Un subintendente y tres patrulleros de la Policía de Manizales, quienes laboraban en el CAI Alfonso López, hoy apartados de la Institución, enfrentan un juicio por su supuesta colaboración con una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en el sector de La Cañada, del barrio Las Américas.

La semana pasada, ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la capital de Caldas, arrancaron las audiencias, en las que investigadores del caso dieron su testimonio como testigos de la Fiscalía. En abril continuarán.

Al parecer, los uniformados les exigían dinero a los cabecillas para permitirles vender la droga y en otras ocasiones les quitaban lo que tenían, no lo reportaban a sus superiores y la vendían.

Se expuso además que las exigencias llegaban hasta los $6 millones mensuales y en una ocasión, un líder de la banda les obsequió una impresora para el CAI. Según el reporte de la Policía, los delincuentes vendían unos $200 millones mensuales.

Túneles y brujería

La organización quedó desarticulada en el 2018 tras allanamientos que permitieron la captura de 33 personas. Estas usaban un túnel cavado entre dos viviendas para transportar la droga y evitar a las autoridades.

El día de los hechos, el propietario de una de las casas manifestó que desconocía la existencia de este pasadizo, mientras que el arrendatario explicó que lo había cavado para encontrar una guaca por indicación de una bruja.

Sin embargo, la Sijín de Manizales ya los tenía identificados y sabía que se dedicaban al expendio de bazuco y marihuana. Fueron 21 allanamientos también en Sideral, la Galería, la invasión conocida como lejano oeste en Solferino, y en Villamaría.

Entre los detenidos están alias Evelio, cabecilla; Ruby, encargada de entregar la droga y recibir el dinero de la venta, y Winnie Pooh, quien controlaba las cadenas en La Cañada y la Galería. También cayó una mujer, madre de dos sujetos capturados en el 2017 por vender gotas psiquiátricas y estupefacientes.

Libres

Los cuatro uniformados enfrentan el juicio en libertad y este proceso no quiere decir que sean culpables, sino que será un juez de la República quien determine su responsabilidad.