María M. Mur

EFE | LA PATRIA | Santiago de Chile

Pese a ser contrario al cambio constitucional y superando los mejores pronósticos, el ultraderechista Partido Republicano arrasó el domingo en las elecciones constituyentes de Chile y marcará el rumbo en la redacción de una segunda propuesta de nueva Carta Magna.

“Tsunami ultraderechista”

Aupados por un discurso que apela directamente a la principal preocupación ciudadana hoy en día, el aumento de la violencia, los ultraderechistas se impusieron en la mayoría de las 16 regiones del país, incluso en feudos progresistas como Valparaíso.

El Partido Republicano, creado en el 2019 y defensor del modelo neoliberal instalado en la dictadura (1973-1990), consiguió el 35,2% de los votos y 22 de los 51 consejeros, lo que le da poder de veto en el órgano.

“Que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria”, dijo su líder, José Antonio Kast, quien perdió contra el presidente Gabriel Boric en el balotaje del 2021.

Claudia Heiss, de la Universidad de Chile, calificó el resultado de “tsunami republicano” y aseguró que Kast “sale muy fortalecido” de cara a las presidenciales del 2025.

“Siempre hemos querido lo mejor para Chile, por eso nunca quisimos un proceso constitucional”, subrayó Luis Silva, uno de sus consejeros más votados.

La derecha tradicional, integrada en la coalición Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional y Evópoli) sufrió la peor de sus pesadillas: el “sorpasso” de la ultraderecha, que ya ocurrió por primera vez en las últimas presidenciales.

Con el 21% de los votos y 11 consejeros, los conservadores tienen que elegir entre “juntarse con la extrema derecha más intransigente o ponerle una barrera y quedarse en el centro”, indicó Federica Sánchez, de la Universidad Alberto Hurtado.

Si deciden acercarse a los republicanos, ambas fuerzas superarán los tres quintos del consejo constitucional y podrán aprobar las normas sin necesidad de pactar con la izquierda, que dominó el proceso anterior y hoy está debilitada.

Boric pide “no cometer el mismo error”

Boric se implicó mucho en el pasado proceso e hizo campaña a favor de la primera propuesta constitucional, que finalmente fue rechazada en un plebiscito en septiembre.

Esta vez, apenas se ha inmiscuido en un intento por evitar que la votación se convirtiera en un referéndum sobre su gestión y que los partidos que le sustentan en el poder acusaran su baja aprobación.

Lo consiguió a medias: la lista oficialista (Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista) quedó en segundo lugar, con el 28,5% de los votos y 17 escaños, pero la lista de la centro-izquierda (con la que el Partido por la Democracia, que también forma parte del Gobierno, se descolgó para unirse a la Democracia Cristiana) no consiguió entrar en el consejo por su baja votación.

“El proceso anterior fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Invito al Partido Republicano a no cometer el mismo error que nosotros”, instó Boric en cadena nacional.

“Cuando el péndulo de la historia se mueve de un extremo a otro incesantemente, en tiempos cortos, siempre son las personas más vulnerables las que sufren el enfrentamiento entre las élites”, añadió.

El oficialismo se impuso en Atacama (norte) y Coquimbo (centro-norte) y retuvo su gran feudo: Santiago.

Para Kenneth Bunker, de la encuestadora Tresquintos, si el Gobierno “administra la derrota de manera correcta, puede sacar algo positivo de ella”: “El triunfo de Republicanos le va a permitir al Gobierno tener un blanco, un antagonista más directo que hoy en día”, agregó.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Los 50 consejeros elegidos tomarán posesión de sus escaños el 7 de junio y tendrán cinco meses para preparar la propuesta de nueva Constitución, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

Los consejeros, sin embargo, no contarán con carta blanca para redactar el texto a su antojo, sino que tendrán que servirse de un borrador que 24 expertos designados por el Parlamento llevan redactando desde marzo y que entregarán en un mes.

El texto, además, tiene que cumplir con 12 principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior, entre los que se encuentran la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derecho”, la indivisibilidad de la “nación chilena” o el sistema bicameral.