María M. Mur

EFE | LA PATRIA | Santiago de Chile

Tras el rechazo a una nueva propuesta de Constitución en Chile y el cierre del debate constitucional, la ultraderecha y la derecha digieren su derrota y empiezan a pugnar por el liderazgo del sector, mientras que el Gobierno se centra en impulsar su agenda de reformas, especialmente la de pensiones y el pacto fiscal.

Con una holgada mayoría del 55,7%, la opción de rechazar un texto con sello conservador, elaborado por un órgano liderado por las derechas, se impuso en el plebiscito del domingo, frente al 44,2% que optó por aprobarlo.

Chile batió el récord mundial de rechazar dos veces en poco más de un año una propuesta para reemplazar la Constitución promulgada en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero reformada parcialmente en democracia.

La primera vez fue en septiembre de 2022, cuando el 62% de los chilenos dijo no a un texto redactado por una mayoría izquierdista, que proponía una transformación radical del modelo de país.

"Se perdió la posibilidad de tener una Constitución hecha en democracia, nos quedamos lamentablemente con la del 80, con todas sus reformas positivas, pero no pudimos avanzar en una nueva", subrayó ayer la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, resumiendo la frustración de la izquierda por ver fracasada su histórica aspiración de reemplazar la carta magna legada por el régimen militar.

La portavoz lamentó que ninguno de los dos procesos lograra "unir a Chile" y aseguró que en ambas ocasiones "hubo una forma de hacer política que pretendió imponer su mirada al resto del país".

Nuevo horizonte

Tanto el Gobierno del progresista Gabriel Boric como las distintas fuerzas políticas rechazan impulsar un nuevo proceso y reconocen que hay mucha fatiga constitucional entre la ciudadanía, que ha concurrido a las urnas cinco veces para pronunciarse sobre la carta magna desde el estallido social de 2019.

Vallejo dijo que es el momento de "pasar página" y pidió "avanzar" en dos de las reformas estrella del Ejecutivo, la de pensiones y el pacto fiscal, que llevan meses atascadas en el Parlamento.

"Necesitamos acuerdos y que aquellos que lideraron el proceso que fue rechazado el domingo entiendan que los necesitamos para tener un Chile mejor", agregó la portavoz.

El Gobierno presentará en los próximos días novedades sobre su nueva propuesta de pacto fiscal, con el que pretende recaudar el 2,7 % del PIB en seis años (cerca de 8.000 millones de dólares) para financiar su agenda social.

Las derechas se han opuesto categóricamente a las subidas en impuestos en el Parlamento, donde el Ejecutivo está en minoría, al igual que a cambiar el criticado sistema privado de pensiones.

Para Jeanne Simon, de la Universidad de Concepción y la Red de Politólogas, "asumir que el voto rechazo del domingo es un apoyo hacia la actual Constitución es un error".

"Muchas personas votaron en contra de la propuesta de las derechas, pero tampoco están a favor de la actual Constitución" y quieren cambios sociales, declaró.

Pugna por el liderazgo conservador

José Antonio Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano, entonó ayer un mea culpa y aseguró que su grupo "no fue capaz de explicar los puntos fuertes" de la propuesta.

"También se dieron divisiones dentro del sector", añadió Kast, reconociendo una realidad que se abre tras el plebiscito: la escisión de un grupo de antiguos republicanos que quieren fundar un partido aún más radical y la lucha con la derecha tradicional por liderar el espectro conservador de cara a las municipales y regionales del año que viene y las presidenciales de 2025.

La opción de rechazar, que profundizaba la privatización de servicios básicos y abría la puerta a revisar la ley del aborto, se impuso en 13 de las 16 regiones.