LA PATRIA | Manizales

“La ley es injusta”, atinó a decir una persona que presenció el desalojo ayer de un predio en la vereda Quiebra de Vélez, de Manizales, que ordenó la Agencia Nacional de Minería. Allí, en dos casas, habitaban seis personas.

La frase fácilmente puede aplicar para las personas que hoy tienen que buscar en dónde reubicarse y son propietarios del sitio evacuado; así como para quien posee el título minero de la Cantera Manizales y asegura verse afectado por la lentitud de la justicia.

A las 5:00 de la mañana fueron llegando miembros de la Policía y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo antes Esmad), de la Alcaldía, Personería y Defensoría del Pueblo para adelantar la diligencia. A su vez se acercaron vecinos que protestan contra la actividad minera y temen que esta se extienda y corran la misma suerte.

Mientras empacaba sus enseres y entregaba las gallinas, gatos y perros al Gara para su custodia temporal, Albeiro Ceballos, propietario del lote desalojado, sostuvo que ya son 38 meses de pelea tras su compra, sobre la que posee escritura pública.

“Pero la servidumbre minera prima por encima de los derechos humanos, a la vivienda digna, a la vida y el trabajo. He tocado todas las puertas y todas han sido a favor de la cantera. Las entidades que tienen más poder hacen lo que quieren. Es extraño para la vecindad que prime eso por encima de los campesinos”, reclamó.

Del otro lado, aguardando en la caseta de su empresa estaba Leonel Zuluaga, quien espera que las autoridades lo sigan apoyando, dado que es víctima de las amenazas y debió conseguir vigilancia privada. Para él, a nadie se ha perjudicado y está comprobado con las visitas de los organismos de control.

“Se visten de humildes campesinos y pretenden que les demos dinero. No tenemos interés en desalojar los predios o comprarlos. Este proyecto es pequeño como para que digan que queremos acabar con las veredas, queremos que nos dejen trabajar”, dijo el propietario de la cantera.

Acompañamiento

Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales, indicó que la diligencia se llevó a cabo por la construcción de las dos casas en un sitio que es área de concesión minera y la labor de la Personería es garantizar que se respeten los derechos de todas las partes.

Como en una propiedad había dos adultos mayores, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social un plan de contingencia, y también que se busque la manera de brindarle un trato digno a la otra familia.

Paula Milena Motato Rojas, corregidora del Corregimiento El Remanso, indicó que a Albeiro se le comentó que su vivienda está ubicada sobre un polígono de la cantera y la ANM indica que existe una ocupación ilegal. Tras mostrarle la decisión de la autoridad minera, tanto él como sus vecinos decidieron abandonar voluntariamente.

La funcionaria sostuvo que la orden de demolición por infracción urbanística ya se había dado en el 2022. Por una tutela se debió detener el proceso, se reabrió el caso y ahora se espera la decisión de segunda instancia.

Motato concluyó que ante un título minero hay servidumbres mineras forzosas y la gente debe negociar o se podría presentar una expropiación. Indicó que en veredas aledañas hay temor por lo que pueda ocurrir, pero no existen otras órdenes de desalojo.

La agresión

A mediados del año pasado, ambos hombres protagonizaron una discusión. Leonel asegura que su vecino se alteró al verlo llegar con abogados y lo atacó con un machete, Ceballos respondió que esta es una herramienta propia de su labor agrícola y lo blandió luego de que se incumplieron compromisos y arrasaron con sus cultivos de café, plátano y banano, y lesionaron a su esposa cuando se provocó el desprendimiento de rocas.

La Fiscalía, un saludo a la bandera

Leonel Zuluaga realizó denuncias por las que se adelantan tres procesos judiciales contra dos vecinos. Sin embargo, criticó la parsimonia de la Fiscalía para atender los casos.

LA PATRIA envió un derecho de petición a la entidad para saber en qué iba cada proceso y a qué se deben las demoras, pero esta respondió, como ya es costumbre, que se trata de información privada a la que solo el denunciante o su representante legal pueden acceder.