MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"La demolición de viviendas obligó a las familias a salir de manera inmediata, lo que afectó el tejido social y destruyó las redes en comunidades vulnerables. Se aumentó la inseguridad en cada barrio y se afectaron los escenarios de generación de ingresos".

Esta frase tomada del Informe de la Comisión de la Verdad Comuna San José (CVCSJ) de Manizales, que se publicó en agosto, retrata una parte de lo que el Macroproyecto de Renovación Urbana ha generado en esa Comuna.

El Informe también señala que el Macroproyecto lleva 13 años de ejecución (comenzó en el 2009), 4 alcaldes (Juan Manuel Llano, que lo formuló; Jorge Eduardo Rojas, José Octavio Cardona, y Carlos Mario Marín), 14 gerentes de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM), a cargo del proyecto; además de la violación de derechos humanos a familias y comunidad.

Cifras

Menciona que la Resolución 1453 con la que se adoptó el Macroproyecto estimaba suplir las necesidades de 3 mil 626 viviendas por déficit cuantitativo y 2 mil 680 hogares en hacinamiento, pero solo se han construido 344 apartamentos. En esa Resolución se habló de 5 mil 636 hogares en San José, de los cuales 1.615 se encontraban en zona de ladera.

Además de vivienda, el Macroproyecto pintó una Comuna con 14 componentes, entre ellos una avenida que permitiría descongestionar la ciudad por esa zona, parque recreodeportivo, macrocolegio, Cisco y otros amoblamientos urbanos e institucionales. Terminado no hay nada. Está la Avenida Colón, a la que le faltan andenes y puentes; el macrocolegio, que no tiene cerramiento; el Cisco, que no ha sido inaugurado, no cuenta con cerramiento perimetral y ya se le ve humedades en su pintura exterior.

Obligados

Don Benigno Marín, presidente de la Veeduría del Macroproyecto, cuenta que muchos perdieron sus casas de tres y cuatro pisos. "Con la plata que recibieron de la ERUM no alcanzaron a comprar y tuvieron que irse a otros municipios o a pagar arriendo. Quienes tenían ese tipo de casas y en ellas rentas, vivían de eso. Ahora quedaron en la ruina, sin casa y sin plata".

Otro golpe es que las casas de la Comuna eran para familias extensas. Los padres les daban parte del solar a sus hijos cuando se casaban y allí construían vivienda. Al venderle el predio al Macroproyecto se rompieron estos vínculos familiares y cada uno tuvo que irse por su lado.

"Mi papá tenía una de esas casas, que se fue deteriorando, pero no le hizo nada porque la iba a vender. Me fui y una familia quedó a cargo. Cuando regresé todavía había seis piezas que se podían arrendar e hice una negociación en la que me daban un apartamento y a mis hermanos un incentivo, pero nunca se dio eso. Ahora vivo en una pieza de 3 x 3. A mis hijos les tocó irse para donde familiares, de arrimados. Pueda ser que lleguemos a algún acuerdo. La gente tiene mucha razón en llamar a esto el Macrodesastre. Si me voy de aquí esto se desaparece, lo tumban los vándalos como ya ha pasado".

En los 61 años que don Benigno ha vivido en el barrio El Jazmín dice que no había visto la Comuna tan acabada y con tanto desplazamiento; aunque guarda la esperanza de que el Macroproyecto lo terminen.

Desplazamiento

Desde hace 62 años, los que tiene de vida Ómar Rodríguez, ha residido en la Comuna. "Soy del Colectivo Cabildo Abierto Comunal San José, mecanismo de participación ciudadana en donde visualizamos, proponemos y también nos oponemos.

"El Macroproyecto fue planeado para desalojar a la gente vulnerable de terrenos muy buenos y ofrecerlos al sector inmobiliario. Hay unos 12 mil desplazados, la ruptura del tejido social es del 100%, hay afectación de núcleos familiares, las relaciones de vecindad desaparecieron; han destruido casas, escuelas, escenarios deportivos. De un 100% de lo destruido hay un 30% de construido".

Afirma que cuando el Macroproyecto se planteó, claramente era para mejorar la calidad de vida de los habitantes, en especial los que estaban asentados en las laderas, que siguen ahí.

Para Ómar esta iniciativa ha sido más un negocio inmobiliario que un proyecto social. "Los desplazamientos continúan. En la zona F, donde van a construir un parque recreodeportivo, tienen que desplazar gente de los barrios San Ignacio y parte de La Avanzada; cuando podrían construir ese parque en la zona A o B que son lotes inmensos y baldíos".

Destape de problemas

Claudia Helena Muñoz, líder de la Comuna, señala que su familia fue de las primeras a las que les llegó la carta diciendo que tenían que vender. Lo hicieron y compraron cerca, pero que la vida en San José antes era buena, y a raíz del Macroproyecto, cuando comenzaron a destruir todo con las demoliciones, empezaron a ver cosas que estaban muy ocultas debajo de la pobreza: expendios de droga, muchachos que ya empezaron a robar y a hacer daños de frente.

Considera que se han como esfumado recursos y esto no ha permitido la continuidad en los frentes del Macroproyecto, fuera de que la ERUM ha tenido casi un gerente por año, y eso, expresa, no permite avanzar. "Hacen contratos, los contratistas hacen mal los trabajos, se van y vuelve a empezar el proceso. Todos esto también nos perjudica. Fue un proyecto impuesto, que no pidió la comunidad".

Del Informe de la Comisión de la Verdad

El Informe de la CVCSJ, Víctimas del desarrollo: entre el desespero y la esperanza fue redactado por Patricia Botero, Johana Acero, Enrique Arbelaez, Germán Vallejo, Álvaro Salazar y Gilsan Quintero.

En su prólogo, el profesor Arturo Escobar escribe que se narra una experiencia popular de despojo y resistencia de una valiente comunidad en el corazón de Manizales. "Es también un llamado a la solidaridad y a la no repetición de lo que con gran pertinencia denominan sus pobladores como un 'macrodesastre' que resultó en el desplazamiento y violación masiva de los derechos humanos y socioterritoriales de las comunidades".

Indican que la Comisión responde al llamado de la comunidad en su condición de víctimas del desarrollo, porque se ha priorizado la construcción de infraestructura (9% de la ejecución durante los 13 años) a costa del desalojo forzado, el despojo y el empobrecimiento de la gente. "Los lugares comunitarios fueron demolidos sin consentimiento ni consulta, sin favorecer las mejoras requeridas en el barrio".

La demolición de viviendas ha sido un dolor de cabeza para la comunidad que queda.