LA PATRIA | MANIZALES

Albeiro Cáceres Bravo fue abordado en la Galería de Manizales. Le ofrecieron trabajo, lo trasladaron hacia Remedios (Antioquia) y allí lo asesinaron. Una ejecución extrajudicial por la que el Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito de Medellín condenó la semana pasada a la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional a indemnizar a los familiares por este deceso, al establecer su responsabilidad por muerte de persona protegida, en el proceso de reparación directa.

Se recordó que Albeiro tenía un hogar conformado por su compañera permanente y sus dos hijas. El sábado 27 de octubre del 2007 salió a la Plaza de Mercado a buscar trabajo como jornalero. Ese día fue reclutado por una persona que le ofreció trabajo en una finca en Remedios.

"Los reclutadores lo llevarían a él y a otra persona a Medellín a montar en Metro y beber cerveza entre el 27 y 28 de octubre de ese año, pero luego fue reportado como un N.N. muerto en combate el 29 de octubre del 2007, en la vereda Santa Cruz, de Remedios, tras supuestos enfrentamientos con miembros del Batallón Especial Energético y Vial Número 8 Mayor Mario Serpa Cuesto. Las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica del batallón mencionado y cinco miembros de ese batallón se encuentran vinculados a actuación penal", señaló la providencia.

Carlos Iván García, abogado de las víctimas, indicó que apelará de la sentencia, pues no les reconocieron todo lo solicitado.

Irregularidades

En los informes de las autoridades sobre el suceso se establecieron estas irregularidades.

Plaza principal de Remedios (Antioquia).

• "Se consignó que a Albeiro y a Jairo Alberto González Amaya les encontraron dos revólveres calibre 38, uno marca Smith & Wesson y otro marca Llama Cazzidi. Pero, luego, este último revólver aparecería con Llama Scorpio".
• "La versión de las autoridades indicó que la respuesta estatal con disparos se dio por agresión con armas de fuego. Que a los cadáveres no se les tomaron muestras de absorción atómica y demás exámenes que esclarecerían si accionaron armas".
• "Además, se desconoce el paradero de los revólveres que se reportaron como incautados y no se les hizo pruebas de balística. Adicional, la Policía Judicial de Segovia, sin justificación, omitió valorar balísticamente las armas usadas por el Ejército contra Cáceres Bravo".
• "Se presentan inconsistencias en las versiones de los militares que participarían en la operación, como la distancia y duración del combate, personal presente, cartuchos usados, condiciones de visibilidad. Los uniformados nunca dieron pruebas suficientes de que la víctima perteneciera a algún grupo al margen de la ley, ni de que realmente portaba el revólver que se le atribuyó. Mucho menos que hubiera disparado ese día".
• "En informe de necropsia médico-legal del Hospital San Vicente de Paúl, de Remedios, del 30 de octubre del 2007, se consignó que la muerte de Cáceres Bravo se dio por arma de fuego de alta velocidad y orificios en región frontal derecha encefálica, mama derecha, brazo izquierdo y muslo izquierdo, que ocasionaron perforaciones en corazón, pulmones y masa encefálica".
• "Las indagaciones sobre la muerte fueron conocidas por el Fiscal 87 de la Seccional de Segovia, pero fueron remitidas al Juzgado 40 de Instrucción Militar de Puerto Berrío, por la insistencia de esta última autoridad. Que dicho juzgado decidió archivar la investigación por medio de Auto del 3 de diciembre del 2008. Luego, el 28 de junio del 2011, el Juzgado 92 de Instrucción Penal Militar abrió investigación contra los soldados regulares Edwin Fabián López Morales y James Cataño Melcho, por los dos homicidios. Se certificó que no pertenecían a alguna organización al margen de la ley".
• "El 22 de noviembre del 2016 le entregaron a la familia los restos de Albeiro, que el 10 de abril del 2017 presentó demanda de constitución de parte civil dentro de las actuaciones penales por el homicidio. La familia fue sometida a sufrimiento derivado de su desaparición, además de que el fallecido era el que respondía por esas tres mujeres".
• "El comandante de ese batallón, coronel Nelson Parrado Velásquez, y el sargento Simón Orlando González, fueron condenados por hechos similares a los evaluados en este caso. Actualmente están postulados para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)".

225 asesinatos atribuidos al Ejército en el Eje Cafetero, entre el 2002 y el 2006, figuran en la JEP. En Caldas, 114; en Quindío, 75, y en Risaralda, 36. Las unidades militares que operaron u operan en Caldas, que tuvieron participación en el fenómeno de asesinatos a civiles, entre el 2002 y el 2008, son los batallones 93, 57 y el Ayacucho.