Veinte años esperaron los representantes de las comunidades indígenas de Colombia para poder sentarse a dialogar con representantes de la ONU sobre sus problemas y dificultades, pues según Kellerman Guerrero Trejos, gobernador del resguardo Cañamomo Lomaprieta, la labor fue imposible en los gobiernos anteriores.

Se trató de la visita de Francisco Cali, relator especial de la ONU para estas comunidades, quien llegó a Bogotá y se reunió por 25 minutos con los representantes de esta parcialidad perteneciente a Riosucio y Supía. Esto se logró por medio de la organización Forest Peoples Programme.

Guerrero sostuvo que el encuentro obedece a que el Estado ha incumplido las órdenes emitidas bajo la sentencia T-530 de la Corte Constitucional, especialmente porque la Agencia Nacional de Tierras se ha demorado en la delimitación y la titulación del territorio.

A ello se suman los problemas con la minería, por la presencia de personas que incumplen los mandatos de la comunidad y esperan que las autoridades del resguardo y las nacionales coordinen esfuerzos para hacerles frente.

“El objetivo primario era hacer esas recomendaciones para mostrar la lucha de nuestros mayores por defender el territorio y advertir las situaciones de riesgo, los discursos de odio y los señalamientos que por defender la tierra ponen en riesgo la vida de los dirigentes. Ya hay desplazamientos por estas amenazas” sostuvo Guerrero.

Los paneleros

Desde el 2020, LA PATRIA ha registrado por lo menos 10 ataques a trapiches entre Riosucio y Supía, fuente de sustento para las familias de estas comunidades. Por ello el gobernador indígena indicó que se entregaron los soportes de las denuncias al delegado de la ONU, con lo que se pretende que se solicite a la Fiscalía mayor celeridad en las investigaciones, pues hasta el momento no hay resultados.

Concluyó que ahora se espera que Francisco Cali entregue el informe al Gobierno nacional y se tengan en cuenta las inquietudes del reguardo Cañamomo - Lomaprieta y se evidencie el incumplimiento a la sentencia para que se tomen las medidas que protegen a los indígenas.

De recorrido

El miembro de la ONU visitará durante 10 días las comunidades indígenas de todo el país y posteriormente entregará un informe en que refleje cómo ha avanzado la sentencia de la Corte, pues son ocho años sin mayores avances.