LA PATRIA | MANIZALES

Ante el material de prueba obtenido en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales, solicitó audiencia de imputación en contra del caldense Óscar Iván Zuluaga Escobar, excandidato presidencial; su hijo, David Zuluaga Martínez; y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen con el fin de esclarecer la red de corrupción que promovió la constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros escenarios de la vida nacional.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.

Dentro de este proceso, también archivó una investigación en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. "Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. De igual manera descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.

Los hechos

1. En el 2014 el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña.

2. Entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.

3. Con ello se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.

4. Las evidencias dan cuenta de que Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de $25 mil millones, como en efecto ocurrió.

5. La Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecth. Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular.

Otra vinculada

La exministra Cecilia Elvira Álvarez-Correa Glen también será llamada a imputación de cargos por la Fiscalía por un presunto favorecimiento para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol cuando fue ministra de Transporte entre septiembre del 2012 y agosto del 2014. Según la Fiscalía, en ese tiempo avaló la celebración de los otrosíes (3 y 6) al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander)-Gamarra (Cesar).

"Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña-Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública", indica el ente acusador.

Asimismo, la Fiscalía determinó que la exministra para subsanar estas irregularidades convocó un Conpes para declarar importancia estratégica la autopista Ruta del Sol y modificar el plan de inversión. Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria Ruta del Sol y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

Según la investigación, "es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa – Glen participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja. Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos".