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Policías desplegados en la capital ecuatoriana, Quito, el pasado 8 de enero.
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En el 2016, Ecuador había logrado reducir su tasa de homicidios a un mínimo de 5,8 asesinatos por 100 mil habitantes, mereciéndose la medalla de plata en el podio de los países más seguros de América Latina, superado solo por Chile (en comparación, la de Colombia era de 24).
Mantuvo esta tasa durante los dos años siguientes, y las autoridades tenían entonces la meta de bajarla al 5,2 homicidios por cada 100 mil habitantes para el 2021. Tras un salto adelante al 2023, el país alcanzó lo más alto del podio latinoamericano… de la violencia —42,6 asesinatos por 100 mil habitantes—. Este trago amargo se debe a varios ingredientes que, combinados, resultaron ser un cóctel explosivo.
1. Ubicación
Ecuador no cuenta con una producción local significativa de cocaína, pero está situado entre los dos más grandes productores de esta droga, Colombia y Perú, y su costa ofrece importantes puertos en aguas profundas a menor distancia de notables áreas de tal producción.
En el principal de estos, el puerto de Guayaquil, salen casi 500 mil contenedores anualmente, cada uno constituyendo un potencial caballo de Troya para exportar discretamente mercancía ilícita a través del Pacífico, principalmente hacia Estados Unidos y, por extensión, Europa, así como Asia y Oceanía. Se estima que solo se consigue inspeccionar el 20% de estas cajas metálicas.
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2. Dolarización
Al iniciar el milenio, Ecuador adoptó el dólar estadounidense como divisa oficial para salvarse del barco hundiendo que era el sucre, que había sido su moneda nacional desde 1884. Años de inflación descontrolada llevaron a que Quito sacrificara su soberanía financiera a cambio de la estabilidad asegurada por el banco central de Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal.
No obstante, un efecto deletéreo inesperado de esta medida drástica fue la facilitación del narcotráfico por simplificar el lavado de dinero y permitir una fluidez incrementada de circulación en el mercado global, con el dólar siendo aceptado mundialmente para los intercambios, y siendo eliminada la etapa de conversión de divisas que existía con el sucre.
3. Desinstitucionalización
Las instituciones de seguridad ecuatorianas padecen de carencias de recursos y de eficiencia, una situación que ha empeorado en los últimos años. Efectivamente, después de diez años de gobierno socialista del presidente Rafael Correa (2007-2017), su sucesor, Lenín Moreno, inició una política de austeridad dedicada a reducir el tamaño del Estado y sus gastos.
Con ese propósito, en el 2018 y el 2019, se eliminaron respectivamente el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos —encargado, entre otras cosas, del sistema penitenciario— y el Ministerio del Interior —responsable de la seguridad ciudadana—. El primero fue escindido en la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), mientras que el segundo fue fusionado con la Secretaría de Gestión de la Política para crear el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, en el 2022, el Ministerio del Interior fue reinstaurado por el presidente Guillermo Lasso.
Todas estas manipulaciones no se han traducido en la mayor eficiencia esperada pues, además de las maniobras administrativas y de no verse otorgados presupuestos suficientes para la amplitud de sus tareas frente a la degradación de la situación de seguridad, han mostrado pésimas tasas de ejecución de dichos rubros: en el 2022, solo se gastó el 44% del dinero asignado al sector de seguridad. Entre las nueve entidades que lo constituyen, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno y el SNAI habían ejecutado solo el 30% y el 24,6% de los recursos que les fueron individualmente reservados, mientras que esta cifra permaneció al 0% para el resucitado Ministerio del Interior.
Estas llamativas lagunas se deben a una falta de planificación y a la lentitud de los trámites que se hacen en el marco de la Ley de Contratación Pública, que se tiene que acatar para las compras de material por y para las instancias estatales. Además, la ausencia de producción nacional de material de seguridad obliga a importar, lo que alarga los procesos. Todo ello lleva a una desagregación de las instituciones y del monopolio legítimo de la violencia del Estado.
4. Pauperización
Junto al atrofiamiento del poder y de los recursos de las autoridades, se ha visto un crecimiento de la pobreza en Ecuador, que, entre junio del 2017 y junio del 2023, pasó del 14,6% al 18% de la población en las zonas urbanas y del 41% al 46,4% en las zonas rurales. El relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, afirmó en septiembre que estas condiciones socioeconómicas son uno de los vectores más sustanciales de la inseguridad en el país, pues aumentan la atracción de los jóvenes hacia las pandillas.
5. Penetración
Ecuador llevaba lustros siendo un corredor del narcotráfico, sin que conociera brotes violentos como los sucedidos en los últimos años. Hasta su desmovilización en el 2016, las Farc-EP ejercían un gran control sobre los flujos de cocaína provenientes del suroeste de Colombia hacia los puertos de Ecuador, y el proceso se llevaba a cabo sin mayores incidentes.
El desmantelamiento de la guerrilla perturbó esta cadena de suministro, dejando un vacío de poder del que se aprovecharon los grandes carteles de México. Se han afiliado con los principales grupos criminales ecuatorianos —el Cartel de Jalisco Nueva Generación con Los Choneros y el Cartel de Sinaloa con Los Lobos—, que usan como subcontratantes para expandir sus operaciones en Sudamérica, trasladando su sangrienta rivalidad hacia Ecuador.
Estas organizaciones mexicanas han inyectado capital para empoderar a sus bandas asociadas en el país andino, tanto para desarrollar sus actividades como para combatir a los grupos enemigos. Las mafias brasileñas, albanesas e italianas también han establecido conexiones con la recrudecida urdimbre delictiva ecuatoriana.
Pero una oferta no tiene valor mercantil sin una demanda consecuente: según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, o UNODC en inglés) el número de consumidores mundiales del polvo blanco ha incrementado de manera sostenida en los últimos quince años.
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Pandilleros de Los Lobos en un video en el que el grupo revindicó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El periodista de profesión fue disparado por sicarios al salir de un mitín político el 9 de agosto del 2023.
6. Corrupción
A medida que el crimen organizado en Ecuador gana poder, recauda siempre más recursos para agrandar su red, fortalecer sus capacidades, controlar territorio e infraestructuras, reclutar, ofrecer sobornos, extorsionar y amenazar. De este modo, el narcotráfico ha logrado permear todos los órganos del Estado ecuatoriano, de la Policía al Ejército, pasando por los jueces y los burócratas. Esta corrupción generalizada ha sido el último clavo en el ataúd de instituciones ya debilitadas por una gestión deplorable y una escasez de fondos.
Particularmente las cárceles, históricamente descuidadas, han salido del marco de la ley para convertirse en bases de operaciones para las bandas. De esto dan fe las repetidas masacres entre pandillas ocurridas entre rejas —la más grave fue la del 28 de septiembre del 2021, que dejó alrededor de 120 muertos en la Penitenciaría de Guayaquil— y la facilidad con la que el líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), se escapó de una prisión de máxima seguridad el 7 de enero —lo que desencadenó la declaración del estado de excepción en el país—, seguido por la cabecilla de Los Lobos, Fabricio Colón Pico (alias Capitán Pico), quien se fugó de otra cárcel dos días después.
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Foto tomada después de un motín en la Penitenciaría de Guayaquil que dejó a 68 reos muertos el 13 de noviembre del 2021, solo un mes y medio después de la masacre de unos 120 reclusos en la misma prisión.
Datos sobre Ecuador
Nombre oficial: República de Ecuador
Ubicación: América del Sur
Capital y área metropolitana más poblada: Quito
Idioma oficial: español
Superficie: 283.581 km² (73.º en el mundo)
Población: 17.483.326 personas (2023, estimación) (70.º)
Índice de desarrollo humano (IDH): 0,765 (2022) (82.º)