La ineficacia administrativa de las entidades del Estado a veces no tiene presentación y esa es la causa de preocupación de la familia de una manizaleña de 98 años, a quien la Secretaría de Movilidad de Bogotá le cobra una multa por una infracción que no cometió. El caso se conoció el jueves en el programa el Club del Oyente de La Patria Radio.

Doña Elvia Marín lleva 30 años sin salir de su casa, debido a que sufre de múltiples patologías, además una caída causó que la tuvieran que operar de la cadera y por ello requiere constantemente de la asistencia de alguien.

Pese a ello, le impusieron una multa el 21 de junio de 2021 por incumplir las normas de tránsito en una motocicleta. Pero ese vehículo lo conducía un hombre, dicha infracción se presentó a cerca de 300 kilómetros de Manizales, donde doña Elvia mantiene postrada en una cama y cómo ella reconoce, ni siquiera sabe conducir algún tipo de vehículo, menos una moto.

El 26 de enero pasado le llegó una notificación de embargo para que pague una multa de $530 mil 500, más los intereses de casi dos años y los costos procesales, además de otras obligaciones tras la emisión de una sentencia.

Una hija pidió orientación en la Secretaría de Movilidad de Manizales, ante la incredulidad de que algo así les estuviera sucediendo. Allí le indicaron (aclarando que no les compete esta situación) que tenía que conseguir un abogado que explicara la edad de la señora, pidiera explicación por la posible mala digitación de su cédula y además adicionara un certificado médico sobre las enfermedades de la casi centenaria mujer.

Entre los reclamos que hace la familia de la afectada está la ineptitud de quien impuso el comparendo, pues no se percató, en el momento, de que el infractor era un hombre y le estaba dando el número de cédula de una mujer, además tampoco fueron capaces de usar otros mecanismos como la huella para saber de quién se trataba.

Derecho de petición

Una opción que le sugirieron desde Movilidad de Manizales a la hija de la afectada es escribir un derecho de petición, para que se verifique en dónde fue que se incurrió en el error.

Lo que dice la sentencia

De acuerdo con la resolución firmada por Hernán Sebastián Cortés Osorio, director de Gestión de Cobro, contra esta decisión no existe recurso y se ordena realizar el cobro coactivo.

También se solicita aplicar los títulos judiciales para satisfacer las obligaciones del deudor, así como realizar una búsqueda sobre los bienes y embargarlos para su posterior remate.

También la obligan a pagar los gastos en los que se incurrió durante el proceso.