldas.
• El Bloque Noroccidental de las Farc secuestró en Riosucio y mantuvo en cautiverio al exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo en poder del Frente Aurelio Rodríguez, que operó entre Risaralda y Caldas. Permaneció retenido durante ocho años, dos meses y 21 días, entre el 5 de agosto de 2000 y el 27 de octubre de 2008, cuando se fugó con ayuda del comandante de la comisión de cuido, alias Isaza.
• La Defensoría del Pueblo recuerda el asesinato de 105 indígenas ocurridos entre los años 2001 y 2003.