EFE | LA PATRIA | SANTIAGO DE CHILE

En medio de la polémica sobre las palabras que el presidente chileno, Gabriel Boric, dedicó al expresidente Sebastián Piñera en su funeral de Estado, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, defendió ayer las declaraciones del mandatario y recalcó que jamás ha desconocido ni negado lo que sucedió en Chile en materia de violación a los Derechos Humanos en el marco del estallido social.

“En distintas oportunidades ha manifestado lo importante que arroja como información y datos para hacernos cargo como Estado de que estas cosas no se vuelvan a repetir y que haya reparación a las víctimas”, añadió Vallejo desde Viña del Mar, en un punto de prensa tras visitar las zonas afectadas por los mortíferos incendios forestales.

Piñera, fallecido en un accidente de helicóptero en un lago en el sur de Chile, fue una figura controvertida en el país y uno de los puntos más oscuros de sus dos mandatos (2010-2014 y 2018-2022) fue la gestión del estallido social de 2019, que dejó una treintena de muertos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

“Durante su Gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, expresó Boric durante la ceremonia en su discurso, que despertó críticas en sectores de la coalición de Gobierno.

Vallejo insistió que, si bien en estas contingencias se sobreinterpreta o se sobrerreacciona, Boric llamó a actuar con unidad, independientemente de las diferencias políticas y las recriminaciones cruzadas.

Críticas del Partido Comunista

Entre quienes apuntaron con más fuerza a Boric por sus afirmaciones sobre las querellas y denuncias presentadas contra Piñera ante la Justicia, hubo varios parlamentarios del Partido Comunista, como la diputada Carmen Hertz, quien calificó esas palabras de negacionismo.

“Como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”, indicó la legisladora.

También la diputada comunista Daniela Serrano criticó que la posición del mandatario “no es representativa de todas las fuerzas que fuimos oposición en ese contexto” y calificó de deber justo y razonable la búsqueda de responsabilidades políticas e institucionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.