Un helicóptero del Ejército en el que viajaba una comisión conformada por 20 personas de la Fiscalía y la Procuraduría que investiga la intimidación a campesinos e indígenas de una aldea del norte de Colombia por militares armados y disfrazados de disidentes de las Farc, fue atacado desde tierra, informaron este miércoles fuentes castrenses.

La Séptima División del Ejército señaló en redes sociales que la "comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector".

La información añadió que por este ataque el piloto de la aeronave cambió su destino y se dirigió hasta el Cantón Militar de Carepa (Antioquia), "para garantizar la seguridad de la tripulación y los pasajeros".

Hasta el momento ninguna autoridad informó de heridos tras el ataque. Sin embargo, medios locales indicaron que al menos un disparo alcanzó el tanque de gasolina de la aeronave.

Abren investigación por intimidación a civiles

El Ejército indicó este miércoles que abrió una investigación disciplinaria contra militares que, armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, intimidaron a los habitantes del caserío, una situación que fue rechazada desde varios sectores del país.

Al respecto, el Gobierno calificó de "suma gravedad" lo sucedido el domingo pasado cuando, según se ve en videos publicados en redes sociales, los hombres, que se cubrían el rostro con capuchas, intimidan a la comunidad de Bocas de Manso, tras lo cual "se ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes de este sector", detalló el Ejército en un comunicado.

"De la misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la indagación disciplinaria correspondiente", agregó el Ejército, que añadió que "rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional".

En los videos se ve a la comunidad -en la que hay personas incluso con niños de brazos- discutiendo con los hombres armados y pidiéndoles que se identifiquen, cosa que los militares no hicieron.

En ese sentido, el Ejército detalló que "una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 'Batalla de Junín', de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional".

El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, aseguró que en la zona donde ocurrieron los hechos solo opera el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

"La supuesta presencia de disidencias es poco probable, a no ser que exista un pacto con el Clan, lo cual es poco probable. La otra opción es una suplantación lo cual sería terrible", escribió Ávila en sus redes sociales.

Por su lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en redes sociales que "volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública".

"Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos", agregó.

Sin garantías

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo este miércoles que el Ejército no da garantías de seguridad tras el ataque a un helicóptero en el que iba una comisión de la entidad y de la Procuraduría a investigar las intimidaciones de militares armados y disfrazados de disidentes de las FARC a civiles de un caserío del norte del país.

"No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército no le da garantías de seguridad a la justicia, a la Fiscalía", dijo el jefe del ente acusador en una rueda de prensa en Bogotá.

El fiscal Barbosa dijo, además, que junto a la procuradora Margarita Cabello Blanco, enviarán una carta al presidente colombiano, Gustavo Petro, en la que expresarán la preocupación que los embarga porque los servidores de ambas entidades "no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones en el territorio nacional".

Por su lado, la procuradora Cabello dijo a periodistas que a raíz del atentado al helicóptero le pidió al Ejército garantías para avanzar en las investigaciones de lo ocurrido en Córdoba.

"Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general (Mauricio) Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando", indicó Cabello.

🚨#ATENCIÓN Procuradora #MargaritaCabello exige garantías de seguridad, luego de que comisión de la @PGN_COL, que investigará hechos ocurridos en 📍Tierralta, Córdoba, fuera víctima de atentado. #EsNoticia https://t.co/41oQSbTfOe pic.twitter.com/j1Q4fV58ux

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 14, 2023

Barbosa pidió que fueran interrogados 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón 83 de Infantería de la Brigada 11 en el marco de esta investigación.