LA PATRIA | MANIZALES*

Historia 1:

Néstor Iván Mejía Hincapié compró un apartamento en el edificio Shalom III, sobre la Avenida Santander con calle 51. “Decidí entregar mi apartaestudio donde vivía en Manizales, como parte de pago por un apartamento en un edificio que estaban construyendo, denominado Shalom III”. Además entregó su carro y los ahorros que tenía para completar el valor del apartamento con un crédito de libre inversión. El hecho de que el edificio ya estuviera habitado y con licencia aprobada, le generó confianza.

“Consulté varios profesionales expertos en la materia, incluyendo una especialista en estructuras sismorresistentes, ¡no detectaron ninguna irregularidad!”. Sin embargo, una amiga le advirtió sobre la desconfianza que le generaba el constructor: “Se dice que este señor deja las cosas inconclusas”, le dijo a Néstor. De todas formas, él accedió al negocio.

En mayo del 2019 le entregaron el apartamento, faltando algunos detalles que él mismo terminó. “Empecé a detectar irregularidades como iliquidez del constructor por atraso en los pagos de algunos compradores -la mayoría tenía promesa de compraventa-, las objeciones de los funcionarios de la Alcaldía a la construcción del ascensor, el edificiono tenía el certificado de habitabilidad y, aún así, ya había seis familias viviendo y un local funcionado. En la notaría me expidieron la escritura sin certificado de habitabilidad y sin reglamento de propiedad horizontal”, contó Néstor.

Se enteró de que el constructor no era ingeniero, contrataba profesionales para ejecutar la obra, y construía con aportes de un inversionista que nunca dio la cara. Considera que los profesionales encargados de la Alcaldía no llevaron suficiente control sobre la construcción de la obra. Solo una queja anónima los hizo reaccionar.

“Interpuse una denuncia ante las autoridades. Desafortunadamente en este país la justicia es muy lenta y con la pandemia se complicó más. La respuesta del propietario fue: no soy propietario de nada y no tengo un peso”, indicó Néstor, quien alcanzó a habitar el apartamento dos meses antes de la orden de evacuación. “Me quedé sin apartaestudio, sin carro, sin ahorros, con una deuda en el banco que había que pagar sí o sí y sin un lugar donde acoger a mis padres… ¡y nadie respondió !”, concluyó.

Historia 2:

Moisés Osorio y Nohelia Llanos compraron, sobre planos, un apartamento en el mismo edificio Shalom. Vendieron el que tenían en el barrio Chipre, donde vivían, y entregaron los ahorros de toda la vida. Las escrituras las firmó el dueño del lote e inversionista, Antonio Gómez, quien les recibió el dinero en notaria. “Empezamos a tener dificultades. Los proveedores del ascensor se llevaron la tarjeta de funcionamiento por la falta de pago, problemas con los obreros por el mismo motivo, inconvenientes con el foso del ascensor, fallas en el funcionamiento de la puerta principal y corte de los servicios por falta de pago del constructor". Para ese momento, de los 14 apartamentos estaban vendidos más o menos 10.

"Alcanzamos a vivir allí un año, hasta que abruptamente la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) llegó pidiéndonos desocupar inmediatamente por el peligro de desplome del edificio”, explicaron. De las demandas interpuestas contra la Alcaldía de Manizales de esa época (siendo alcalde José Octavio Cardona), por inconsistencias en la expedición de los documentos o por las fallas en la revisión y control, nunca han tenido respuestas.

Qué dice Gobierno

El abogado Hernando Peláez Alarcón, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno Municipal, hizo una precisión a efectos de una posible responsabilidad. “El notario que otorgó la escritura pública de compraventa o de transferencia de los apartamentos del edificio Shalom III, y el Registrador de Instrumentos Públicos, al parecer faltaron a la normatividad vigente; razón por la cual cursa una demanda en un juzgado de la ciudad donde nos reconocemos como uno de los demandados, pero igualmente lo son la Notaria Primera y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos por otorgar y registrar los documentos sin que la Administración Municipal, en este caso la Secretaría de Gobierno como directa responsable del control urbanístico a través del Grupo de Vigilancia y Control y de los inspectores de policía, hubiera otorgado el permiso de ocupación”.

Peláez enfatizó: “Nunca se expidió permiso de ocupación. Nunca se solicitó. Si el constructor lo hubiera hecho, como era su deber, obviamente no se le habría expedido por que no se ajustaba a las normas vigentes, que fue como precisamente se desarrolló la decisión que ordenó la demolición del edificio”.

* Arquitecto.

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Los demás demandados

A través de Whatsapp, por encontrarse fuera del país, el abogado José Riquelme Triana aclaró que no era el titular de la Notaría Primera y que cuando no estaba el titular fungía como notario encargado y en esa condición protocolizó muchas escrituras, pero no recuerda detalles de ellas.

Herman Zuluaga Serna, registrador de Instrumentos Públicos de Manizales, señaló que en el caso de edificio Shalom III, la personería jurídica de esa oficina la ejerce la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo tanto, es esta instancia, a través de su representante legal o su apoderado, el que se debe pronunciar sobre las pretensiones de demandantes. "Como registrador de Manizales no soy parte en este proceso".

La demanda

Los abogados Juan Carlos Marín Quiceno y Juan Guillermo Ocampo González, apoderados de Néstor Iván Mejía Hincapié, demandaron al Municipio; al superintendente de Notariado y Registro; al abogado Herman Zuluaga Serna (quien registró la escritura); al notario primero encargado José Riquelme Triana Lezama (quien protocolizó la escritura), y al arquitecto encargado de la construcción del Shalom III.

“La demanda consiste en una acción de reparación directa enfocada al constructor, quien igual que el abogado Triana y el arquitecto residente de obra son personas naturales no solventes, por lo que consideran que las entidades con mayor solvencia económica para responder serían la Superintendencia de Notariado y Registro y el Municipio, obligadas a supervisar el registro de las escrituras y la ejecución de la obra, labor que la ley les otorga al alcalde y al notario para que sirvan de garantes de la comunidad. Ya fueron notificados todos y contestaron las demandas", señaló Marín.

Para los abogados demandantes "fallaron las dos instituciones, pero la falla más protuberante y determinante de todo fue la de Alcaldía de Manizales a la que le correspondía llevar el control estricto de la obra".