José Carlos Móvil

EFE | LA PATRIA | CIUDAD DE GUATEMALA

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró ayer que el país centroamericano vive en la actualidad un “golpe de Estado”, orquestado con el objetivo de evitar su investidura y la de su partido político el próximo 14 de enero.

En una rueda de prensa junto a su vicepresidenta, Karin Herrera, el mandatario electo acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del “golpe de Estado”.

Además, señaló al fiscal Rafael Curruchiche, a la Junta Directiva del Congreso, a un juez penal y a “otros actores corruptos” como los instigadores del “golpe de Estado”, al “intentar romper el orden constitucional y violentar la democracia”.

La denuncia de Arévalo de León llega en la misma semana en que la Junta Directiva del Congreso, del partido Vamos, del presidente, Alejandro Giammattei, suspendió a la bancada legislativa del Movimiento Semilla, que llevó al académico de 64 años a la presidencia.

Además, esta misma semana el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral canceló al partido de manera provisional, y en ambos casos fue por orden del juez penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía) que dirige Porras.

Las intenciones por cancelar al partido por parte del Ministerio Público se iniciaron el 12 de julio, después de que Arévalo sorpresivamente se colara a la segunda vuelta en las elecciones del 20 de junio, y han sido catalogadas como “ilegales” por diversos expertos y analistas, además del mismo excandidato.

Desde entonces, la Fiscalía ha allanado la sede del Movimiento Semilla y también el Tribunal Supremo Electoral, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 durante la fundación del partido.

Arévalo de León explicó ayer que “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”.

De acuerdo al actual diputado, dicho “golpe de Estado” se está “llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

El académico hizo un llamado a toda la población “a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular” para “derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”.

La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Precisamente al respecto, el legislador indicó que ve “una contradicción” en el proceso de transición, que según Giammattei, empezará el próximo 4 de septiembre.

“Por un lado vemos la formalidad protocolaria del presidente (Giammattei) y al mismo tiempo existe este plan consecutivo de golpe de Estado”, explicó Arévalo de León.

La OEA

La denuncia de Arévalo de León ayer coincidió con una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala.

La iniciativa, impulsada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la República Dominicana, fue aprobada por aclamación, es decir, con el aplauso de la mayoría de los embajadores que representan a los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece a la organización pero no participa desde 1962).

La resolución pide a Almagro, que viaje a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía).

El secretario de la OEA advirtió ayer en la reunión extraordinaria de la OEA que “cualquier otra opción” que no sea la investidura de Arévalo de León el próximo 14 de enero “será vista como un rompimiento constitucional”.