LA PATRIA| MANIZALES

Se ven los primeros coletazos de la entrega de Juan Carlos Martínez Rodríguez, el Hombre del Maletín o el Enfermero, mano derecha del fallecido exsenador pacoreño Mario Castaño Pérez, por el caso de Las Marionetas. Él indicó que prendería el ventilador y colaboraría con la justicia.

El primer damnificado sería Diego Fernando González Marín, exalcalde de Aguadas, quien tenía un preacuerdo con la Fiscalía, pero se retractó al conocer que el ente acusador le reformularía la imputación. En una audiencia ante un juez de control de garantías el lunes le adicionaron el delito de cohecho por dar u ofrecer.

La fiscal, Ángela Córdoba, explicó que la Corte Suprema indicó que cuando se conocen nuevos hechos se debe hacer este trámite. "Revisé la carpeta y hay otros ilícitos que no habían sido imputados. Tras la entrega de Juan Carlos Martínez, el pasado 3 de mayo, se le hizo un interrogatorio donde habló de Aguadas y su exalcalde", narró la funcionaria.

De paso, en la reformulación, explicó que para algunos proyectos u obras por las que son investigados el exmandatario y la exgerente de la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas, Olga Lucía Botero Gómez, se adiciona el interés indebido en la celebración de contratos (ver recuadro).

Plata

El posible cohecho estaría relacionado con las obras de reposición de la capa de pavimento de Pueblito Viejo, por $1.160 millones y la consultoría para esta misma, por $102 millones, al parecer asignados al mismo contratista. Se entregaba a través de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío.

La fiscal manifestó: "en el último trimestre del 2022, en las instalaciones de la Alcaldía de Aguadas, Diego Fernando le entregó $150 millones a Juan Carlos Martínez Rodríguez como contraprestación por el direccionamiento de esa contratación estatal, con destino a Mario Castaño. A la vez se le indicaba a Pablo César, ordenador del gasto, a quién se le debían asignar ambos contratos. Los seleccionados eran los recomendados por el exalcalde".

Las declaraciones contra el exmandatario y Olga Lucía corresponden a hechos narrados por el Hombre del Maletín y por el contratista Camilo Andrés López Giraldo, bajo la gravedad de juramento.

En su rol de alcalde sabía de los proyectos de licitación del municipio y se los daba a terceros, con la ayuda de Olga Lucía. Los de placa huella eran de selección abreviada y mínima cuantía, simulaban la presentación de varias propuestas, para que solo cumpliera una de ellos, contó Córdoba.

El ente acusador habló de conversaciones entre Diego y Olga donde le recordaba "ir por el encarguito donde el contratista Luis Felipe Betancur Aristizábal". A la vez, explicó que Botero le indicó a este último la necesidad de mostrarle finura al alcalde, quien se desanimaba muy fácil. Finalmente expresó que no podía pedir el encargo porque aún no giraban los recursos.

En el proyecto de pavimento hidráulico mencionó que el exalcalde le dio indicaciones al ganador de con quién debía adquirir los suministros. En otros contratos habló de cómo se daban indicaciones para presentar las propuestas ganadoras y se asignaba información privilegiada y anticipada a los futuros contratistas de cómo conformar los consorcios ganadores.

"Se lucraron valiéndose de proyectos que eran necesarios para la comunidad", sentenció la fiscal. Ante algunos reparos de los abogados de los procesados, la juez indicó que analizará los audios de las audiencias anteriores. Tomará una decisión el 22 de julio.

La reformulación

Se les adiciona el delito de interés indebido en la celebración de contratos para ambos procesados.

1. Convenio para postes ornamentales.

2. Pavimento hidráulico.

3. Alumbrado navideño.

4. Interventoría pavimento hidráulico.

5. Cinco contratos de placas huella.

6. Estufas ecoeficientes.

*Siguen como concierto para delinquir

• Obra Víctor Renán Barco.
• Parque Fundadores.
• Mitigación de riesgos Los Cedros.
• Interventoría Parque Fundadores.

Dos datos

1. La pena que se había pactado para el exalcalde era de 69 meses, multa de 71,66 SMLMV y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 85 meses.

2. Para Olga Lucía era de 75 meses de prisión, multa de 1.794 SMLMV e inhabilidad de 51 meses. A ella se le adiciona que obtuvo un incremento patrimonial no justificado de $11 millones 200 mil, atribuido a un dinero que le dio el contratista Mauricio Alberto Quiceno Cardona como dádiva por asesorarlo desde el trámite de las postulaciones a las que debía presentarse, por la entrega de información reservada y direccionamiento de los contratos referenciados.

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