La audiencia.
LA PATRIA| MANIZALES
En las audiencias para 9 policías y 4 particulares, la Fiscalía les imputó cargos por diferentes delitos presuntamente cometidos en el proceso de chatarrización de buses articulados y alimentadores que prestaban su servicio a Megabús de Pereira. Los uniformados habrían recibido plata por expedir certificados falsos de los peritajes a los carros públicos.
Dentro de los punibles se destaca falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, endilgados a los funcionarios públicos, cargos que ninguno aceptó. A Belén Zapata Aguirre, propietaria de la empresa Logitrámites, la acusan de concierto para delinquir agravado. Ella aceptó y gracias a un preacuerdo recibirá 36 meses de condena.
Michel González Medina, jefe de la Zona Desintegradora de Vehículos, también aceptó los delitos de falsedad material documento público agravado y concierto para delinquir simple, así que obtendrá una pena de 48 meses.
El ente acusador solicitó medidas no privativas de la libertad para todos, con el compromiso de no salir del país, acudir cuando sean queridos y que los uniformados no ejerzan su especialidad como técnicos en identificación de automotores de la Policía Nacional, ni puedan expedir certificaciones de vehículos.
De los nueve policías detenidos, siete son activos y pertenecen a la Sijín, como técnicos en automotores de Medellín y Manizales.
La cadena criminal
Foto tomada de la audiencia| LA PATRIA
La investigación se inició por una fuente que dio información a la Fiscalía sobre el trámite de chatarrización de 90 buses y articulados de Megabús sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Establecieron que los automotores pertenecían al banco Itaú y directivos de este señalaron que en efecto contrataron a la empresa Logitrámites, de Belén Zapata Aguirre, para la desintegración de los automotores. Belén, a su vez, a la empresa desintegradora de Michel González Medina, que emite el certificado para subirlo al RUT.
Belén admitió que entregó dinero extra para agilizar la expedición de los certificados de los vehículos por la Policía. Se conoció que, aunque los uniformados debían realizar el peritaje revisando cada vehículo, lo hicieron sin ni siquiera verlos. La mujer admitió que los pagos fueron desde $100 mil hasta un $1 millón, por cada certificado.
Michel, pese a que el vehículo no existiera, certificaba que estaba en trámite de desintegración física, tenía conocimiento de los documentos que emitían los de la Sijín y que los carros no fueron desintegrados en la Medellín, sino en Cali. en otra de las sedes, todo para que el banco les pagará los servicios prestados.
El ente acusador indicó que en el 2018, 2019 y 2020 los policías firmaron revisiones técnicas de buses y articulados de Megabús, sin cumplimiento de los requisitos legales. Los carros nunca ingresaron a las salas técnicas de Medellín y Manizales. Cuenta con interceptaciones de llamadas donde Belén ratifica que los carros nunca los llevaron para hacerle el peritaje, solo las improntas, y no se plasmó el registro fotográfico exigido.
Así mismo, el ente acusador manifestó que había vehículos que ya habían sido chatarrizados dos meses antes de expedir los certificados. 10 buses tenían denuncia por hurto, y otros, procesos judiciales.
Entre los señalados hay dos uniformados adscritos a la Metropolitana de Manizales (uno es de Villamaría) y otro que está pensionado, laboró en la capital caldense, y lo señalan de delinquir en la época de los hechos.