LA PATRIA | MANIZALES

Un llamado hizo el personero de Manizales, Fernando Arcila Castellanos, sobre la necesidad de reubicar a los trabajadores del Lavautos Minitas, ubicado a la entrada del barrio La Toscana, con el fin de garantizar su derecho al trabajo.

La petición la planteó, luego de la orden judicial de restitución del inmueble que salió a favor de la Alcaldía, conforme al fallo de segunda instancia que profirió el Tribunal Administrativo de Caldas para proceder al desalojo del predio.

El reclamo del Municipio se centró en que el lote había sido entregado en comodato por la Administración municipal el 19 de noviembre de 1998 a la Asociación de Usuarios del Servicio Público de Transporte por un periodo de cinco años. Sin embargo, una vez se terminó este plazo, el 19 de noviembre del 2003 el inmueble nunca se devolvió y comenzó un proceso legal que culminó esta semana.

Pese a ello, la orden de desalojo se suspendió, luego de una acción de tutela que presentó la Asociación de Lavaderos Reubicados (Asolavare), ante la posible afectación de unos 25 lavadores en su derecho fundamental a la dignidad humana, al trabajo y a la confianza legítima, entre otros. Allí se cuentan adultos mayores, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar y población vulnerable.

Por esta razón el Juzgado Séptimo Civil Municipal decretó medida cautelar ordenando a la Inspección Quinta Urbana de Policía y a la Alcaldía suspender dicho desalojo.

La afectación

El problema es que pese a esa suspensión de desalojo que recibieron el miércoles, los lavadores siguen sin poder trabajar y las puertas a este lote continúan cerradas.

Yonathan Díaz, representante de los lavadores, lamentó esta decisión de cierre desde el pasado martes, aunque ya hay una orden judicial para continuar, así sea temporalmente.

Díaz aseguró que si bien el Municipio puede tener el derecho de reclamar el predio, el proceso se adelanta contra la Asociación de Usuarios del Servicio Público de Transporte, entidad que no opera en este lugar y que fue la que les arrendó. “Nosotros no sabíamos nada de ese problema legal, por eso no debieron comunicar con tiempo, pues nosotros somos un grupo de trabajadores informales que pagamos alquiler y que lo único que queremos es trabajar dignamente”, dijo.

Se permitió por 20 años

De acuerdo con la Personería, aunque son respetuosos de las decisiones judiciales y el municipio actuó conforme a la Ley,  el llamado es a proteger los derechos de los lavadores, basados en el principio de confianza legítima, luego de 20 años de estar en esta actividad. “Esa confianza legítima se da porque la administración con acciones positivas e incluso negativas permitió el desarrollo de dicha actividad”, sostuvo.

De allí la petición de reubicarlos o mantenerlos en el mismo lugar, pero con nuevas condiciones, según lasopciones jurídicas. Hoy el proceso avanza, pues después de la suspensión, el juez tiene 10 días para definir qué hacer. Por ahora, los lavadores siguen afuera, esperando que los dejen trabajar.

A esperar un concepto en firme

Hernando Peláez, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana, explicó que la decisión del Juzgado Séptimo Civil de suspender el desalojo fue tardía, ya que la Inspección Quinta ya había practicado el desalojo el martes, por lo que ahora esperan que emita un concepto en firme para acatar la decisión. Con respecto al llamado de la Personería de garantizar el derecho al trabajo y considerar la opción de reubicarlos, sostuvo que es un tema que se le sale de las manos y que será el Municipio el que deberá tomar alguna decisión.