Presuntos pandilleros trasladados a la megacárcel inaugurada este año por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Se nombra oficialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y tiene una capacidad de 40 mil presos, más que cualquier otra prisión del continente americano.

Foto | Tomada de elfinanciero.com.mx | LA PATRIA

Presuntos pandilleros trasladados a la megacárcel inaugurada este año por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Se nombra oficialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y tiene una capacidad de 40 mil presos, más que cualquier otra prisión del continente americano.

LA PATRIA | MANIZALES

Secuestros, extorsiones, robos, narcotráfico, homicidios... muchos homicidios. Tantos que en el 2015, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes en El Salvador, el país menos extenso de América Latina, alcanzó una cúspide de 103 (esto, omitiendo las desapariciones), más alta que cualquier otro Estado del hemisferio occidental. Esta hecatombe era obra siniestra de las maras (ver el recuadro "¿Qué son las maras?" al final del artículo). Durante más de dos décadas, la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de la divida Mara Barrio 18 (además de otras bandas no tan hegemónicas) aterrorizaron a los salvadoreños, ante la ineficiencia de la respuesta estatal.

¿El fin justifica los medios?

Se hacía cada vez más evidente que El Salvador no podía salvarse a sí mismo, llevando a su población desesperada a confiar en una figura que veía como casi mesiánica y que prometía milagros: así llegó a la Presidencia en el 2019 Nayib Bukele. Desde entonces este exalcalde de San Salvador y de Nuevo Cuscatlán se ha dedicado a dar al César lo que es del César: a devolverle al Estado el monopolio legítimo del uso de la fuerza en su propio territorio con una ofensiva de privación de libertad sin piedad contra los sospechosos gángsters. Esta operación se ha ido desarrollando desde el 27 de marzo del año pasado, aprovechándose de la suspensión de libertades constitucionales permitida por el estado de excepción decretado por la Asamblea Legislativa (al principio por un periodo vigente de 30 días que ha sido prorrogado por ese mismo lapso 14 veces por los congresistas).

No obstante, este proceso se ha llevado a cabo con importantes costos en términos de derechos humanos: organizaciones y gobiernos externos denuncian arrestos así como encarcelamientos arbitrarios, carencias judiciales, condiciones de detención inhumanas (hacinamiento, humillaciones, abuso físico y psicológico, tortura) y muertes bajo custodia. Con más de 100 mil individuos entre rejas (el 2% de la población nacional adulta), entre los cuales 70 mil como producto de la actual guerra contra las maras, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. 

Sin embargo, por muy éticamente condenables que puedan ser los medios empleados, el fin sí se está cumpliendo: la tasa de homicidios del país se desplomó a 7,8 por 100 mil habitantes el año pasado, una de las más bajas del continente.

Las prioridades de los salvadoreños son cristalinas: a cambio de la garantía de seguridad, están dispuestos a hacer caso omiso de las violaciones de dignidad y de presunción de inocencia, así como de las advertencias sobre el creciente autoritarismo de Bukele. Resultados de una encuesta conducida por La Prensa Gráfica (un periódico conocido por su oposición al presidente) publicados el 13 de marzo muestran que el mandatario tiene la aprobación del 91% de sus ciudadanos, el grado de satisfacción hacia un político electo democráticamente más elevado de América Latina y de los más altos (si no es el más alto) del planeta.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele

Foto | Tomada de washingtonpost.com | LA PATRIA

Nayib Bukele en una alocución a la nación el 16 de septiembre del 2022.

Un modelo de exportación

Al nivel internacional las opiniones sobre la fórmula de mano dura de Bukele están lejos de ser unánimemente reprobatorias, pese a su miríada de transgresiones. En efecto, son numerosos los políticos en otros países que dirigen una mirada de admiración hacia El Salvador, esperando reproducir métodos draconianos similares en su propio país. Es el caso, por ejemplo, de la probable vencedora de las elecciones presidenciales guatemaltecas del próximo 25 de junio, la candidata de derecha Zury Ríos Sosa.

La ideología bukelista ha permeado inclusive instancias subnacionales, reflejándose en declaraciones y acciones del ministro de Seguridad de la provincia argentina de Buenos Aires y del alcalde de Lima, la capital peruana, entre otros: el primero afirmó que "no tiene dudas de que la solución [a la inseguridad] de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele", mientras que el segundo compartió su voluntad de implementar en su ciudad una estrategia como la de El Salvador, por lo que ha estado en contacto con el gobierno salvadoreño. Asimismo, dos burgomaestres de distritos limeños viajaron al país centroamericano en febrero para conocer más sobre sus tácticas de lucha contra los pandilleros.

La exportación de las pautas bukelistas no se limita a países hispanohablantes: el 26 de enero, la cuenta de Twitter oficial de la Vicepresidencia salvadoreña (@VCpresidenciaSV) informó que "El Salvador ayudará a Haití, instalando una oficina de cooperación en dicho país, con el objetivo de reducir los altos índices de criminalidad".

Pero sería una equivocación confinar tales propuestas a la mera ambición de personajes políticos: estos capitalizan sobre un cierto radicalismo presente en su zócalo de apoyos, el pueblo. Basta con mirar las cifras de opinión hacia la democracia proporcionadas por el Latinobarómetro en el 2021 para entender la fácil propagación de ideas opositoras al Estado de derecho en el continente: en 11 países latinoamericanos (entre los cuales está Colombia), menos de la mitad de los encuestados creía que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (ver gráfico abajo). En Colombia una encuesta de Datexco para W Radio revelaba el mes pasado que el 55% de los sondeados deseaba un presidente del temple de Bukele.

Gráfico | Tomado de cnnespanol.cnn.com | LA PATRIA

Explicaciones e implicaciones

La democracia plena, la aplicación justa e imparcial de las leyes y el respeto de los derechos fundamentales constituyen el arquetipo ideal de un Estado, al menos según se ha convenido en considerable parte de la literatura política y de los discursos de la cotidianidad. Sin embargo, el valor de este paradigma tiene límites a los ojos de la gente cuando las necesidades básicas de esta no están satisfechas.

Siguiendo la jerarquía de las necesidades humanas del psicólogo estadounidense Abraham Maslow (también conocida como la pirámide de Maslow), lo que más prima para los humanos aparte de las necesidades fisiológicas (respirar, hidratarse, comer, etc.) es la seguridad. Las necesidades de desarrollo personal y colectivo facilitadas por un marco democrático suelen ser menos priorizadas que aquellas que atañen a la integridad de los cuerpos cuando no todas estas necesidades están saciadas.

La jerarquía de las necesidades humanas del psicólogo Abraham Maslow

Gráfico | Tomado de wikipedia.org | LA PATRIA

La jerarquía de las necesidades humanas de Maslow. Dichas necesidades están clasificadas de las más primordiales (en la base) hasta las que lo son menos (en el ápice). Aunque no es un modelo libre de críticas, puede ayudar a entender las dinámicas del ser humano ante determinadas situaciones.

Lo óptimo siempre sería que el Estado lograra paliar todas las necesidades de sus ciudadanos, pero en América Latina la exigüidad a este nivel es palpable. Frente a un clima de angustia causado por una inseguridad extrema y la impotencia o inacción de las autoridades (como se vio en El Salvador), la gente tiende a buscar soluciones rápidas y tajantes, abriendo el camino al poder a populistas con programas radicales. Además, el hartazgo generalizado instiga en la población deseos punitivos hacia los responsables de su temor (los criminales), deseos impulsados por un afán de venganza más que de justicia. El razonamiento que prevale entonces es que los criminales no merecen que sus derechos sean respetados si ellos mismos desprecian los de la honesta ciudadanía.

Por todas estas razones muchos latinoamericanos consideran que el costo de combatir el crimen dentro de las disposiciones de la ley y de los derechos humanos es demasiado elevado, pues ello significa procesos más lentos y, por ende, una prolongación de la inseguridad en el tiempo, además de suponer una cierta misericordia hacia los maleantes que la opinión general ve como no apropriada a la gravedad de sus actos. Igualmente, cuando la ley es inconstantemente aplicada y que la impunidad reina, la legitimidad del aparato judicial convencional resulta socavada. Por consiguiente, son legión los latinoamericanos que están proclives a renunciar a ciertos principios democráticos o fundamentales si piensan que, en contrapartida, su seguridad será más prontamente garantizada. Estas personas perciben difícilmente las virtudes de la democracia y del Estado de derecho cuando estos elementos son deficientes y no les han podido asegurar el bienestar que pretenden conllevar.

El peligro de este razonamiento es que deja la vía libre a abusos, al castigo de inocentes y a la instauración de un régimen represivo y descontrolado, reemplazando unas condiciones de inseguridad con otras, además de reprimir la pluralidad ideológica y las libertades. Una vez el problema que llevó al recurso de medidas excepcionales esté relativamente resuelto, ¿qué asegura el regreso de los derechos y de los preceptos democráticos si no quedan mecanismos de frenos y contrapesos para mitigar el poder?

Por añadidura, las políticas populistas suelen ser insostenibles porque tienen como meta el contentamiento precipitado de las masas, omitiendo las consecuencias y la viabilidad a largo plazo. Como es el caso con el plan de Bukele, son en general muy costosas y no se centran en solventar los asuntos en la fuente, como si solo valiera curar, sin prevenir. El mejor remedio para que un pueblo no dé su aval a semejantes políticas es la presencia de un Estado de derecho funcional que complazca todos los escalones de necesidades de sus protegidos, lo que aún no está al alcance de gran parte de América Latina.

¿Qué son las maras?

Las maras son pandillas formadas inicialmente en California por inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Estas bandas luego fueron "exportadas" a las tierras de origen de sus integrantes en los años 90 cuando Estados Unidos deportó a decenas de miles de estos por delincuencia.

Datos sobre El Salvador

Bandera de la República de El Salvador

Nombre oficial: República de El Salvador

Ubicación: América Central

Capital y área metropolitana más poblada: San Salvador

Idioma oficial: español

Superficie: 21.041 km² (151.º en el mundo)

Población: 6.336.392 personas (2022, estimación) (110.º)

Índice de desarrollo humano (IDH): 0,675 (2021) (124.º)