La banda de la Montaña, dirigida por William Ocampo Gaviria, alias Guacamayo, es señalada de dominar la venta de estupefacientes en la Galería de Manizales y en sectores cercanos, así como en Villamaría. Además, le endilgan que se dedica al sicariato, hurtos a gran escala, gota a gota y chance ilegal.

Las actuaciones de esta banda podrían ser el punto de partida para que el abogado Samuel Sánchez Cañón se enfrente a la justicia por supuesto soborno en actuación procesal.

Durante el juicio que se adelanta contra el jurista, contra el investigador privado Fernando Castrillón, que trabaja para Sánchez, y contra alias Maravilla, hermano de Ocampo, hablaron dos testigos clave para el proceso. Uno es el funcionario de la Dijín que adelantó la investigación y el otro, un hombre que en su intervención denunció amenazas contra su vida.

El detonante

En noviembre del 2015, delincuentes ingresaron a la vivienda del político conservador Ómar Yepes, tras hacer un boquete por un apartamento vecino, y se robaron una cifra desconocida de dinero.

Las investigaciones llevaron a la captura de señalados miembros de la Montaña, entre quienes estaba un hombre que niega haber participado en el hecho, dice que estuvo presente en las reuniones bajo amenazas y hoy es testigo aunque teme por su seguridad.

Este testigo sostuvo que lo detuvieron como consecuencia del millonario hurto en enero del 2017, y recuperó su libertad por vencimiento de términos. Él dice que se conoció con un miembro de la banda, llamado William, en un bar del Centro de Manizales.

Ante la confianza que se ganó, este sujeto le pidió que alquilara un apartamento y en contraprestación le pagaría por eso. Dijo que allí se realizó una reunión en la que participaron también dos agentes de la Policía, los hermanos Ferney y Leonardo, y un sujeto conocido como el Bien Vestido, que terminó siendo Guacamayo.

Cuando supo de qué trataba la reunión, le dijo a William que no quería participar y pretendía irse. Relató que Guacamayo sacó un arma de fuego y le ordenó quedarse. Así tuvo que acudir a otros encuentros, hasta que decidió cambiar de domicilio y de número celular. Pero poco le duró la tranquilidad.

Su madre lo llamó y le dijo que unos amigos lo estaban buscando. Cuando lo pasó al teléfono, al otro lado de la línea estaba Víctor Manuel Sua Arcila, alias Papito (asesinado en noviembre del 2015), quien le dijo que lo necesitaban y debía reportarse. Entendió que era una amenaza.

En una cafetería del Centro de Manizales se efectuó el nuevo encuentro, posterior al hurto de los $3 mil millones. Guacamayo le ofreció $50 millones al testigo, pero este dice que se negó a aceptarlos, por lo que se la sentenciaron: era parte del problema, o de la solución. Les respondió que hicieran lo que quisieran, que no los aceptó y se marchó.

Las grabaciones

El hombre dijo durante el juicio que un fiscal lo buscó en la cárcel para que hablara sobre el caso del millonario robo, pero según explicó, el funcionario le pidió que no hablara de Guacamayo. Luego fue la Dijín la que lo abordó y contó con detalles lo ocurrido.

Dijo que un dragoneante lo llamó a la reja del patio en el que estaba recluido en La Blanca y cuando se acercó, llegó Maravilla, quien le dijo que tenía que sacar del problema a su hermano Guacamayo. Para eso, debía reunirse con un abogado, que resultó siendo Samuel Sánchez.

El hombre le comentó a un miembro del Inpec lo que ocurría, de los encuentros a los que lo estaban citando y por eso le pidió una grabadora, en la que están consignadas las conversaciones.

Otro que testificó fue el investigador de la Dijín, quien inicialmente reconoció el actuar criminal de la Montaña, lo que posteriormente lo llevó a conocer al testigo del robo a Yepes, y quien le contó de las amenazas y ofrecimientos de dinero para que cambiara su versión sobre Guacamayo.

El funcionario sostuvo que Edwin Fernando Valencia, Milhojas (asesinado el año pasado), y una mujer, también testificaron sobre las presiones que recibieron para que sacaran en limpio al líder de la Montaña. El primero recibió la visita de Sánchez y de otra abogada en la cárcel de Pácora, y a la segunda la buscó la pareja del capo.

Presentó también las grabaciones en las que se escucha a cuatro hombres, que serían el testigo, Samuel Sánchez, Maravilla y alias Culebro. En estas dialogaban sobre el testimonio que debía rendir al investigador Castrillón, con preguntas preparadas, para salvar a Guacamayo e inculpar a investigadores de la Dijín.

El agente comentó que en una de esas reuniones le dieron $200 mil al testigo, quien guardó los billetes y luego se los pasó como parte de la prueba. En esos audios se escucha cuando le mencionan que si quería caminar tranquilo, era mejor que colaborara. Luego le ofrecieron $50 millones y le contaron que se pretendía ponerle un "tatequieto" al funcionario.

El jueves finalizaron dos semanas de audiencias, dentro de un proceso que ya completa cinco años. El próximo 1 de abril continuará el juicio con el testimonio de Samuel Sánchez, el abogado señalado, así como con los alegatos de conclusión. Este proceso no quiere decir que el señalado sea culpable, y será un juez de la República quien determine su responsabilidad. En el proceso, falta escuchar su versión.

Sancionado por soborno

En marzo del año pasado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por dos años y un mes a Samuel Sánchez Cañón por el ofrecimiento de dinero que efectuó al testigo del caso del robo en la casa del exsenador Ómar Yepes.

Compulsan copias por otro caso

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales ante el que se desarrolla el juicio de Sánchez Cañón ordenó compulsar copias contra este por otro supuesto caso de soborno. Se trata del llamado Mula Coja, exguardián del Inpec, a quien absolvieron por su supuesta participación en cinco homicidios y hechos por los que señalaron a otro guardián.

Le tomaron fotos

El testigo que hoy denuncia amenazas en su contra denunció durante el juicio que la abogada de Sánchez Cañón le tomaba fotos y, aunque inicialmente no se dio relevancia al asunto, una vez terminó la audiencia, llamó la atención porque, al parecer, al fiscal también lo fotografiaron. Hubo reprimenda del juez y se ordenó compulsar copias.