LA PATRIA | MANIZALES

La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó ayer aplicar medidas cautelares sobre el río La Miel y vinculó al proceso a la Gobernación de Caldas, Inficaldas y la Promotora Energética del Centro.

El anuncio se dio durante las audiencias de seguimiento a las medidas cautelares a los cementerios del Eje Cafetero y el Magdalena Medio, que se realizaron en Armenia, en donde estuvieron presentes los representantes de las gobernaciones del Eje Cafetero, entidades del Estado y víctimas del conflicto.

La JEP, en cabeza de la magistrada Reinere de Los Ángeles Jaramillo, indicó que tras un año del decreto, los resultados “ no son tan tangibles como quisiera Medicina Legal” y se solicitó la entrega mensual de informes sobre avances.

A proteger La Miel

A la vinculación de las instituciones se añadió la protección de las víctimas de conflicto sin identificar, pero con posibilidad de identificarse que pudieron haber sido lanzadas al río La Miel y por eso tendrán que efectuar un protocolo arqueológico forense que permita realizar la búsqueda en las zonas de influencia del proyecto La Miel II. Cuentan con un plazo de cuatro meses.

También tendrán que diseñar en conjunto las rutas de memoria con la instalación de placas, símbolos e íconos que honren la memoria de las víctimas de desaparición forzada para no olvidarlas y se garantice la no repetición.

Intervención a osarios colectivos

El cementerio San Agustín de Samaná se convertirá en el piloto de unas prácticas forenses en osarios colectivos, dentro de los que puede haber osamentas de distintos individuos, que incluso presentan otras afectaciones como cuerpos carbonizados.

Según Germán Cano, director del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef), se trata de lugares donde depositaron irregularmente los cadávares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado y será una intervención inédita, aunque en Argentina, Bosnia y Guatemala existe una experiencia. Se contará con acompañamiento de expertos de este último país.

Cano expresó que estos osarios son una práctica generalizada en todos los cementerios del país y se debe adelantar la caracterización, planeación e intervención de osarios, para luego presentar los informes que permitan la intervención a San Agustín en abril del 2024, con 18 semanas de labores dependiendo, eso sí, del potencial forense y capacidad institucional.

Regaño

Los magistrados de la JEP hicieron un llamado de atención a la Gobernación de Caldas por una presentación incompleta durante la audiencia, con buena voluntad y pocas acciones concretas.

Investigarán a gobernadora del Valle

La Sección de Ausencia de Reconocimiento abrirá incidente de medidas correccionales a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al funcionario delegado, William Hernández, por no asistir a la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares. Estaban obligados a comparecer y presentar un informe, lo que acarrearía sanciones.